El Gobierno avanza la ilegalización de la Fundación Francisco Franco notificando su extinción a la entidad

El Gobierno de coalición ha dado este viernes un paso más en materia de Memoria Democrática al iniciar definitivamente la ilegalización de la Fundación Francisco Franco. El Ministerio de Cultura ha trasladado a la entidad franquista la apertura del expediente para su extinción, paso previo a reclamar la ilegalización ante la Justicia. Los adoradores del dictador tendrán ahora diez días de plazo para presentar alegaciones, periodo tras el que el proceso continuará avanzando.

Este no es el primer paso que se da. La cartera liderada por Ernest Urtasun, encargada del Protectorado de Fundaciones, abrió el periodo de actuaciones previas hace más de un año, en junio de 2024. Este punto ha servido para recabar información y elementos de juicio que justifique su ilegalización, algo para lo que no es necesario indagar mucho entre el grupúsculo franquista. Una vez remitida la notificación a los próximos exhumados, en esta ocasión del registro de fundaciones, y finalizado el periodo de alegaciones, se abrirá una nueva puerta.

Cultura deberá realizar una nueva resolución, solicitar el informe pertinente a la Abogacía del Estado y, finalmente, Urtasun rubricará la resolución final, que acogerá la totalidad de la información y será el documento con el que se reclamará la extinción judicial. La versión final se elevará a los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil. Llegará al juez “lo más rápido posible”, esperan en el Ministerio, aunque la máxima celeridad que puede esperarse no evitará que, por lo menos, transcurran nueve meses.  

El camino que se recorra dependerá de la estrategia que tome la fundación y de cuanto quieran dilatar el proceso, procesando una montaña de documentos para defender sus intereses. No obstante, desde Cultura garantizan que el acuerdo de inicio para la ilegalización está "blindado" y que las pruebas que presentan ahora serán "muy parecidas" a lo que se encontrará el juez.

Argumentos innegables para su ilegalización.  

Un expediente atado para el que se han solicitado informes sobre la Fundación Franco a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática -que firma un informe con fecha del 13 de mayo de 2025-, el Registro de Fundaciones de competencia estatal y la Abogacía del Estado. En detalle, el realizado por el último de los organismos explica que las causas distintas por las que se podría extinguir una fundación son dos.

Por un lado, los adoradores de la tiranía no persiguen fines de interés general, algo que es más que evidente. En segundo lugar, el hecho de que la fundación haga apología del franquismo, que ensalce el golpe de Estado de 1936 y la dictadura, además de menospreciar y humillar la dignidad de las víctimas de ese golpe, de la guerra y del posterior franquismo. Además, también contempla la incitación -directa o no- al odio o violencia de estas víctimas.

Anticipándose a la esperable defensa franquista, el informe de la Abogacía del Estado hace constar que, pese a que siempre defienden tener fines culturales, históricos, biográficos y documentales, esto es totalmente falso. Es más, aunque en la página web de la entidad indican que entre sus actividades está mantener el archivo personal de Franco y asegurar su acceso público, desde Cultura aseguran que el acceso es "opaco".

La fundación también tiene entre sus objetivos el mantenimiento de una biblioteca de más de 2.000 ejemplares, la lucha contra "la mal llamada Ley de Memoria Histórica" y la participación en el debate cultural y político de España actual para poner "de manifiesto la vida y obra de Francisco Franco y la España que creó", lo que deja patente su incompatibilidad con cualquier sistema democrático que se precie. Por la Memoria y por la sociedad, es importante ilegalizar un ente que además goza de beneficios por su naturaleza fundacional.

Lo importante, apuntan al respecto fuentes de Cultura, es que los españoles no "paguen" a esta fundación que tiene incentivos fiscales y beneficios para recibir donaciones por el hecho de estar constituida como fundación y amparada en dicha ley. Si bien están "seguros" de que la Fundación Francisco Franco encontrará la manera de constituirse con otra fórmula que asegure su continuidad. Hasta entonces, comienza el proceso de ilegalización, en el que Cultura pedirá medidas cautelares para que lo adoradores de Franco no pueda destrozar o robar documentos de “naturaleza pública”.