El Gobierno ha iniciado este viernes la ronda de contactos para fijar el calendario de reuniones bilaterales entre el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los presidentes autonómicos. El objetivo de estos encuentros, defienden desde Moncloa, es "reforzar y fortalecer la colaboración entre el Estado y los gobiernos autonómicos, potenciar el diálogo e impulsar el entendimiento institucional entre las distintas administraciones".
“Una vez finalizado el ciclo de procesos electorales en España, el Gobierno iniciará hoy los contactos con los gobiernos autonómicos para empezar a celebrar las reuniones bilaterales del jefe del Ejecutivo con los presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas”, aseguran fuentes cercanas al presidente del Gobierno a ElPlural.com.
Las reuniones tendrán lugar en el Palacio de La Moncloa y serán agendadas por el propio Pedro Sánchez, que arrancará sus llamadas a los presidentes autonómicos siguiendo un orden estatutario. Por el momento, y a la espera de conocer qué barones territoriales aceptan mantener un encuentro bilateral, los detalles sobre el calendario deberán esperar, aunque desde Moncloa esperan poder concretar más a la menor brevedad posible.
De esta forma, Moncloa da un paso adelante en la normalidad institucional y pone pie en pared contra los cordones sanitarios que, desde Génova, auspiciados por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quieren imponer al presidente del Gobierno. Con el inicio de estas llamadas, los diferentes barones territoriales del PP deberán decidir si seguir la doctrina de Ayuso, que pide a sus compañeros de partido boicotear cualquier encuentro, o apostar por el diálogo y la negociación en un horizonte marcado por retos inminentes como la puesta en marcha de un nuevo sistema de financiación territorial.
La guerra de la financiación (y la fiscal)
Es precisamente esta propuesta, la de renovar el marco que fija cuánto dinero recibe cada región, la que ha derivado en una guerra sin cuartel entre el Gobierno y los barones territoriales del PP. Tras el acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para la financiación singular de Cataluña, condición sine qua non de los republicanos para favorecer la investidura de Salvador Illa como president de la Generalitat, se ha abierto un gran debate sobre la necesidad de establecer un nuevo paraguas más solidario, integrador y justo con las necesidades de cada una de las autonomías.
No obstante, y pese a que el Gobierno promete que su plan supondría una inyección de fondos extra para la totalidad de las comunidades autónomas -algo que se conseguiría duplicando el fondo de compensación territorial-, desde Génova observan con recelo la estrategia, considerando que lo que busca Sánchez es comprar con fondos extra a aquellos presidentes populares que dividan la unidad de reclamaciones del partido nacional.
Por todo ello, en la cumbre de presidentes que el líder de la oposición y presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, celebró el pasado viernes en el Palacio de los Duques de Pastrana, todos los dirigentes territoriales del PP prometieron que de financiación solo hablarían de forma coordinada, en la Conferencia de Presidentes y teniendo en cuenta las interioridades de cada uno de sus compañeros. Una postura que, no obstante, amenaza con romperse por las necesidades extra que pueden tener regiones como, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, eternamente infrafinanciada en el reparto del pastel presupuestario.
Este cordón, que no entienden desde Moncloa, supone un contratiempo y un ejercicio de hipocresía a ojos del PSOE, que observa irónicamente cómo desde territorios liderados por el PP reclaman más dinero al Estado para impulsar medidas sociales mientras coartan su capacidad de acción renunciando al nuevo reparto autonómico, devuelven importantes cantidades procedentes de los fondos Next Generation de la UE y siguen anclados a la rebaja de impuestos a las rentas más altas como marca propia.
De hecho, este debate se ha instalado incluso en el Consejo de Ministros. Como muestra, basta revisar la rueda de prensa posterior al encuentro interministerial del pasado martes para entender el enfado de plenipotenciarios en la materia como la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien condenaba el rechazo a la senda de estabilidad que propiciaría más capacidad de gasto a autonomías y ayuntamientos, o las duras palabras de la ministra-portavoz y ministra de Hacienda, Pilar Alegría, cuando informaba de que Andalucía había rechazado una importante cantidad para la creación de escuelas infantiles.
También el presidente del Gobierno ha impuesto este debate en la agenda pública. Ya desde el principio, con su intervención en el Instituto Cervantes el pasado miércoles 4 de septiembre, hace semana y media, Sánchez decidía hacer de las rebajas fiscales a los ricos por parte de las administraciones en manos del PP un nuevo y aguerrido campo de batalla: “El Gobierno considera que la sanidad, la educación, la dependencia y las pensiones no son mercancías, sino derechos que tenemos que blindar frente a los barones y baronesas del PP”, arrancaba. “En la Comunidad de Madrid se han derivado 1.000 millones de euros a la sanidad privada, en la Comunidad Valenciana se han recortado el 20% de plazas públicas en residencias y en Andalucía han quedado suprimidas 2.000 clases de la educación pública. Nuestro modelo es justo el contrario”, sentenciaba.