El Gobierno mueve ficha ante el escándalo de la prohibición de las festividades musulmanas en Jumilla (Murcia). El Ejecutivo ha presentado un requerimiento al Consistorio para que anule el acuerdo entre Partido Popular y Vox al considerar que "se restringe de forma arbitraria, vulnerando así el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana".
Este lunes, fuentes del Ejecutivo han confirmado a Europa Press que han remitido un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, para anular la moción que prohíbe la celebración de actos tradicionales de la comunidad musulmana, una medida impulsada por PP y Vox que ha generado gran controversia. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, informó que este requerimiento se envió esta misma mañana acompañado de un informe jurídico elaborado por su departamento.
El 28 de julio, una semana antes de que arrancara el debate presupuestario en la localidad murciana, el Pleno aprobó una enmienda del Partido Popular a una moción de Vox que impedía la celebración de las dos grandes festividades religiosas musulmanas en un municipio de 27.200 vecinos. La iniciativa, por tanto, afectaba a 1.500 personas, aproximadamente. Al margen de violar el derecho a la “libertad religiosa” tal y como defienden desde el Ejecutivo, que está contemplado en la Constitución. Patada a la Carta Magna por parte del sector autodenominado como “constitucionalista” y que ha pillado a Génova a traspiés, acusando al Gobierno y a Vox de fomentar una campaña mediática contra sus siglas.
En resumidas cuentas, la normativa estrecha el cerco contra el rezo colectivo del fin del Ramadán – Aid el-Fitr – y el que se sucede dos meses después en la Fiesta del Cordero. Sendas celebraciones se llevaron a cabo en el polideportivo municipal en los últimos cuatro años. De hecho, este era el objetivo de la formación ultraderechista con su moción e incendió un debate público que, a la postre, poco o nada tenía que ver con las funciones del recintos, sino que buscaba la prohibición de “actos ajenos a la identidad del pueblo”.
La maniobra de Moncloa
He aquí donde entra el Gobierno a través de este requerimiento presentado. Según reza el texto remitido por Moncloa, “la normativa permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, de manera que las razones objetivas esgrimidas no se sustentan”. El Ejecutivo entiende que la iniciativa oculta una “verdadera intención discriminatoria”, asegurando que “se puede observar tanto en el texto original como en las declaraciones del portavoz de Vox, que se ha jactado de prohibir festividades musulmanas”. Rematan que están ante una “nueva vulneración de derechos y libertades fundamentales” por parte de entidades municipales y regionales de la derecha y ultraderecha, “donde tiene que intervenir el Gobierno de España en favor de la Constitución”.
Así, el escrito de Moncloa supone una advertencia que trasciende las lindes del municipio y apunta directamente a la formación de Santiago Abascal y los acuerdos suscritos con el Partido Popular. “Combatiremos política y jurídicamente cualquier iniciativa que intente ir minando los derechos y libertades e introducir a España en una dinámica autoritaria, en línea con otros países donde la ultraderecha ha ocupado posiciones de Gobierno”.
Por su parte, a través de un mensaje difundido en redes sociales, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha insistido en esbozar al Gobierno como dique de contención frente a la “deriva extremista de PPVox”. “Defendemos la Constitución, los derechos y la libertad religiosa. Frenaremos sus medidas ultras, como hicimos ante trabas al aborto en Castilla y León o la censura en Murcia”, expone.