El Gobierno de Ayuso presumió del "mejor operativo antiincendios de Europa" dos días antes de pedir la emergencia nacional

La gestión de los incendios forestales en la Comunidad de Madrid ha situado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en el centro de la polémica después de que el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, alabara públicamente la capacidad del dispositivo regional apenas 48 horas antes de que el Ejecutivo autonómico solicitara la declaración del nivel 3 de emergencia y reclamara apoyo del Gobierno central y de la Unión Europea.

Durante una rueda de prensa celebrada el pasado miércoles, Novillo defendió que Madrid disponía del operativo antiincendios "más potente de Europa" y aseguró que la región contaba con medios suficientes incluso para colaborar en incendios de comunidades vecinas.

"El operativo no se está resintiendo. Tenemos más de 560 efectivos diarios, la mayor concentración de medios terrestres y aéreos por hectárea de Europa y estamos pudiendo responder en Madrid y en otras comunidades autónomas", afirmó el consejero.

Sin embargo, apenas dos días después, la presidenta Isabel Díaz Ayuso solicitó la activación del nivel 3 de emergencia, el máximo previsto, ante la evolución de los incendios que afectan a Madrid y Ávila. La decisión supuso que la dirección operativa pasara a manos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), además de movilizar recursos estatales y ayuda europea.

Los sindicatos cuestionan el discurso del Gobierno regional

Las declaraciones del consejero contrastan con las denuncias que desde hace semanas vienen realizando representantes de los bomberos forestales, que alertaban de la falta de personal, la ausencia de labores preventivas durante el invierno y un conflicto laboral abierto con parte del dispositivo.

Según la Plataforma de Asociaciones y Sindicatos de Bomberos Forestales (PASBF), el operativo madrileño afrontaba la campaña de alto riesgo con alrededor de 230 efectivos menos que el verano anterior.

José Manuel Alonso, portavoz de la plataforma, cuestionó la gestión del Ejecutivo autonómico. "Sale a decir que tiene el cuerpo más completo de Europa, que se hace cargo de los incendios de otras comunidades, y 48 horas después pide la declaración de nivel 3. ¿Esto cómo se come?", señaló durante una conversación con infoLibre. A su juicio, la solicitud del máximo nivel de emergencia supone "quitarse del medio para que otro se coma el marrón".

Mientras continúa la investigación sobre las causas de los incendios, el balance provisional refleja la magnitud de la emergencia. Al cierre del viernes, el fuego había afectado a más de 63.000 personas, obligado al desalojo de al menos cinco municipios, provocado el confinamiento de otros cuatro y arrasado más de 12.000 hectáreas, convirtiéndose en el mayor incendio registrado hasta la fecha en la Comunidad de Madrid.

Los sindicatos sostienen que la Comunidad de Madrid llegó al verano sin resolver las reivindicaciones de una parte importante del personal encargado de la extinción. Uno de los principales focos de conflicto afecta a 60 bomberos forestales del personal laboral autonómico que, según los representantes sindicales, no habían sido movilizados durante la campaña debido a un enfrentamiento con la Consejería de Medio Ambiente.

Los trabajadores denuncian que continúan encuadrados administrativamente en categorías como conductores o técnicos de mantenimiento, pese a desempeñar funciones de bomberos forestales, y reclaman el reconocimiento profesional y los complementos por peligrosidad previstos en la legislación.

Tras varios meses de bloqueo, este viernes anunciaron que se incorporarían voluntariamente a las labores de extinción después de mantener conversaciones con la Delegación del Gobierno. "No nos ha movilizado la Comunidad ni tenemos órdenes de despliegue, pero queremos contribuir. Iremos con nuestros propios coches a las bases porque no nos facilitan vehículos", explicó uno de sus portavoces.

Las críticas también alcanzan a la situación de los bomberos forestales contratados a través de Tragsa, en un contexto más amplio de gestión de la emergencia que ha sido cuestionado por sindicatos y parte del sector. La declaración del nivel máximo de emergencia realizada por la Comunidad de Madrid —justificada por Isabel Díaz Ayuso en la red social X por la simultaneidad de incendios y la necesidad de apoyo de la UME, las BRIF y medios europeos— no implica un aumento de recursos, sino únicamente un cambio en la dirección del operativo, que pasa al Ministerio del Interior y a la coordinación de la Unidad Militar de Emergencias.

En este escenario, los sindicatos subrayan que otras comunidades, como Castilla y León, han llegado a gestionar más de 20 incendios simultáneos en los peores días de agosto de 2025 sin activar el nivel 3, lo que alimenta las críticas sobre la decisión adoptada en Madrid.

Tragsa, sin acuerdo

En el caso de Tragsa, el operativo cuenta este verano con 110 trabajadores menos que la temporada anterior y sigue regido por un convenio colectivo de 2008 que los representantes sindicales consideran desfasado y contrario al Estatuto Básico de Bomberos Forestales aprobado en 2024. Entre sus principales reivindicaciones figuran la mejora salarial, el reconocimiento de la peligrosidad del trabajo y la actualización de unas condiciones laborales que consideran obsoletas.

"Les pido responsabilidad y lealtad, que abandonen la huelga y realicen el servicio", expresó Novillo.  Un año más Ayuso ha llegado a verano sin cerrar un acuerdo con los bomberos de Tragsa, sin embargo, la Comunidad de Madrid es la que tiene la última palabra ya que es un cuerpo que tiene medio millar de empleados externalizados. Aunque este año las conversación van por mejor camino y la huelga está paralizada. La lucha que tienen estos trabajadores es por el sueldo el cual roza el salario mínimo y no cuentan con complementos extra a final de mes por peligrosidad u otros riesgos.