El Gobierno impulsa este martes las medidas contra la corrupción que Pedro Sánchez anunció tras el estallido de la causa que afecta a Santos Cerdán. El Consejo de Ministros va a aprobar la Ley Orgánica de Integridad Pública, que contiene una parte de las medidas del Plan Estatal Contra la Corrupción que el presidente impulsó en el Pleno del Congreso en julio. La medida llega en una semana complicada por las acusaciones de evasión fiscal contra el adjunto a la secretaría de Organización del PSOE Borja Cabezón y la publicación de mensajes de Koldo García que implican al entorno del presidente en una trama de tráfico de influencias.
El 9 de julio tuvo lugar el Pleno monográfico sobre corrupción que Sánchez anunció tras conocerse que el entonces número tres del PSOE, Santos Cerdán, estaba presuntamente implicado en el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública. En él, el presidente del Gobierno anunció quince medidas contra la corrupción, a aplicar en el plazo de un año. Este martes, nueve meses después, gran parte de esas iniciativas llegan al Consejo de Ministros en forma de Anteproyecto de Ley.
Entre las medidas que anunció Sánchez, el Ejecutivo va a endurecer el control y las sanciones a las empresas corruptoras, en las que se ha puesto el foco a medida que ha avanzado la investigación a Cerdán y Koldo García. Los socios lo pedían para seguir apoyando al Gobierno, que se comprometió a estudiar sancionar a estas empresas proporcionalmente al lucro obtenido mediante adjudicaciones ilícitas u otras formas de corrupción.
El texto, que va a presentar la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, incluye la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública. Este organismo, que propuso Sumar, centralizará las competencias de prevención supervisión y persecución de la corrupción. Además, se endurecerán las restricciones para recibir subvenciones públicas para gastos electorales de los partidos, que deberán publicar más información sobre las donaciones que reciben.
El Anteproyecto de Ley se aprueba este martes en primera vuelta, de forma preliminar. Ahora deberá ser analizada en informes de los órganos consultivos, tras lo que volverá al Consejo de Ministros en segunda vuelta para su aprobación definitiva. Tras ese trámite, se remitirá a las Cortes para que la debatan y la voten en el Pleno del Congreso.
El PP llama "cueva de Alibaba" al PSOE, que lo niega todo
El Gobierno se apresura a dar ejemplo contra la corrupción en un momento muy delicado. El Confidencial publicó este lunes información que implica al adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, Borja Cabezón, en la evasión de impuestos a través de un entramado de empresas falsas y testaferros. Cuando todavía no se ha resuelto el caso de los dos últimos titulares del tercer escalafón, Ferraz ve ahora señalado a Cabezón, el número dos de Rebeca Torró y que formó parte del nucleo duro de Pedro Sánchez.
Horas después de conocerse la información, Cabezón emitió un comunicado defendiéndose: "Mi ámbito empresarial siempre ha sido España. Mis activos son públicos y declarados. He cumplido siempre con mis obligaciones tributarias", asegura. Desde Moncloa lo niegan todo, aseguran que, ahora mismo, no hay nada firme en contra de Cabezón, pero que de haberlo actuarán.
En Génova tienen otra visión: "La única diferencia entre Ferraz y la cueva de Alibaba es que en la cueva solo eran 40", declararon fuentes populares sobre el escándalo. El PP ha elevado aún más el tono tras publicarse los WhatsApp del exasesor de Ábalos, Koldo García, que apuntan a una red de tráfico de influencias entre Moncloa, AirEuropa, Republica Dominicana y la Organización Mundial del Turismo, con Víctor de Aldama como intermediario. Los de Feijóo aseguran: "Sánchez forma parte de la trama. Ninguno de los encarcelados o imputados de su entorno hizo ni deshizo nada sin su consentimiento".