El Gobierno central, tal y como ha anunciado este martes el Ministerio de Cultura, ha iniciado los trámites para pedir la disolución de la Fundación Nacional Francisco Franco enviado una petición a la Justicia. Con este movimiento, la fundación franquista está cada vez más cerca de su final definitivo.
En cumplimiento con la Ley de Memoria Democrática, el titular de la cartera de Cultura, Ernest Urtasun, ha precisado que la resolución que de manera “inminente” se enviará el expediente a un juzgado para cerrar la organización. Según el documento firmado por Cultura, se toma como acreditado que la fundación no busca el interés general, sino proseguir haciendo apología de la Dictadura de Francisco Franco y en contra de las víctimas del régimen.
“La decisión final está en manos de un juez. El Gobierno considera que concurre de manera fehaciente las causas legales para su extinción. Estamos con la ley en la mano protegiendo la dignidad de las víctimas, esa es nuestra responsabilidad”, ha ahondado Urtasun en rueda de prensa desde el Ministerio.
En estos términos, Urtasun ha precisado que el Ejecutivo central va a enviar al juez “un expediente sólido” con el cual demuestran que la fundación “debe ser cerrada por ir contra el interés general y humillar a las víctimas” y, debido a la Democracia actual, “no puede haber un espacio para organizaciones que vulneran la dignidad de las víctimas y tratan de blanquear la Dictadura”. Con esta decisión, y en voz del Gobierno central, Urtasun ha lanzado un mensaje a la ciudadanía: “En España, la democracia se defiende también en el terreno de la memoria”, ha aplaudido.
“Un expediente sólido” en regla con la Ley de Memoria Democrática
A preguntas de los medios de comunicación, Urtasun ha entrado en más detalles, precisando así que Cultura, en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática al cargo de Ángel Víctor Torres, espera que el proceso judicial se resuelva “lo más rápido posible”, reiterando que ésta fue una de las primeras medidas que inició el ministro cuando asumió el mando: “Estoy muy orgulloso de haber sido el primer ministro de Cultura de haberlo puesto en marcha. Ha sido un trabajo muy laborioso, por consulta de expertos, recuperar información de la Fundación. Hemos querido ser muy riguroso y todo lo que estamos haciendo está avalado por la Abogacía del Estado”, ha ahondado.
Al tiempo, ha señalado que esta medida se da en virtud con el fondo y la forma de la Ley de Memoria Democrática, vigente desde 2022, y sobre la cual se establecen “de una manera muy clara qué fundaciones no pueden operar” en España.
Así, y preguntado sobre qué juzgado tendrá la misión de dar el último paso al proceso, Urtasun no ha avanzado más detalles al desconocerlos aún, pero ha ahondado en que será “un juzgado de primera instancia”.
Al término de su comparecencia, ha apuntado un detalle más en los trabajos del Ministerio, y es que, en paralelo con la firma de la resolución sobre el expediente de la extinción de la organización franquista, Cultura también ha instruido a la Abogacía del Estado “para la reclamación judicial del archivo de la Fundación Francisco Franco”: “Tenemos un informe que acredita que esos documentos digitalizados son de dominio público y, en paralelo a la solicitud del juez de extinción de la fundación, hemos instruido a la Abogacía del Estado para la reclamación judicial del archivo. Eso también está en marcha”, ha agregado.
Cabe recordar que este procedimiento arrancó hace casi dos años atrás, en junio de 2024, aunque los trámites oficiales se remontan a hace seis meses, tanto con la firma del acuerdo como las consiguientes notificaciones a la organización franquista. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el pasado mes de marzo y en uno de los intentos de la fundación por frenar estos trámites, rechazó su petición para frenar su ilegalización.
