La investigación judicial sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta incorpora ahora una pieza documental especialmente relevante. La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha decidido incorporar a la causa los 40 informes, alertas y comunicaciones desclasificados por el Gobierno sobre la crisis migratoria que vivió la ciudad autónoma a finales de julio. La jueza ha reclamado, además, al Ministerio de la Presidencia una copia autenticada de toda esta documentación para que forme parte formalmente del procedimiento.
Los documentos, publicados este miércoles en la página web de La Moncloa, recogen información elaborada entre el 1 y el 31 de julio por organismos como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS). El Ejecutivo sostiene que se trata de la documentación disponible sobre la situación de Ceuta durante ese periodo y que su publicación permite reconstruir qué información manejaban las distintas instituciones antes y durante la crisis.
La incorporación de estos documentos cobra especial importancia porque una de las cuestiones que Tardón ya había situado en el centro de sus pesquisas era precisamente la gestión de las advertencias previas. La magistrada había solicitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad información sobre las comunicaciones y análisis disponibles antes de la llegada masiva, con el objetivo de determinar qué se conocía y qué respuesta se dio a esos avisos.
Y los documentos desclasificados muestran que sí existieron advertencias previas. Entre ellas figura una comunicación del CNI del 29 de julio dirigida a la Delegación del Gobierno en Ceuta en la que se alertaba de un llamamiento en redes sociales para realizar un "asalto por valla y mar" al día siguiente. El servicio de inteligencia también trasladó información a las autoridades marroquíes sobre movilizaciones que se estaban organizando en redes sociales.
La documentación no permite concluir, sin embargo, que las autoridades españolas conocieran de antemano la dimensión que finalmente alcanzaría la entrada. Los informes reflejan un incremento progresivo de la presión migratoria y distintos avisos sobre posibles intentos de entrada, pero las propias fuentes de inteligencia apuntan a que no se llegó a anticipar la magnitud de la operación. La entrada masiva de los días 30 y 31 de julio terminó con más de 70.000 personas llegando a Ceuta y provocó una situación de emergencia en la ciudad.
Otro de los elementos que deberá analizar la investigación es el papel desempeñado por Marruecos. Un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional ya había señalado la posible participación de fuerzas de seguridad marroquíes en los acontecimientos. El Gobierno, por su parte, ha insistido en que no existen pruebas que permitan afirmar que Marruecos orquestó la entrada. Los documentos ahora desclasificados sí reflejan una actuación considerada pasiva por parte de las fuerzas marroquíes durante la crisis, aunque este extremo deberá ser valorado en el marco de la investigación judicial.
Con la incorporación de los 40 documentos, Tardón dispone ahora de una nueva fuente de información para reconstruir la cadena de avisos y decisiones que precedió a la avalancha. La investigación deberá determinar, entre otras cuestiones, si las alertas llegaron a los organismos adecuados, qué medidas se adoptaron después de recibirlas y si existieron fallos en la valoración de una amenaza que finalmente adquirió una dimensión extraordinaria.
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