El Gobierno ha respondido duramente a los ataques internacionales del Ejecutivo Italiano. Después de que la ultraderechista Giorgia Meloni decidiese suspender el acuerdo de libre circulación Schengen con España e impusiese controles que tratasen a los españoles como no europeos, la administración liderada por Pedro Sánchez ha reaccionado con contundencia, recordando a los vecinos mediterráneos que son el país “con más cruces ilegales” en los últimos años y amenazando con imponer “medidas proporcionales” si no se rectifica.

“El Gobierno de Italia reintrodujo los controles en frontera con España, afectando a la movilidad de miles de pasajeros y generando inseguridad jurídica en pleno periodo estival. Esta medida, sin precedentes en la historia reciente, se adoptó sin aviso previo, de forma unilateral, y con argumentos espurios que no se ajustan ni al Código de Fronteras Schengen ni a la verdad”, recoge el comunicado oficial emitido por España. Además, recuerdan que “ninguno de los migrantes que accedieron de forma irregular a Ceuta la semana pasada pudo ni puede entrar libremente al espacio Schengen porque la ciudad autónoma de Ceuta tiene un régimen especial en el mismo”.

Además, inciden en que “la práctica totalidad de ellos ya han retornado a Marruecos”, como muestran las últimas cifras del Ministerio del Interior. Más allá de señalar esta falta de solidaridad y de conocimiento, el Ejecutivo español también lanza algún dardo a las autoridades italianas.

Italia es, según Frontex, el Estado Miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España” y, desde 2022, no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria al resto de Estados Miembros”, expone el comunicado. “A pesar de lo anterior, España nunca ha introducido controles para Italia. De hecho, siempre se ha mostrado solidaria con ella, acogiendo parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central”, contrapone el Gobierno las diferentes formas de actuar.

Atendiendo a las dos posturas, el Gobierno español considera que la medida adoptada por el Gobierno de Meloni “es injusta, contraria a los intereses de la Unión Europea (UE) y discriminatoria para la población española”. Si bien no se detiene ahí, pues asegura que, si no se rectifica y se pone fin a los controles y la discriminación de los españoles, como muy tarde este domingo, 9 de mayo, “España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos”.

Desde el Ejecutivo español esperan no tener que llegar a este punto y aseguran confiar “en que el europeísmo, el sentido común y la buena fe se impongan”. Los gobiernos están para impulsar el entendimiento entre países y el interés general de sus poblaciones, no para crear fracturas y conflictos estériles impulsados por motivaciones electorales internas”, zanjan el comunicado.

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