La ministra de igualdad, Ana Redondo, ha avisado este viernes de que la Comunidad de Madrid podría perder 17 millones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2025 por no justificar los fondos de 2024.
"En este momento estamos hablando de que Madrid no justifica los recursos del Pacto de Estado de 2024 y eso puede hacer que pierda nada más y nada menos que 17.085.000 euros de este año 2025", ha asegurado Redondo en un vídeo donde realizaba un comunicado difundido por su departamento sobre la ejecución de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
En este sentido, ha mostrado su "preocupación" por la Comunidad de Madrid, a la que ha acusado de "incumplir y desobedecer sistemáticamente la ley". A su juicio, esa "desobediencia sistemática y prolongada" supone "una traición a la voluntad popular" de cara a las normas vigentes y, además, "una traición a las mujeres madrileñas", que "pasan a ser mujeres de segunda o tercera" por quedar sin acceso a determinadas políticas de igualdad.
"Por lo tanto, muy preocupadas por la situación de Madrid. Creo que hay que decirle claramente a Ayuso que está traicionando la voluntad popular, que está traicionando a las mujeres y a la sociedad madrileña", ha subrayado la ministra dirigiéndose así a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
En todo caso, Redondo, ha expresado su reconocimiento a la "inmensa mayoría" de las comunidades autónomas que ha dicho que ejecutan "correctamente" los fondos del Pacto de Estado y que "realizan una labor de seguimiento de las políticas públicas de igualdad".
"Esta es una política pública estatal, es una política pública de país, precisamente encaminada para avanzar hacia una sociedad libre de violencias de género, libre de violencias machistas, y es, por lo tanto, responsabilidad de todos", ha puesto de manifiesto.
De las 461 medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el 26 de febrero, ya se ha iniciado la ejecución de un total de 235 medidas, lo que supone un porcentaje de ejecución del 51%, según los datos proporcionados por los ministerios con iniciativas asignadas en dicho plan.
En esta línea, el Ministerio de Igualdad tiene competencia en 347 medidas. En concreto, es corresponsable de 211, responsable exclusivo de 56 y partícipe en otras 80. De las 211, se han puesto en marcha 113 a lo largo de este año, lo que supone un 54% de ejecución. El importe destinado al cumplimiento del acuerdo por parte de este ministerio asciende a más de 53 millones de euros.
La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) y el Instituto de las Mujeres (IM) son los principales responsables de la ejecución de estas medidas. A la primera le competen 159 de forma exclusiva, de las cuales ya ha arrancado 90 y otras ocho de las 21 cuya responsabilidad comparte con el Instituto, que es responsable exclusivo de nueve medidas, tres de ellas lanzadas durante 2025.
Entre las medidas competencia del Ministerio de Igualdad impulsadas este ejercicio se encuentran iniciativas para la detección, la prevención y la erradicación de las distintas formas de violencia contra las mujeres, como el Anteproyecto de Ley Orgánica de violencia vicaria, el incremento hasta 20 millones de la convocatoria de subvenciones públicas destinadas a proyectos de apoyo a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual, o diversas medidas para el buen uso de los fondos del Pacto de Estado por parte de todas las administraciones.
En lo relativo al Instituto de las Mujeres, se ha gestionado la red de 'Empresas por una sociedad libre de violencia de género' comprometidas con la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia machista y se trabaja en el formato digital de la 'Guía de Buenas Prácticas: comunicar con perspectiva de género'.
En lo referente a las medidas que afectan a otros ministerios, desde Igualdad destacan el Proyecto de Ley sobre protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, impulsado por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en el que han participado además el Ministerio de Juventud e Infancia, el de Derechos Sociales, el de Consumo y Agenda 2030, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública; así como el departamento que dirige Redondo.
El gasto total vinculado a la ejecución de las medidas del renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género por parte de la Administración General del Estado (AGE) ha sido de más de 82 millones de euros en 2025, a los que hay que sumar los 200 transferidos a otras administraciones, 160 millones a las comunidades autónomas y 40 destinados a las entidades locales, para la ejecución del Pacto de Estado renovado, aprobado por todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox.