Un año después de que Pedro Sánchez paralizara su agenda institucional durante cinco días para anunciar una reflexión sobre su continuidad al frente del Gobierno, la guerra judicial no solo no ha cesado, sino que se ha intensificado. La ofensiva de acusaciones cruzadas, querellas, filtraciones y causas abiertas ha adquirido una dimensión inédita, envolviendo tanto al Partido Popular como al PSOE y salpicando a familiares, parejas y altos cargos institucionales.
La causa de Begoña Gómez se dilata sin pruebas
Uno de los principales focos es la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que continúa abierta a pesar de la falta de pruebas concluyentes. El juez instructor, Juan Carlos Peinado, ha prorrogado la instrucción, ahora extendida hasta noviembre de este año, argumentando la necesidad de investigar nuevas líneas, como su relación con el rescate de Air Europa. Sin embargo, la defensa de Gómez denuncia que el magistrado ha incorporado nuevas pesquisas sin ningún soporte legal claro y fuera de los márgenes procesales, vulnerando así su derecho de defensa.
La representación legal de Gómez ha reiterado en numerosas ocasiones que "la ampliación de la causa por el rescate de Air Europa carece de base legal, pues ni en la denuncia original ni en los informes previos se menciona este extremo". Esta estrategia ha sido calificada por fuentes del entorno gubernamental como un "intento de fabricar escándalos donde no los hay" y como parte de una campaña de acoso político y mediático.
El fiscal general en el punto de mira
En paralelo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, enfrenta un proceso en el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos. La causa deriva de la publicación de un comunicado de la Fiscalía General en el que se detallaban actuaciones procesales que afectaban a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien está siendo investigado por presuntos delitos fiscales.
El Supremo ha citado a González Amador como testigo para el próximo 23 de mayo. El testimonio ha sido aceptado después de que el juez Ángel Hurtado, a instancias de los fiscales del caso, tuviera que corregir su negativa inicial. Los populares acusan a García Ortiz de actuar con motivaciones políticas y personales, mientras que desde el PSOE se defiende la actuación institucional del Ministerio Público y se advierte de una “campaña coordinada para desacreditar a las instituciones”.
Además, el abogado de González Amador ha solicitado que se investigue si desde la Fiscalía Anticorrupción se han cometido nuevos delitos, asegurando que la filtración de documentos procesales ha afectado gravemente a su cliente, que sigue defendiendo su inocencia.
La incomodidad de Ábalos y Koldo
El caso Koldo, que investiga una trama de comisiones irregulares por la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia, sigue generando titulares. En el epicentro está Koldo García, exasesor del entonces ministro José Luis Ábalos, pero el caso ha ido extendiéndose a otras figuras del PSOE.
Recientemente, el juez de la Audiencia Nacional ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a Isabel Pardo de Vera, ex secretaria de Estado de Transportes y expresidenta de Adif, por un posible delito de prevaricación en la contratación de Jésica Rodríguez, exnovia de Ábalos, para una empresa pública.
Ante la escalada, el PSOE ha anunciado acciones legales contra el empresario Víctor de Aldama por injurias y calumnias, después de que este implicara a altos cargos socialistas en el supuesto reparto de comisiones. El partido considera que las declaraciones de Aldama forman parte de una estrategia de difamación sin pruebas, promovida con claros fines políticos.
El hermano de Sánchez, también en el foco
En las últimas semanas también ha trascendido que el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha sido objeto de una investigación administrativa en la Diputación de Badajoz, donde ejerce funciones como músico y coordinador cultural. Aunque no hay causa judicial abierta, medios afines al PP han insistido en cuestionar su contratación y condiciones laborales. Desde Ferraz se ha acusado al PP de utilizar “cualquier vínculo personal del presidente” para desgastarle políticamente.
La guerra se traslada a los tribunales
Lo que comenzó como una ofensiva mediática y política ha derivado en una judicialización extrema de la vida pública. Mientras el PP defiende que las causas abiertas son “el resultado del control judicial a un Gobierno opaco y clientelar”, desde el Ejecutivo se denuncia un lawfare en toda regla, con el uso de los tribunales como herramienta de ataque político, alimentado por sectores de la judicatura, medios de comunicación y plataformas digitales afines a la derecha.
El choque institucional alcanza al Consejo General del Poder Judicial, paralizado desde hace más de cinco años, y al propio Tribunal Constitucional, al que el PP acusa de parcialidad tras sus últimas decisiones a favor del Gobierno.