El Gobierno pone coto a la expansión de universidades privadas sin control de calidad

El número de estudiantes de universidades privadas está disparado en España muy por encima de los principales países europeos, 30% frente al 15% de Alemania, y la creación de estos centros en determinados territorios del país se produce sin cumplir unos mínimos estándares de calidad, incluso con informes desfavorables. En los últimos 20 años, se han creado 24 universidades privadas y ninguna pública, dejando el balance general en 50 contra 46, en favor de las públicas, aunque con muchos proyectos privados pendientes de aprobación.

Para combatir esta situación, “reforzar la exigencia de calidad” y “mejorar los mecanismos de supervisión y control”, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades, que será de aplicación para la totalidad de centros universitarios, también los públicos. "Responde al compromiso del Gobierno para defender la calidad, la equidad y el prestigio del sistema universitario español", ha presentado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades en la rueda de prensa posterior al encuentro del órgano colegiado. 

Un toque de atención colectivo a todas las universidades

El texto llega de la mano Diana Morant, quien ha defendido que con estos nuevos parámetros se garantiza que todas las universidades "cumplan con una función esencial: ofrecer una docencia solvente, sostener una investigación de calidad y prestar un servicio a la sociedad". El nuevo real decreto, apuntando en esta dirección, establece que para iniciar un nuevo proyecto universitario sea necesario un informe de evaluación preceptivo y vinculante elaborado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o las agencias autonómicas equivalentes.

Este aspecto es importante, dado que actualmente en España se encuentran en torno a una docena de proyectos en procesos de aprobación, de los cuales cinco han recibido informes muy desfavorables. Tres de los mal puntuados se encuentran en Madrid, uno en Mallorca y otro en Badajoz. Asimismo, ocho están pendientes de evolución ya con los nuevos criterios, repartidos por Aragón (tres), Extremadura (dos), Canarias, Andalucía y Asturias.

Nuevos parámetros: sostenibilidad económica y calidad

La nueva normativa establece que, si la evaluación recibida por alguno de estos organismos es favorable, el avance del proyecto continuará en Ciencia, Innovación y Universidades, departamento que será responsable de emitir, a su vez, un informe preceptivo, pero no vinculante. Este trabajo de los técnicos se centrará en la experiencia educativa del equipo directivo del centro y en la solvencia económica. Este segundo aspecto se basará en la presentación de un aval bancario o instrumento legal similar que demuestre fehacientemente la disponibilidad de recursos económicos suficientes para sustentar el proyecto.

Además, se exigirá que las universidades cuenten con una masa mínima de 4.500 estudiantes y un mínimo de estudios en tres ramas de conocimiento distintas (diez grados, seis másteres y tres doctorados). En el caso concreto de las universidades online, con tres proyectos pendientes de aprobación en España, la aprobación deberá concederla las Cortes Generales y el informe vinculante corresponderá a la ANECA. Para estos casos concretos se contemplan excepciones: centros con precios públicos fijados por cada CCAA; con sede en territorios con lengua propia cooficial y cuando al menos el 50% de la docencia se vaya a impartir en dicha lengua; o con financiación parcial de la comunidad autónoma, con un mínimo del 20% del presupuesto de la universidad.

“La mayoría" de las universidades "cumplen la mayoría de los requisitos", tranquiliza el secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Francisco García Pascual. No obstante, defiende el nuevo Real Decreto para que “por unos pocos no se socave" la "confianza" que los ciudadanos tienen en la Universidad. Si bien este decreto es "un toque de atención colectivo" para todas las universidades. "Lo que dice es: Esto es una universidad que consideramos razonable para nuestro país”.

"No va contra nadie" sino "a favor de que la sociedad española siga teniendo una buena formación superior”, ha incidido García Pascual. Por último, el secretario general ha querido recordar que "aquellas universidades que ya estuvieran creadas cuando se apruebe el real decreto, no les afecta".