La crisis vivida en Ceuta esta semana no se vio venir desde el Ejecutivo central. "Es evidente que no disponíamos de información. Si la hubiéramos tenido, no habrían entrado 50.000 personas en apenas 24 horas", reconoce un alto cargo del Gobierno ante El País. Durante los días previos, la prioridad de La Moncloa y del Ministerio del Interior estaba centrada en la grave oleada de incendios que afectó al centro y oeste del país, con casi 100.000 personas evacuadas o confinadas, por lo que la la situación en la frontera con Marruecos quedó en un segundo plano, según argumentan.
Aunque existían algunas señales de alerta, como las advertencias del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y los primeros informes de la Guardia Civil sobre un incremento de las llegadas a nado, el Ejecutivo no interpretó estos indicios como el preludio de una crisis de gran magnitud. "Había un goteo constante de entradas y estábamos pendientes, pero de un día para otro la situación se desbordó", explica otra fuente gubernamental al mismo medio. Vivas, por su parte, reclamó el domingo anterior una reforma de la Ley de Extranjería para permitir la devolución inmediata de quienes accedieran a nado. Interior ya manejaba entonces informes que reflejaban un aumento de los intentos de entrada: entre el 29 de junio y el 12 de julio se contabilizaron unos 500, mientras que entre el 13 y el 26 de julio la cifra ascendió a 1.300.
Aun así, las entradas efectivas seguían siendo reducidas, por lo que el refuerzo de efectivos de la Guardia Civil aprobado en junio respondía a un escenario muy distinto al que finalmente se cristalizó en la frontera. La atención del Ejecutivo continuó centrada en los incendios, especialmente en el de Ávila, que se convirtió en el más devastador registrado en España en toda la historia. Tampoco generó una reacción inmediata la sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio, que limitaba las devoluciones en caliente de migrantes a quienes accedieran superando las vallas fronterizas, dejando fuera del mecanismo a quienes llegaban por mar.
Los incendios eran la prioridad
Mientras los incendios seguían activos en varias provincias, el número de migrantes que alcanzaban Ceuta aumentaba progresivamente. El miércoles, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, recibió nuevos informes sobre este incremento y respondió públicamente a preguntas sobre la situación. Desde Interior sostienen que seguían con atención la evolución de los acontecimientos, aunque los datos disponibles no permitían prever la avalancha que estaba por producirse. De hecho, el ministro mantenía prevista su asistencia a la celebración de la Fiesta del Trono en la embajada de Marruecos.
En este marco, todo cambió horas después del discurso de Mohamed VI con motivo del aniversario de su coronación. Las entradas se dispararon ante la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes, que disminuyeron su presencia en la frontera con motivo de las celebraciones. "No estaba en nuestros planes. Pensábamos que la semana seguiría marcada únicamente por los incendios", reconocen desde el Ejecutivo, donde admiten que Ceuta no figuraba entre las principales preocupaciones. El jueves, con la situación ya fuera de control, Marlaska reunió a su equipo tras conocer un informe de la Guardia Civil que detallaba la llegada de cientos de migrantes durante la noche. Canceló su asistencia al acto en la embajada marroquí y permaneció en el ministerio coordinando la respuesta. Desde ese momento, las comunicaciones con el presidente del Gobierno y con las autoridades de Marruecos fueron constantes.
La crisis provocó una fuerte reacción política. La oposición conservadora, la ultraderecha europea y Donald Trump responsabilizaron al Ejecutivo y relacionaron el aumento de llegadas con la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno, a pesar de no tener nada que ver. Según datos de Interior, más de 48.300 de las aproximadamente 50.000 personas que accedieron a Ceuta ya habrían regresado a Marruecos hasta la tarde del viernes.
Evitar las críticas directas a Marruecos
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó a Ceuta, donde calificó lo sucedido como una vulneración de la integridad territorial española, aunque evitó responsabilizar directamente a Marruecos, atribuyó la situación a las mafias dedicadas al tráfico de personas y pasó por alto todo el contexto previo que ha llevado a este fenómeno. El presidente insistió en mantener una relación de cooperación con Rabat, una línea seguida por el PSOE y por el Gobierno en su conjunto. Sin embargo, partidos integrados en Sumar, como Más Madrid o Izquierda Unida, acusaron a Marruecos de promover una operación de desestabilización política e incluso algunos dirigentes apuntaron a la posible implicación de Estados Unidos e Israel por la posición española respecto a Palestina y al conflicto con Irán.
Sánchez, en la misma línea, defendió que la interlocución con las autoridades marroquíes ha sido constante y mucho más fluida que durante la crisis de 2021, cuando unas 10.000 personas cruzaron la frontera. En esta ocasión, la cifra se multiplicó hasta alcanzar alrededor de 50.000 en una ciudad con apenas 84.000 habitantes. El presidente también recibió críticas de Juan Jesús Vivas, quien calificó la respuesta estatal de tardía e insuficiente. El dirigente ceutí reclama soluciones tras la sentencia del Supremo, que, según admite el propio Gobierno, dificulta el control de la inmigración irregular. Entre las medidas que estudia el Ejecutivo figuran la instalación de boyas en el espigón fronterizo para reforzar la consideración jurídica de la frontera y posibles modificaciones legales que faciliten las repatriaciones.
Otro de los reproches de Vivas se refiere al retraso del plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla. La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 ya contemplaba la elaboración de un programa específico para ambas ciudades debido a su singular situación geográfica y fronteriza. Sin embargo, cinco años después, ese plan continúa pendiente pese a que el propio Gobierno reconoció la necesidad de reforzar la seguridad y la protección de sus ciudadanos.
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