El Gobierno exige a cuatro CCAA actuar para garantizar el derecho al aborto

El movimiento conjunto de Partido Popular (PP) y Vox en Madrid y el histórico problema que se encuentran las mujeres para ejercer su derecho al aborto en determinadas comunidades autónomas han obligado al Gobierno a remitir un requerimiento formal que garantice el mandato establecido en la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a la Comunidad de Madrid, Aragón, Islas Baleares y Asturias a crear y regular el Registro de Personas Objetoras y advierte con tomar medidas si no se produce en un plazo de tres meses.

La normal obliga a la creación de este registro y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó en 2024 un protocolo por unanimidad para este cometido, que es de obligado cumplimiento, pero cuatro territorios siguen sin dar este paso. Fuentes de Moncloa denuncian que esta inacción “limita de facto el acceso de las mujeres a un derecho fundamental reconocido por ley” y reafirmado por el Tribunal Constitucional hace dos años. “El respeto a la objeción de conciencia de los profesionales nunca puede convertirse en un obstáculo para la atención sanitaria de las mujeres”, añaden.

El Ejecutivo da tres meses de plazo a las autonomías para cumplir con su obligación, plazo tras el que activará “los mecanismos legales oportunos” si no han cumplido. “El Gobierno de España seguirá empleando todos los medios a su alcance para asegurar que las mujeres que quieran ejercer libremente su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo puedan hacerlo en la sanidad pública y con todas las garantías”, se despide Sánchez en la carta remitida a Isabel Díaz Ayuso, Jorga Azcón, Marga Prohens y Adrián Barbón, a la que ha tenido acceso ElPlural.

Con este movimiento, la coalición progresista pretende garantizar que toda mujer española que quiera voluntariamente interrumpir su embarazo pueda hacerlo independientemente de donde resida. De la misma manera, que este derecho pueda ejercerse en la sanidad pública y con todas las garantías de seguridad, autonomía y libertad. “Que ninguna mujer tenga menos derechos por residir en una comunidad autónoma u otra”, apuntan las mismas fuentes gubernamentales, que entienden esto como la verdadera “igualdad territorial”.

Blindaje constitucional

La carta remitida este lunes por Sánchez llega después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sacase adelante una proposición de Vox que contemplaba la obligatoriedad de informar de manera verbal y escrita, permanente y visible” a las mujeres que quisieran interrumpir su embarazo en los centros de carácter público sobre el "síndrome post-aborto", un síndrome inventado que no está reconocido por la ciencia, tal y como reconoció el propio regidor. Movimiento que rápidamente hizo temblar Génova y al que respondieron desde el Ejecutivo central con contundencia.

“El aborto es un gran negocio para la ideología que lo sustenta y promociona: el feminismo […] El Síndrome Post-Aborto es algo conscientemente ocultado”, recoge el texto aprobado por el PP y Vox en la capital, que apunta que abortar puede provocar “consumo de alcohol y drogas”, “pensamientos suicidas”, “aumento de cánceres en el aparato reproductor femenino”.

El Gobierno respondió proponiendo incluir el derecho al aborto en la Constitución Española y, de esta manera, “consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres” en esta materia. “En un contexto global de ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos, España da un paso más para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas”, trasladaron fuentes de Moncloa.

Además, más allá del blindaje en la Carta Magna, la administración central asegura que “se impedirá que las mujeres que quieren interrumpir su embarazo reciban información falsa o sin evidencia científica”, a través de la modificación del Real Decreto 825/2010 de salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazado. Si finalmente la inclusión en el texto constitucional sale adelante, España se convertiría en el segundo país del mundo en recoger el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciese en 2024.