El Gobierno quiere dar un impulso a la financiación autonómica antes de las vacaciones

El Gobierno quiere aprovechar los últimos días antes del parón de agosto para reactivar la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde hace más de una década. El Ministerio de Hacienda ha convocado este miércoles 29 de julio a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde debatirá y someterá a votación su propuesta para renovar el reparto de recursos entre los territorios de régimen común.

La reunión, presidida por el ministro de Hacienda, Arcadi España, no supondrá la aprobación definitiva del nuevo modelo, pero sí representa un paso político necesario para que el Ejecutivo pueda elevarlo después del verano al Consejo de Ministros y remitirlo posteriormente al Congreso. La intención de Hacienda es completar su tramitación antes de que termine 2026 y que el sistema pueda entrar en vigor el 1 de enero de 2027.

El encuentro permitirá al Gobierno cerrar el curso político exhibiendo avances en uno de los debates territoriales más complejos de la legislatura. Sin embargo, la reforma llegará a la mesa con una amplia oposición autonómica y sin que Moncloa tenga todavía garantizada la mayoría absoluta que necesitará en el Congreso para modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Un modelo con cerca de 21.000 millones adicionales

La propuesta fue presentada inicialmente en enero por la entonces ministra María Jesús Montero. Según los cálculos de Hacienda, permitiría que las comunidades recibieran en 2027 20.975 millones de euros más que con el sistema vigente y elevaría los recursos totales distribuidos hasta los 224.507 millones.

El modelo actual fue diseñado en 2009 y debía haberse revisado en 2014. La reforma modifica la denominada población ajustada, el indicador que trata de calcular el coste real de prestar los servicios públicos atendiendo a factores como el envejecimiento, la dispersión territorial, la insularidad o la despoblación.

También eleva la participación autonómica en algunos impuestos, refuerza los mecanismos de solidaridad entre territorios e incorpora una mayor aportación del Estado para financiar competencias como sanidad, educación, dependencia y servicios sociales. Además, contempla un fondo frente al cambio climático y garantiza que ninguna comunidad reciba menos que con el modelo actual.

Hacienda plantea elevar del 50% al 55% la parte del IRPF cedida a las autonomías y del 50% al 56,5% su participación en el IVA. También pretende actualizar el cálculo de la recaudación teórica de los tributos autonómicos, una modificación que desincentivaría las rebajas fiscales: una comunidad podría seguir bonificando impuestos, pero tendría que asumir con sus propios recursos la diferencia entre lo que realmente ingresa y lo que el sistema calcula que debería recaudar.

Del rechazo a las reuniones bilaterales al regreso al CPFF

La primera presentación del modelo, realizada en enero, fue recibida con el rechazo de todas las comunidades salvo Cataluña. El proceso quedó después ralentizado por la salida de Montero de Hacienda para encabezar la candidatura del PSOE en Andalucía.

Arcadi España retomó la negociación en junio y ofreció reuniones bilaterales a todos los territorios. Las comunidades gobernadas por el PP rechazaron ese formato y exigieron que el debate regresara al CPFF, el órgano multilateral en el que están representados el Estado y las autonomías. Hacienda ha optado finalmente por llevar el texto a ese foro antes del descanso estival.

El Gobierno dispone del 50% de los votos del Consejo y necesitaría que al menos una comunidad respaldara la propuesta para obtener el visto bueno. Ese apoyo previsiblemente procederá de Cataluña, el único territorio que avaló el planteamiento inicial. No obstante, una victoria en el CPFF tendrá un valor principalmente político: la verdadera prueba llegará en el Congreso.

El PP denuncia privilegios para Cataluña

Los gobiernos autonómicos del PP sostienen que el modelo está condicionado por el acuerdo entre el PSC y ERC para avanzar hacia una financiación singular de Cataluña. Los populares acusan al Ejecutivo de haber negociado primero con la Generalitat y presentar después al resto de territorios un esquema prácticamente cerrado.

Hacienda rechaza que exista un trato perjudicial para otras comunidades y defiende que todas ganarán recursos. Cataluña recibiría unos 4.686 millones adicionales al año, aunque Andalucía sería el territorio que obtendría una mayor cantidad en términos absolutos. El ministerio asegura, además, que todavía existe margen para introducir cambios durante las negociaciones técnicas, en el CPFF y en la posterior tramitación parlamentaria.