El vídeo difundido por el periodista Javier Ruiz bajo el título “Rubén Sánchez vs Vito Quiles: EL INTERROGATORIO” no es solo un resumen judicial: es un retrato crudo de cómo determinadas prácticas comunicativas han acabado sentándose ante un juez. En el centro, Vito Quiles, frente a la denuncia interpuesta por Rubén Sánchez. La escena que ha marcado el tono llega pronto. La jueza ha recordado a Quiles un mensaje enviado en pleno verano, cuando se quejaba de haber tenido que interrumpir sus vacaciones “por culpa de Facua”. Él se ríe. La magistrada, entonces, ha cortado en seco: “¿Le parece divertido?”. No es solo una reprimenda. Es la constatación de una distancia evidente entre la gravedad de los hechos investigados y la actitud del acusado.
A lo largo del interrogatorio, esa tensión se mantiene. La jueza ha insistido en algo fundamental: Quiles no hablaba en privado, no contrastaba información, no pedía explicaciones. Publicaba. Y lo hacía dando por válidas acusaciones extremadamente graves. “Usted lo da por verdadero y lo comenta en público”, le ha reprochado. Él responde que no afirmaba, que “hacía preguntas”. Pero el contenido de esas “preguntas” dibuja otra realidad.
Durante meses, Quiles difundió mensajes en los que vinculaba a Sánchez con delitos como pederastia, proxenetismo, estafa, extorsión o amenazas de muerte. En uno de los vídeos analizados, llega a advertirle: “Estás muy involucrado en una red mafiosa” y “vas a tener que sentarte en el banquillo”. En otro, lanza insinuaciones sobre supuestas “tramas de menores abusadas” o sobre prácticas nocturnas sin aportar ningún tipo de prueba.
Uno de los momentos más duros del vídeo llega cuando la jueza le ha recordado que ha llegado a sembrar el rumor de que Sánchez era un pederasta. Quiles sonríe. No hay documentación, no hay evidencia. Solo insinuación. “¿Entonces por qué insinúa usted?”, le ha preguntado la magistrada en otro momento, tras analizar un mensaje en el que sugería comportamientos sospechosos con menores a partir de un supuesto altercado. La respuesta del acusado es difusa: habla de “fuentes”, de “intuiciones”, pero acaba reconociendo que no puede concretar ningún delito.
Ese episodio concreto ha resultado especialmente revelador. Quiles difundió que Sánchez había sido agredido por un padre a las puertas de un colegio tras acercarse a unas niñas. En sede judicial, ese relato se desmorona: no consta tal agresión, no ocurrió en ese contexto y las menores a las que aludía ni siquiera estaban en esa situación. Aun así, el mensaje ya había circulado. El daño, potencialmente, ya estaba hecho.
El vídeo también ha recogido otra línea argumental de Quiles: la existencia de “sicarios” organizados para silenciarle y el anuncio constante de revelaciones inminentes. “Vamos a contarlo todo”, repetía en sus mensajes, en los que mezclaba acusaciones de corrupción, tramas económicas y delitos graves sin respaldo documental. Todo ello, amplificado en redes sociales y canales públicos.
Según ha explicado Javier Ruiz, la magistrada instructora ha procesado a Quiles al considerar que el conjunto de sus publicaciones “es intolerable”, está fuera del amparo de la libertad de expresión y reviste carácter de injurias y calumnias. La investigación ha analizado al menos 16 tuits, 25 mensajes de Telegram y varios programas audiovisuales. Cuatro años de instrucción, marcados además por la dificultad para localizar al acusado.
La propia evolución del proceso también ha reflejado la estrategia de defensa. Quiles se acogió inicialmente a su derecho a no declarar. Más tarde decidió hacerlo, aunque sin aportar pruebas que respaldaran sus acusaciones. En paralelo, su entorno jurídico llegó a plantear la idea de un supuesto “derecho a inventar”, una afirmación que ha generado una fuerte polémica y que choca frontalmente con los límites legales de la libertad de expresión.
La pregunta de la jueza - “¿Le parece divertido?” - resume el fondo del asunto. No es solo una cuestión de tono o de formas. Es el choque entre la lógica del espectáculo y la exigencia de responsabilidad. Entre la viralidad y la verdad. Y, sobre todo, entre la impunidad percibida y las consecuencias reales de difundir acusaciones sin fundamento.