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El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre ha dejado por el camino buena parte de la actividad legislativa del Congreso de los Diputados. Proyectos de ley, reformas y proposiciones que llevaban meses de negociaciones han decaído con la disolución de las Cortes, pero no todas las iniciativas han quedado enterradas. La Cámara que salga de las urnas heredará 14 propuestas pendientes: dos reformas de estatutos de autonomía, cinco proposiciones remitidas por parlamentos autonómicos y siete iniciativas legislativas populares (ILP), impulsadas desde la sociedad civil.
La diferencia está en el origen de las propuestas. Mientras las iniciativas promovidas por los órganos de las Cortes Generales decaen al terminar la legislatura, determinadas proposiciones autonómicas y las ILP pueden conservar su recorrido parlamentario. Eso no significa que tengan garantizada su aprobación ni que todas se retomen exactamente donde quedaron. Su futuro dependerá de los procedimientos aplicables y de las decisiones que adopte el nuevo Congreso.
Entre las iniciativas que permanecen pendientes figuran reformas relacionadas con la vivienda protegida, la sanidad, la dependencia, la protección de menores y la participación ciudadana. Algunas llevan años esperando una resolución y han sobrevivido a más de una convocatoria electoral.
Cinco carpetas autonómicas pendientes
De las cinco proposiciones de ley autonómicas que conservarán su tramitación, dos proceden del Parlamento balear. Una reclama la cogestión de los aeropuertos de las islas, una reivindicación que inicialmente se encontró con el veto del Gobierno central. El Ejecutivo argumentó que la medida podía reducir los ingresos de Aena y obligar a compensar esa pérdida, aunque posteriormente retiró su oposición tras las presiones de Més per Mallorca y de Francina Armengol, presidenta del Congreso.
La segunda propuesta balear busca modificar el artículo 57 de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Su objetivo es impedir que personas condenadas por delitos de acoso a menores puedan acceder a empleos o continuar desempeñando actividades que impliquen un contacto habitual con niños y adolescentes.
El Parlamento de Cataluña remitió una iniciativa para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades irreversibles. También sigue pendiente una propuesta de las Cortes Valencianas para modificar la disposición adicional segunda de la Constitución y hacer posible la recuperación efectiva del derecho civil valenciano.
La quinta iniciativa tiene su origen en Asturias y arrastra una espera considerablemente más larga. La Junta General del Principado envió en 2014 una propuesta de reforma constitucional destinada a flexibilizar los requisitos de las iniciativas legislativas populares y los referéndums. Doce años después, el texto continúa pendiente, tras pasar de una legislatura a otra sin que el Congreso haya completado su tramitación.
A la espera de los Estatutos de Castilla-La Mancha y La Rioja
La próxima Cámara también tendrá sobre la mesa las reformas de los estatutos de autonomía de Castilla-La Mancha y La Rioja, aunque ambos procedimientos se encuentran en situaciones distintas.
La reforma castellanomanchega fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso en noviembre de 2025. Entre sus modificaciones figura una ampliación del número de diputados de las Cortes regionales. Sin embargo, la convocatoria electoral ha interrumpido el procedimiento y el PSOE de Castilla-La Mancha quiere abrir un debate en el Parlamento autonómico para solicitar formalmente su retirada.
Mientras esa decisión no se materialice, la iniciativa seguirá formando parte de los asuntos pendientes del próximo Congreso, aunque su continuidad estará condicionada por los pasos que se den desde la comunidad autónoma.
La propuesta de La Rioja, aprobada por su Parlamento en 2019, acumula varios intentos de reforma frustrados por los cambios de legislatura. En el Congreso disuelto permanecía pendiente de que la Cámara autonómica comunicara la designación de una delegación de hasta tres representantes para defender el texto ante el Pleno.
En legislaturas anteriores llegó a superar la toma en consideración y avanzó en comisión, pero las sucesivas convocatorias electorales impidieron concluir su recorrido. La reforma volverá a encontrarse ahora con una Cámara de composición diferente, sin que exista todavía una fecha para su debate.
Siete ILP sobre vivienda, sanidad y derechos sociales
El tercer bloque está formado por siete iniciativas legislativas populares, una vía que permite a los ciudadanos promover cambios legales mediante la presentación de propuestas respaldadas por firmas. Entre las que permanecen pendientes figura una iniciativa contra el acoso escolar y para la prevención del suicidio entre niños y adolescentes. Otra plantea reforzar la transparencia y la protección de los denunciantes, mientras que una tercera propone medidas para limitar la mercantilización de la vivienda protegida en zonas tensionadas.
A ellas se suman una propuesta para regular la distribución, prescripción, dispensación y utilización de medicamentos veterinarios; otra destinada a establecer una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de la Seguridad Social; una iniciativa para aumentar las ratios de enfermeras y reforzar la seguridad de los pacientes; y una última sobre la participación económica de los beneficiarios en los servicios y prestaciones del sistema de dependencia.
Estas siete propuestas no caducan por la disolución de las Cortes. La legislación que regula la iniciativa popular permite conservar las firmas acreditadas y continuar el procedimiento en la siguiente legislatura, aunque la Mesa del Congreso puede decidir que se retome desde una fase anterior. Esa protección evita que las organizaciones promotoras deban comenzar de nuevo la recogida de apoyos, pero no elimina los obstáculos parlamentarios. Los textos seguirán necesitando superar los trámites correspondientes y reunir los respaldos suficientes para convertirse en leyes.
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