La crisis de vivienda lleva dos semanas instalada en la Puerta del Sol, pero el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha puesto este sábado el acento en la imagen que ofrece la protesta a los turistas que visitan Madrid durante el puente de la Hispanidad. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha cargado contra la acampada levantada frente a la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, a la que ha calificado de "totalmente anárquica", y ha exigido su desalojo. A su juicio, las tiendas de campaña ofrecen una imagen "nefasta" de la capital, especialmente en unas fechas de gran afluencia turística.
El dirigente madrileño ha formulado estas críticas en declaraciones a los medios tras un acto en la estación de Metro de Ciudad Lineal, donde ha insistido en el carácter supuestamente ilegal de la concentración y ha cuestionado la identidad de quienes participan en ella. "No se sabe qué tipo de personas están allí pernoctando", ha afirmado, antes de responsabilizar al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, de cualquier incidente que pudiera producirse. Rodrigo ha acusado al representante del Ejecutivo central de no haber hecho "nada" para poner fin a la protesta, pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado en dos ocasiones las medidas cautelares solicitadas por la Comunidad para forzar el desalojo.
El consejero ha dedicado sus críticas más contundentes al aspecto de la plaza. "Le exigimos que se levante ese acampamento, que es ilegal, y sobre todo porque los madrileños no nos merecemos ver esa imagen tan nefasta, ni los turistas que nos visitan este puente del Pilar y este puente de la Hispanidad, ni ver todo aquello cochambroso, sucio y sin ningún tipo de orden en una plaza pública, que es una de las más famosas que tenemos en Madrid", ha declarado. Unas palabras con las que el responsable autonómico de Vivienda ha situado el impacto visual de la movilización entre los argumentos para reclamar su retirada.
El Gobierno madrileño denuncia pérdidas entre los comerciantes
Rodrigo también ha asegurado que la presencia de los manifestantes está perjudicando a los establecimientos próximos a la Puerta del Sol. Según su versión, la acampada está "enfrentando a todos los comerciantes del entorno" y provocando pérdidas económicas entre los negocios de la zona. El consejero no ha ofrecido cifras concretas que permitan cuantificar esos perjuicios en sus declaraciones, aunque ha insistido en que los establecimientos se están viendo afectados por la presencia de personas que, según ha expresado, han decidido instalarse en la plaza sin autorización.
"Hay una serie de señores que no sabemos quiénes son y a quién representan que han decidido, de una manera ilegal, instalarse allí", ha señalado. El consejero ha afirmado que el Ejecutivo autonómico comprende las reivindicaciones relacionadas con la vivienda, pero considera que estas deben desarrollarse sin perjudicar al resto de los ciudadanos. Por ello, ha reclamado a la Delegación del Gobierno que proceda a expulsar a los participantes en la protesta y garantice el uso del espacio público.
Para justificar su posición, Rodrigo ha apelado tanto a los comerciantes como a los madrileños que transitan por la plaza. "¿Entendemos las reivindicaciones de los comerciantes que están teniendo pérdidas alrededor? Pues sí. ¿Entendemos las reivindicaciones de los ciudadanos madrileños que no pueden hacer uso público de una plaza ocupada ilegalmente? Al final hay que intentar por todos los medios respetar los derechos de todos y no solo de unos pocos", ha defendido.
La acampada permanece instalada en Sol desde finales de septiembre y se ha convertido en uno de los principales puntos de encuentro de las movilizaciones contra la crisis habitacional. Entre sus participantes hay personas afectadas por desahucios y por las dificultades para acceder a una vivienda, que reclaman medidas frente al encarecimiento de los alquileres y una mayor protección de los inquilinos. La elección de la plaza, frente a la sede del Gobierno madrileño, ha situado la protesta en el centro del enfrentamiento político entre la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno.
La Justicia rechaza dos veces el desalojo solicitado por Ayuso
Las nuevas exigencias de Jorge Rodrigo llegan después de que el TSJM haya rechazado dos solicitudes de medidas cautelares del Ejecutivo autonómico para conseguir el desalojo de la acampada. La primera resolución se conoció el lunes 5 de octubre, cuando la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó la petición de medidas cautelarísimas presentada por la Comunidad de Madrid, que pretendía obligar a la Delegación del Gobierno a intervenir de manera inmediata.
En aquel auto, los magistrados reconocieron que concurrían circunstancias de "especial urgencia", pero concluyeron que no podían adoptar una decisión de semejante alcance sin escuchar previamente a la Administración General del Estado. El tribunal tuvo en cuenta la posible afectación del derecho fundamental de reunión y las consecuencias difícilmente reversibles que podría tener una intervención policial para desalojar a los manifestantes. Por ello, acordó tramitar la solicitud mediante el procedimiento ordinario de medidas cautelares y concedió audiencia a la Abogacía del Estado.
La segunda resolución llegó el miércoles 7 de octubre, una vez examinadas las alegaciones de la Delegación del Gobierno. En esta ocasión, el TSJM volvió a rechazar la petición de desalojo, al considerar que no había quedado acreditada la inactividad administrativa que denunciaba el Ejecutivo regional. Los magistrados señalaron que, para apreciar esa inactividad en los términos planteados por la Comunidad, deben cumplirse determinados requisitos legales que no concurrían en ese momento procesal.
La Delegación del Gobierno, por su parte, defendió que una intervención para disolver la acampada podía generar mayores problemas para la seguridad ciudadana que permitir su continuidad. El tribunal desestimó las medidas solicitadas por la Comunidad, aunque ninguna de las dos resoluciones supone un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del recurso, que continúa su tramitación.
Pese a estos reveses judiciales, el Gobierno de Ayuso mantiene su exigencia de levantar la acampada y dirige sus críticas contra Francisco Martín, al que responsabiliza de la continuidad de la protesta. Este sábado, Rodrigo ha vuelto a reclamar una intervención de la Delegación del Gobierno y ha incorporado la imagen turística de Madrid a sus reproches, en plena celebración del puente de la Hispanidad y mientras los manifestantes mantienen sus reivindicaciones frente a la sede del Ejecutivo autonómico.
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