El Hospital de Torrejón de Ardoz ha provocado gran revuelo esta semana. Centro sanitario de titularidad pública (Comunidad de Madrid) aunque gestionado a través de un concierto por la empresa Ribera Salud, ha copado numerosos titulares por las palabras que han salido a la luz del CEO de esta compañía, en las cuales, tal y como desveló El País, daba la orden de retrasar las listas de espera con el fin de obtener beneficios económicos y aumentarlo entre cuatro y cinco millones de euros.
La noticia ha provocado un intenso debate sobre este modelo de gestión sanitaria, practicado en diferentes puntos del país, en el que existe una relación entre las instituciones públicas y las empresas privadas. Estas líneas de colaboración son habituales en la administración desde hace años; no obstante, ha despertado enorme preocupación que en aspectos tan delicados como la salud, que se tornan decisivos para la vida de muchas personas, se puedan producir situaciones como esta.
El abogado Javier Flores fue la primera persona que presentó una denuncia ante la Fiscalía ante este hecho. La polémicas generadas en este Hospital han provocado un intenso debate por el que ElPlural.com ha querido conversar con este letrado, para conocer por qué tomó la decisión de interponer esta denuncia, cómo cree que avanzará el caso y qué peligros para la sociedad ha detectado aquí.
P: Planteó la primera denuncia presentada ante la Fiscalía sobre este caso. ¿Qué le impulsó a hacerlo? ¿Qué delitos podrían haberse cometido?
R: Lo primero a apuntar aquí es que yo no he venido juzgar a nadie, he presentado la denuncia para activar los mecanismos legales que examinen estos hechos. Hay dinero público de por medio y esto debe ser analizado. Entonces, a partir de aquí, creo que la Fiscalía, muy probablemente, lo primero que va a hacer es esclarecer qué ha pasado, precisamente, con el dinero público.
Ahí aflora la posibilidad de que haya una prevaricación o una malversación de fondos públicos. Además, tenemos en cuenta que aunque haya una concesionaria, que es una empresa particular, en este caso Ribera Salud, no deja de estar ejerciendo funciones públicas y además de un servicio tan importante y tan delicado como es la salud.
Hay dinero público de por medio y esto debe ser analizado
P: El Hospital de Torrejón de Ardoz es de titularidad pública aunque lo gestione una empresa privada. Existe un concierto por el que la Comunidad de Madrid abona unos servicios a Ribera Salud. ¿Podría haber algún tipo de responsabilidad, incluso penal, para la Comunidad de Madrid ante este hecho?
R: La función de la Comunidad de Madrid es supervisar la correcta prestación del servicio público, el correcto cumplimiento del contrato y el correcto destino de los fondos públicos. Lo vuelvo a recalcar, la pregunta fundamental aquí es si la Comunidad de Madrid tuvo posibilidad de conocer o conocía estas prácticas.
En los últimos días ha aparecido en la prensa que, al parecer, hace meses ya había trabajadores que habían denunciado estas prácticas. Por ello, cabría la posibilidad de preguntarse si la Comunidad de Madrid, aunque, quizás, no siendo consciente, dispuso todo de modo que se dieron las condiciones para que esto pasara. Es decir, ahí puede aflorar una responsabilidad también por una dejación de funciones en la correcta inspección o incluso, que sería lo más grave, por mirar hacia otro lado, conociendo lo que está pasando.
Si los hechos se investigan, y si llegaran a confirmarse, podríamos estar hablando de esa prevaricación administrativa. No solo eso, sino también, por supuesto, la puesta en riesgo de mucha población, riesgos para la salud pública, lesiones imprudentes y, como no, las consecuencias que hayan sufrido quienes alertaron internamente de esto
En cuanto a la puesta en riesgo, me parece fundamental porque, fíjate que son precisamente las personas más vulnerables, personas mayores o personas con patologías crónicas, para quienes una espera en una prueba médica, en un diagnóstico. Una sola atención puede ser determinante y, a veces, marcar la diferencia entre la curación, un enfermamiento o incluso una cuestión vital. Es verdad que hoy por hoy no tenemos documentados, porque es pronto, casos concretos que se hayan visto afectados directamente por esta situación, pero si se dieron órdenes que pudieron perjudicar a los pacientes, esto no es un problema administrativo, es algo que podría eventualmente llegar a ser delito y es lo que la Fiscalía tiene que aclarar con rigor y con independencia.
