La huelga general que pretende movilizar a toda España para protestar contra los abusos del mercado inmobiliario sigue dando pasos. La protesta que, según se ha marcado, se celebrará el próximo 11 de noviembre, supone elevar todavía más el volumen de las voces críticas contra la crisis de vivienda que sufre España y culminar, de esta manera, el movimiento social que surgió tras el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue expulsada de su hogar tras haber pagado de manera continuada e ininterrumpida su alquiler, y propició una movilización que se ha extendido por todo el país y que ha hallado su núcleo en la acampada que, desde hace semanas, está establecida en la Puerta del Sol de Madrid.
La huelga general, sobre la cual la patronal de empresarios liderada por Antonio Garamendi ha expresado un rechazo absoluto al entender que no posee una naturaleza laboral, ha sido registrada de manera oficial este lunes ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Tal y como anunciaran ya los sindicatos convocantes, esta movilización masiva que se convoca en todo el país sí que encuentra motivos en los puestos de trabajo por los que impulsarse, ya que, además del crecimiento desmesurado de los precios de la vivienda, los salarios siguen avanzando muy lentamente y con un pesado lastre que impide a buena parte de los españoles afrontar su alquiler sin tener que contar cada céntimo o que vuelve una misión casi imposible encontrar un hogar a un precio que sea verdaderamente asumible.
El registro de la protesta ante el Ministerio ha contado con la participación de los máximos representantes de las organizaciones implicadas, entre ellos Unai Sordo, secretario general de CCOO; Pepe Álvarez, secretario general de UGT; Miguel Fadrique, secretario general de CGT; y Nieves Román, secretaria general de CNT. También han estado presentes Juanjo Artero, secretario general de Unión de Actores y Actrices; Andrea Zayas, portavoz de Intersindical y miembro de la dirección estatal de Co.Bas; y Valeria Racu, portavoz de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas.
Valeria Racu reivindica una huelga "de la gente" y llama a organizarla desde abajo
Valeria Racu, portavoz de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, ha defendido que la huelga general del 11 de noviembre trasciende a las organizaciones sindicales que la han registrado y debe convertirse en una movilización popular. "Esta huelga no es de ningún sindicato", ha subrayado, para recalcar que la protesta pertenece a quienes sostienen el país con su trabajo y ya no quieren que una minoría se lucre a costa de su esfuerzo, su salud y su tiempo.
Racu ha insistido en que la convocatoria no empieza el día de su celebración, sino que requiere desde ahora la implicación ciudadana para organizarse en barrios y centros de trabajo. En este sentido, ha presentado TOCA, una herramienta digital accesible desde huelgaporlavivienda.org, que reunirá información sobre asambleas, reuniones, piquetes informativos y comités de organización. La plataforma también ofrece materiales para difundir las reivindicaciones y recursos sobre movilizaciones anteriores. "El 11 de noviembre lo vamos a parar todo", ha afirmado, reivindicando la organización colectiva como vía para conquistar el derecho a la vivienda.
Una web para organizar la huelga desde los barrios y los centros de trabajo
Coincidiendo con el registro oficial, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha puesto en marcha huelgaporlavivienda.org, una plataforma que centralizará la información sobre las convocatorias, los encuentros y las movilizaciones previstas para preparar el 11 de noviembre. La herramienta también ofrecerá información sobre cómo participar y organizarse, con la intención de facilitar la implicación de personas sin experiencia sindical previa.
Entre las principales reivindicaciones figuran la reducción del 50% de los alquileres, la prohibición de los desahucios, la creación de un millón de viviendas públicas de alquiler y la eliminación de los pisos turísticos. Los convocantes también reclaman limitar la compra especulativa de vivienda, impulsar contratos de alquiler indefinidos y expropiar inmuebles en manos de fondos de inversión y entidades bancarias.
La plataforma reivindicativa va más allá del mercado inmobiliario. Las organizaciones exigen subidas salariales y de las pensiones para recuperar poder adquisitivo, una reducción de la jornada laboral sin merma salarial y el refuerzo de los servicios públicos. También defienden medidas contra los abusos hipotecarios y reclaman que los precios de los bienes y servicios básicos dejen de erosionar las economías familiares.
Con estas demandas, los promotores buscan vincular el coste de la vivienda con la pérdida de capacidad adquisitiva y las dificultades para llegar a fin de mes. La convocatoria aspira así a reunir en una misma jornada al sindicalismo laboral y al movimiento de inquilinos, con la intención de convertir las reivindicaciones sobre vivienda, salarios y servicios públicos en el eje de una movilización estatal.
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