El Gobierno de España ha presentado este martes en Consejo de Ministros el Anteproyecto de la Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés. La normativa permitirá regular por primera vez la actividad de los también conocidos como lobbies en sus relaciones con la Administración General del Estado (AGE) y su sector público.
La encargada de presentar el texto en Moncloa ha sido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha calificado el mismo como un “ejercicio para reformar la democracia”. “Se considera que son actividades de influencia. La Ley la describe como topar la comunicación directa o indirecta con el personal público con la finalidad de intervenir en las decisiones públicas, como en el diseño de una entidad. Todos los grupos que se organizan con carácter privado están incorporados a los objetivos de esta norma", ha apostillado la también responsable de Función Pública.
En este sentido, quedan fuera de ser considerado Grupo de Interés las propias entidades públicas, los organismos públicos y las organizaciones internacionales como la ONU o Unicef. Lo mismo ocurre con los partidos políticos, los colegios de profesionales, los sindicatos y las personas físicas que actúen de manera autónoma sin estar asociadas con otras, siempre que sus objetivos no impliquen intereses económicos o sociales individuales que sean significativos.
Impedir las puertas giratorias
Con todo, los lobbies deberán figurar en un registro oficial y comunicar sus reuniones con el fin también de evitar las puertas giratorias. Dicho registro puede encontrarse en el Portal de Transparencia y el sitio web de la Oficina de Conflicto de Interés y en él deberá aparecer información relevante sobre los grupos como el domicilio fiscal, las sedes o sus ámbitos de interés.
El no cumplir la normativa queda asociado a un régimen sancionador. Así las cosas, los grupos que no estén inscritos no podrán contactar con el personal público, mientras que los que figuren en la lista deberán cumplir con un código de conducta que, de no respetarse, puede suponer la expulsión del registro por un período de hasta tres años.
Dentro de los puntos a obedecer se encuentran la prohibición de ofrecer regalos y servicios. Quien no obedezca a ésta y otras cuestiones del listado y, por ende, quede fuera del registro, perderá la posibilidad de concurrir en la elaboración de normas o de poder influir en el desarrollo de las mismas.
