El Ejecutivo afronta uno de sus momentos más complejos y toca mover ficha después de que la gestión política haya quedado en un segundo plano como consecuencia del protagonismo de los asuntos judiciales. La atención mediática de los últimos meses se ha centrado (y con razón) en investigaciones, imputaciones y procesos judiciales más que en la situación política propiamente dicha. Buena muestra de ello han sido la reciente imputación de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, la apertura de juicio y la retirada del pasaporte a Begoña Gómez, o la condena a 24 años de prisión al exministro José Luis Ábalos. En medio de toda esta vorágine de tribunales, el Gobierno busca dar un puñetazo en la mesa para irse al parón de verano con buen pie, con una batería legislativa que ponga en nuevamente en el centro las políticas progresistas.
Desde el primer momento, Pedro Sánchez ha cerrado la puerta a nuevas dimisiones o ceses políticos, y tanto los ministros socialistas como los de Sumar intentan devolver protagonismo a la acción de Gobierno y alejar el foco de la permanente controversia judicial. El objetivo es llegar al paréntesis estival de agosto con una percepción distinta a la actual, en la que el ruido judicial acapara toda la actualidad noticiosa. En Moncloa y en Ferraz preocupa la imagen de desgaste, de Ejecutivo cercado por los escándalos y de una legislatura que muchos consideran agotada. Para combatir esa sensación, varios ministerios han acelerado iniciativas clave durante julio, un mes que se antoja decisivo para medir si aún queda recorrido político antes de las próximas elecciones, previstas para 2027.
De entre toda la batería prevista, el texto probablemente más esperado es el decreto de vivienda. La ministra Isabel Rodríguez y el ministro Pablo Bustinduy han trabajado para presentar ante el Consejo de Ministros una propuesta amplia que vaya más allá de la simple prórroga de los alquileres y para la que ha habido que hacer nuevas incorporaciones a gusto del resto de formaciones del Hemiciclo. La intención es construir un acuerdo amplio que podría convertirse en la última gran reforma de la legislatura y cuyas negociaciones siguen dependiendon en buena medida den Junts. El próximo 16 de julio será, además, una fecha clave para el desarrollo político nacional, al ser el día en el que se conocerá si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) facilita el eventual regreso de Carles Puigdemont a Cataluña. Pese a todo, tanto en el PSOE como en Sumar aseguran afrontar la negociación con optimismo y son conscientes de la presión social para legislar a este respecto, dado que la vivienda es, actualmente, el problema más acuciante para la mayoría de los españoles según diferentes barómetros de opinión.
Vivienda sí... pero no solo vivienda
La vivienda, no obstante, no es el único frente en el que quiere remar el Ejecutivo. Sumar también quiere impulsar una profunda reforma del sistema de dependencia. El 14 de julio está prevista la votación de un decreto que aumentaría progresivamente la financiación estatal hasta alcanzar los 7.200 millones de euros anuales en 2027, acompañado además de una modificación legislativa de gran alcance. Bustinduy confía en reunir apoyos amplios gracias al incremento de recursos destinados a las comunidades autónomas, aunque la posición final del PP sigue siendo una incógnita. Para los magentas, inmersos además en una reorganización interna y en la búsqueda de liderazgo político desmarcado de la 'vía Rufián', resulta especialmente importante concluir la legislatura con un balance de gestión que permita justificar su presencia en el Gobierno ante sus votantes.
En paralelo, julio estará marcado por otros asuntos de relevancia. Este lunes comienza la negociación política de los Presupuestos Generales del Estado con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Allí se debatirá la senda de déficit junto a los responsables autonómicos. El ministro de Hacienda, Arcadi España, previsiblemente logrará aprobarla con el respaldo de los territorios gobernados por el PSOE. Aunque las votaciones parlamentarias posteriores, previstas para los días 14 y 21 de julio, podrían fracasar, la tramitación presupuestaria continuaría utilizando la senda vigente.
También a finales de mes se abordará otro de los debates estructurales pendientes: la reforma del sistema de financiación autonómica. Esta iniciativa es especialmente sensible si se tiene en cuenta que algunas comunidades gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha o Asturias, observan con recelo un modelo que consideran especialmente favorable para territorios como Cataluña, la Comunidad Valenciana o Andalucía, pese a que implicaría mayores recursos para todas las autonomías.
Confianza en que la gestión hablará por sí misma
Al margen de todo el ruido, dentro del Gobierno insisten en que los resultados de gestión acabarán imponiéndose. Algunos ministros sostienen que la comparación entre la situación del país en 2018 y la prevista para 2027 mostrará una evolución difícil de cuestionar, especialmente en materia económica y social, a pesar de la multitud de problemas sin resolver que siguen existiendo. Sin embargo, reconocen que estos logros quedan eclipsados por la actualidad judicial que domina la conversación pública. La próxima semana, además, Pedro Sánchez participará en Ankara en una cumbre de la OTAN. El contexto internacional, en el que Sánchez ha protagonizado enfrentamientos verbales con Donald Trump, que ha llegado a plantear amenazas contra la posición de España en la organización, suele reforzar la imagen del presidente entre los sectores progresistas tanto dentro como fuera del país. Sánchez mantiene, además, su rechazo a elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB, argumentando que una medida de ese calibre obligaría a realizar importantes recortes sociales.
Otro asunto que el Ejecutivo pretende convertir en bandera política es la regularización extraordinaria de inmigrantes. El Gobierno quiere presentar los datos oficiales de esta medida durante julio y defenderla como una iniciativa singular en el contexto europeo. Paralelamente, el pacto alcanzado entre PP y Vox en Andalucía, con líneas que rechazan abiertamente la inmigración, le da nuevas rondas de munición política al Ejecutivo. Moncloa valora que el acuerdo dificulta la estrategia de moderación impulsada por Alberto Núñez Feijóo y permite reforzar la idea de que una eventual mayoría de derechas implicaría una influencia decisiva de Vox. El hecho de que Juanma Moreno, considerado uno de los dirigentes más moderados del PP, haya aceptado compromisos cercanos a las tesis de la formación de Santiago Abascal es una realidad que el PSOE ve como una oportunidad para volver a echar a la calle a su electorado.
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