El Gobierno español llegó a estudiar la posibilidad de que Felipe VI mantuviera una conversación telefónica con el rey de Marruecos, Mohamed VI, durante los momentos más delicados de la reciente crisis migratoria de Ceuta. La iniciativa pretendía explorar una vía de comunicación al máximo nivel entre ambos países después de la entrada masiva de migrantes registrada en la ciudad autónoma los días 30 y 31 de julio, pero finalmente la llamada no se produjo.
Según ha publicado este viernes El País, el Ejecutivo sondeó a la Casa del Rey acerca de la oportunidad de que el monarca español telefoneara a Mohamed VI cuando la emergencia fronteriza todavía estaba en plena evolución. La posibilidad llegó a ser valorada, aunque finalmente se impuso la prudencia diplomática ante el riesgo de que una intervención directa de Felipe VI pudiera recibir interpretaciones políticas no deseadas mientras la situación seguía sin estar completamente resuelta.
El eventual contacto habría tenido como objetivo reconocer la cooperación de Marruecos una vez comenzadas las actuaciones para contener la llegada de personas a Ceuta y gestionar las consecuencias de la crisis. Sin embargo, la sensibilidad de las relaciones entre Madrid y Rabat y la excepcionalidad de una conversación directa entre ambos jefes de Estado aconsejaron finalmente no recurrir a esa fórmula.
La iniciativa demuestra, en cualquier caso, que el Gobierno contempló distintas vías para responder a una emergencia que rápidamente dejó de tener una dimensión exclusivamente migratoria. La llegada masiva de personas convirtió nuevamente a Ceuta en uno de los principales puntos de fricción de la relación entre España y Marruecos, obligando al Ejecutivo a combinar la respuesta policial, humanitaria y administrativa con una compleja gestión diplomática.
Felipe VI siguió además personalmente la evolución de los acontecimientos. Durante las semanas posteriores a la crisis mantuvo contactos con responsables políticos e institucionales relacionados con Ceuta, mientras desde la ciudad autónoma se reclamaba una mayor atención por parte de las instituciones del Estado. La posibilidad de una futura visita del Rey a Ceuta también ha estado sobre la mesa, aunque una decisión de este alcance depende igualmente de la coordinación entre la Corona y el Gobierno.
Una Corona con un papel limitado en política exterior
La posibilidad de utilizar la relación entre ambas monarquías como instrumento diplomático recuerda episodios anteriores de la historia reciente entre España y Marruecos. Durante décadas, el rey Juan Carlos I y el monarca marroquí Hasán II mantuvieron una relación personal especialmente estrecha que permitió en determinadas ocasiones facilitar contactos cuando las relaciones entre los respectivos gobiernos atravesaban dificultades.
La situación actual es diferente. La relación entre Felipe VI y Mohamed VI tiene un carácter fundamentalmente institucional y se considera menos directa que la que mantuvieron sus padres. Por esa razón, una conversación entre los dos monarcas durante una crisis de estas características habría adquirido un fuerte contenido político y diplomático.
Además, el marco constitucional español establece que la dirección de la política exterior corresponde al Gobierno. Aunque el Rey ejerce la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, sus actuaciones institucionales de carácter político deben realizarse bajo la responsabilidad del Ejecutivo. De ahí que cualquier hipotética intervención de Felipe VI en la crisis con Marruecos necesitara previamente el impulso o el consentimiento de Moncloa.
Ceuta vuelve a tensionar la relación con Rabat
Los acontecimientos de finales de julio situaron nuevamente a Ceuta en el centro de la agenda política española. La magnitud de la llegada de migrantes obligó a reforzar los dispositivos de seguridad y a habilitar nuevos recursos para atender y trasladar a las personas que permanecían en la ciudad autónoma.
La gestión de los menores migrantes también se convirtió rápidamente en uno de los principales problemas derivados de la emergencia. El Gobierno anunció la creación de alrededor de 1.800 plazas destinadas a aliviar la presión existente en Ceuta, mientras continuaba el debate político acerca del reparto y la atención de los menores llegados desde territorio marroquí.
Al mismo tiempo, la crisis abrió un intenso debate acerca del grado de responsabilidad de Rabat en lo ocurrido. El Gobierno español ha evitado atribuir directamente al Ejecutivo marroquí la planificación de los acontecimientos, mientras diferentes fuerzas de la oposición han reclamado explicaciones y han acusado a Marruecos de utilizar la presión migratoria como instrumento político.
La relación bilateral vuelve así a mostrar su enorme complejidad. España y Marruecos mantienen intereses estratégicos compartidos en materias como inmigración, seguridad, lucha contra el terrorismo, comercio o cooperación policial, pero también arrastran importantes elementos de tensión relacionados con Ceuta, Melilla y otros asuntos de política exterior.
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