El Hospital de Torrejón de Ardoz, centro sanitario de titularidad pública pero que gestiona el grupo privado Ribera Salud mediante la financiación de la Comunidad de Madrid, viene siendo en los últimos días foco de atención y críticas por las palabras que han salido a la luz del CEO de esta compañía, en las cuales, tal y como desveló El País, daba la orden de retrasar las listas de espera con el fin de obtener beneficios económicos y aumentarlo entre cuatro y cinco millones de euros.
La noticia ha provocado un intenso debate sobre este modelo de gestión sanitaria, practicado en diferentes puntos del país, en el que existe una relación entre las instituciones públicas y las empresas privadas. Estas líneas de colaboración son habituales en la administración desde hace años; no obstante, ha despertado enorme preocupación que en aspectos tan delicados como la salud, que se tornan decisivos para la vida de muchas personas, se puedan producir situaciones como esta. En este sentido, han surgido grandes críticas sobre que en este ámbito se apliquen modelos de negocio enfocados a maximizar los beneficios, pues en las estrategias de reducción de costes se pueden dan circunstancias como esta, en la que se puede condicionar, para mal, la atención de los pacientes.
Esta situación ha llevado al Partido Socialista a elevar este asunto a Europa. Desde el PSOE han solicitado a la Comisión Europea que se proceda a realizar un análisis en torno a la gestión del Hospital Universitario de Torrejón, para esclarecer si se están incumpliendo las obligaciones comunitarias en materia de protección de la salud. Según una misiva enviada por varios eurodiputados socialistas, se recalca que el centro habría dado instrucciones internas para incrementar listas de espera, reducir intervenciones y rechazar pacientes catalogados como “no rentables".
La denuncia parte del eurodiputado madrileño José Cepeda, quien ha elevado una pregunta formal al Ejecutivo comunitario alertando de que estas prácticas priorizarían criterios económicos por encima de la atención sanitaria en un servicio financiado por la Comunidad de Madrid. A la iniciativa se han sumado también la eurodiputada Hana Jalloul y los miembros de la comisión de Salud Pública del Parlamento Europeo, Nicolás González Casares y Leire Pajín.
Los socialistas también señalan que cuatro directivos del centro habrían sido despedidos después de alertar, a través del canal ético, de los riesgos asistenciales derivados de estas órdenes y de la posible vulneración de derechos de los pacientes.
Posible incompatibilidad con el Derecho europeo
La carta remitida a Bruselas pide que la Comisión determine si estas actuaciones pueden entrar en conflicto con principios básicos recogidos tanto en el artículo 35 de la Carta de Derechos Fundamentales, como en el artículo 168 del TFUE y en la Directiva 2011/24/UE, que garantiza un acceso “equitativo y no discriminatorio” a los servicios sanitarios.
Asimismo, los eurodiputados solicitan que la Comisión se pronuncie sobre si el despido de quienes denunciaron estas irregularidades podría vulnerar la normativa europea de protección de denunciantes, y piden que se examine si será necesario requerir información directa al Gobierno regional madrileño para esclarecer lo ocurrido