El debate sobre la prohibición de que menores de 16 años utilicen las redes sociales en España con plenas libertades, exponiéndose a deepfakes, bulos y contenidos para adultos continuó haciéndose aún mayor este miércoles ante el calado internacional que ha venido acogiendo la iniciativa.
La medida en cuestión no sólo se llevó la pronta crítica de los partidos de la oposición al Gobierno central, sino, en clave internacional, el magnate y dueño de X -antigua Twitter-, Elon Musk se posicionó este martes en contra, al que se sumó este miércoles el fundador de Telegram, Pável Dúrov.
Al igual que actuó sobre Musk, el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, contestó este miércoles a través de estas plataformas dirigiéndose al CEO de Telegram después de haber difundido un comunicado en el que cargaba contra la forma y el fondo de la medida española: “Deja que los tecno-oligarcas ladres, Sancho, es señal de que cabalgamos”.
Dúrov defendió ante los usuarios de Telegram que el Gobierno impulsa “nuevas regulaciones peligrosas que amenazan libertades en internet”, augurando que podría convertir a nuestro país en “un Estado de vigilancia” y que viene a ejercer “el control total”. En estos términos, el CEO instó a mantenerse “vigilantes” entre exigencias de “transparencia”.
Los hechos que desmontan la alarma de Telegram
Bajo este telón de fondo, fuentes de Moncloa contestan al comunicado difundido entre los usuarios de Telegram, señalando, en primer lugar, que “vierte mentiras y ataques ilegítimos” contra la gestión de Sánchez en esta materia: “Es la primera vez que ocurre en la historia de nuestro país”. Entienden que este mero hecho demuestra, “por sí solo, la urgente necesidad de regular las redes sociales”.
En estos términos, condenan que España no se puede someter al mundo de los “tecno-oligarcas extranjeros puedan inundar los teléfonos de propaganda a su antojo”. El mensaje de Dúrov, según fuentes de Moncloa no es más que “un reflejo de la forma de operar” de estos líderes mundiales en plataformas digitales, “lleno de bulos y destinado a erosionar la confianza en las instituciones”.
A su vez, estas fuentes han desgranado punto por punto los bulos difundidos por el fundador de Telegram que contrastan con la medida que pretende impulsar del Gobierno español. En primer lugar, señalan que esta prohibición plantea “rastrear la identidad de cada usuario, erosionando el anonimato y abriendo puertas a la recopilación masiva de datos”. Sobre ello, señalan que es una medida que vela por la protección de menores, al igual que “el acceso al alcohol o la conducción”, siendo las redes sociales un portal abierto a “riesgos graves y documentados”.
Sobre este pretexto, aducen a problemas de salud mental e hiperconexión, como que en España “más del 90% de los menores de entre 4 y 10 años supera el tiempo diario recomendado”, lo cual declina en “efectos directos en la salud mental, desarrollo emocional y capacidad de atención”. Asimismo, apuntan al “abuso de menores sexuales digitales” con un aumento del 13%, así como los deepfakes y proliferación de pornografía infantil.
Posteriormente, señalizan la responsabilidad legal de los CEO y la denuncia de “sobrecensura” de la que habló Dúrov en torno a que las plataformas borrarían "cualquier cosa mínimamente controvertida". Sobre ello, las fuentes del Gobierno reiteran que la responsabilidad de los dueños son responsables de los contenidos que se difunden de por sí y que, por ende, “no es una excepción”, aduciendo así al Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea: “Exponer cuerpos de menores desnudos o alentar al genocidio no son manifestaciones de libertad de expresión, son delitos”, ejemplifican las fuentes.
En tercer lugar, sobre la creación del delito de amplificación algorítmica, inciden en que lo que se pretende es “perseguir la utilización espuria de los datos de usuarios (…) para la difusión de contenido ilícito o desinformador”, así como impulsar mecanismos de supervisión transparentes.
El último bulo al que estas fuentes se refieren, aborda el combate a “la huella de odio y la polarización” de la que se nutre la media, sobre la cual reiteran que se busca “es desarrollar la capacidad técnica de medirlos en redes sociales, para poder detectarlos, perseguirlos y erradicarlos”. Sitúan así como ejemplo que en tan sólo 2025, en nuestro país se detectaron “casi 900.000 contenidos de odio” en redes sociales, siendo “uno de cada cinco menores los que han vivido o presenciado situaciones de violencia online”.
El presidente del Gobierno ya vino avanzando las bondades de esta medida en su intervención en el World Govermments Summit en Dubái a comienzos de esta semana, donde abogó por “hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso”, instando sobre ello a adoptar una postura de “tolerancia cero” frente a cualquier forma de coerción, impulsando investigaciones a posibles infracciones cometidas por Grok en X, TikTok o Instagram, entre otras.