Digo con rigor y con independencia porque se ha hablado de una auditoría interna de la propia empresa... Hombre, estaría bueno poner en manos de quien está haciendo estas prácticas el autocontrol, cuando han demostrado que son incapaces no sólo de cumplir el concierto sanitario, sino que además lo han hecho con un conflicto de intereses contrapuestos y con un interés económico que han convertido el sistema salud en un sistema contable. No puede haber beneficio para unos pocos a costa de los demás.
P: ¿Cómo cree que actuará la Fiscalía a partir de aquí?
R: La Fiscalía de Madrid tiene la obligación de actuar de oficio en el momento en que hay una cuestión de tanto alcance y que, además, ha causado alarma social. Lo que he hecho con esta denuncia es activar estos mecanismos y obligar a que lo examinen. Luego la Fiscalía entiendo que practicará algunas diligencias de investigación, requerirá a la Comunidad de Madrid la documentación y, a partir de ahí, determinarán si hay motivo o no para llevar este caso al ámbito penal.
P: Hay un caso reciente, y polémico, en Madrid sobre conflictos de intereses económicos en el ámbito sanitario y lo que hizo la Fiscalía con el caso...
R: Aquí pasa una cosa muy importante que estaba presente en muchas conversaciones desde hace tiempo. Tenemos el precedente de lo que pasó con las residencias en pandemia, precisamente un caso relacionado con ese conflicto de interés económico o sobre esa instrumentalización económica de la sanidad pública. En aquel momento más, recuerdo cuando seguí el tema, que uno de los asuntos que se abordaban es sí había plazas, pero eran plazas en la privada, y si no estabas en la privada no te atendían en esos traslados que había desde las residencias.
Aquí, a partir de este audio, toma cuerpo, toma forma, esa sospecha, y al escucharlo tan crudamente, se reabre ese debate sobre el modelo de sanidad que hay en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades como Valencia o Galicia, sobre todo. Entonces, creo que sí que se reabre el debate y se pone en cuestión el propio modelo y esos incentivos tan perversos que tiene que confrontan intereses económicos con el cuidado de la salud en el servicio público.
Es decir, que alguien intencionadamente incremente listas de espera para facturar más... No sé, es tan aberrante, o sea, lo mires por donde lo mires, esto necesita un examen a fondo. Es verdad que esta denuncia va dirigida estrictamente a lo que hemos conocido sobre este hospital, pero coincido totalmente con la ministra cuando apunta a que hay que revisar todos los conciertos y todo el modelo. Algo está pasando. Si se dan las condiciones para que esto suceda y que apunte a que la administración no solo no ha actuado, sino que parece que lo ha consentido.
Es decir, que alguien intencionadamente incremente listas de espera para facturar más... No sé, es tan aberrante, lo mires por donde lo mires, esto necesita un examen a fondo
P: ¿Cómo espera que se desarrolle este proceso que ha iniciado? ¿Qué cree que está por venir?
R: Ahora, lo que nosotros hemos hecho ha sido simplemente recopilar toda la información, traducirlo en lenguaje jurídico y ponerlo en conocimiento de la Fiscalía para activar los mecanismos que tiene el Estado, en este caso la Fiscalía, para examinar de forma independiente lo que está sucediendo. No afirmo que haya delito, apunto hacia donde tenemos indicios de que haya posibles conductas delictivas.
La Fiscalía tiene ahora todos los medios y la posibilidad de abrir una investigación, requerir documentación, requerir informes... Los medios de comunicación y otras entidades llevan tiempo pidiendo, por transparencia, datos de facturación o las listas de espera, por ejemplo, y no las proporcionan, hay mucha opacidad.
La Fiscalía sí que tiene la posibilidad de obtener toda la documentación necesaria para examinarlo. Lo que ahora va a pasar es que la Fiscalía, previsiblemente, abrirá una investigación, investigación que no es política, la Fiscalía hará las diligencias que considere, requerirá posiblemente al área de Salud y a la Administración, y finalmente tomará una decisión, que será o archivar, si considera que no hay ningún índice de que esto sea penal, o judicializarlo, y sería la propia Fiscalía la que activaría y presentaría una querella por los delitos ante lo que considerare que hay indicios suficientes contra quienes aparecieran como posibles o presuntos responsables, tanto en Ribera Salud, como, eventualmente, en la Administración, si pudo conocer o conocía que esto estaba sucediendo.
No afirmo que haya delito, apunto hacia donde tenemos indicios de que haya posibles conductas delictivas... La Fiscalía tiene ahora todos los medios y la posibilidad de abrir una investigación