La Comisión de Derechos Sociales ha aprobado este jueves, con 20 votos a favor y 17 en contra (PP y Vox), el dictamen del proyecto para reformar las leyes de Dependencia y de Discapacidad que se someterá a votación en el Congreso de los Diputados. Además, los partidos que forman parte del Gobierno han incorporado una enmienda para que la financiación estatal de la dependencia sea del 50%, después de que el Ejecutivo haya cumplido su compromiso de alcanzar este objetivo incrementado en 6.200 millones de euros su aportación a las comunidades.
Con esta decisión, el Gobierno convierte en norma a través de esta enmienda el compromiso político de establecer la aportación estatal en dependencia en el 50%. Y lo hace para evitar posibles recortes del Partido Popular, que ha votado en contra de esta enmienda a pesar de que este partido gobierna en numerosas comunidades autónomas y sus gobiernos regionales llevan años reclamando que la aportación estatal llegase al 50%.
Además, este blindaje llega después de que en la década pasada, cuando el PP estaba en el Gobierno con Mariano Rajoy, recortaran en más de 5.000 millones de euros el sistema de dependencia.
Con esta decisión, el Gobierno responde a las consejerías del PP que llevan tiempo difundiendo bulos en los medios de comunicación al respecto de la dependencia al asegurar que el Estado tiene una deuda en dependencia porque decían que el Estado estaba obligado a aportar el 50%. Ahora, si el Congreso lo prueba, sí será una obligación para el Estado.
Además, el PP también queda en entredicho al votar en contra de esta enmienda. Con este voto en contra, los populares demuestran que no quieren obligar al Estado a que su financiación en dependencia llegue al 50%, algo que llevan años reclamando desde las comunidades autónomas que gobiernan.
“Debe salir adelante por unanimidad”
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha remarcado este jueves que la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad “debe salir adelante por unanimidad”.
Además del blindaje del porcentaje de financiación del Estado, este proyecto de ley modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, así como la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia para adecuarlas al artículo 49 de la Constitución, reformado en 2024.
También incorpora “medidas de extensión de derechos y de refuerzo de los apoyos a la participación comunitaria de las personas con discapacidad”, según informó la Cámara Baja.
Entre las modificaciones que plantea la iniciativa se encuentran la promoción y protección reforzadas de los derechos de las mujeres, las niñas y los niños con discapacidad. Y establece un plazo específico para la resolución y notificación de los procedimientos sancionadores en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, que hasta ahora se regían por los plazos genéricos previstos en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo, refuerza la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de la inteligencia artificial.
Asimismo, se incorpora de manera expresa la perspectiva de género y la perspectiva interseccional como principio rector de las políticas de dependencia, entre otras cuestiones.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.