Pese a la condena del Tribunal Supremo por un delito contra la seguridad vial, José Manuel Baltar mantendrá sus cargos políticos. El senador del Partido Popular en Ourense deberá pagar una multa de 1.800 euros y se le retirará el carnet de conducir durante un año por haber conducido a más de 200 kilómetros por hora. A pesar del calado de este contexto, Baltar mantendrá su puesto como parlamentario popular.

Y es que desde Génova aún no han dado detalles sobre si reclamarán el acta de senador a su cargo gallego tras la clara sentencia del Alto Tribunal. Pese a aplicar el argumentario contrario para figuras socialistas que han enfrentado situaciones similares, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, no entró en profundidad sobre la cuestión.

Fue el pasado lunes cuando, en un acto celebrado junto al andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla en una residencia de mayores de Córdoba, el presidente del partido hizo mención a esta causa judicial. “Creo en la independencia judicial, en el acatamiento de la sentencia y en el respeto al Poder Judicial. No creo que aquí haya ninguna persecución por parte del Tribunal Supremo a ningún político y, por tanto, lo que tendrá que hacer es acatar la sentencia y cumplirla por esa falta del código de circulación, como cualquier otro ciudadano”, expresó entonces.

De esta manera, Feijóo se puso de perfil y reiteró que lo que Baltar debe hacer es “respetar la sentencia del Supremo” y “cumplir desde la A hasta la Z” de la misma. Sin embargo, no mencionó en momento alguna si depurarán responsabilidades en clave política. Reiterar que desde Galicia, bajo el mando de Alfonso Rueda en la Xunta, tampoco han reclamado su dimisión.

Exigencias a cargos socialistas

El calado de la sentencia del Supremo es notoria cuando se trata de un cargo público pero, bajo unas características similares, los populares han venido exigiendo responsabilidades y dimisiones cuando se ha tratado del caso contrario. Ejemplo de ello, se denotó el pasado agosto, cuando el PP de Cangas (Pontevedra) exigió el cese de la teniente de alcalde Iría Malvido, quien triplicó la tasa de alcoholemia al volante.

Tal fue la oposición ejercida por los populares al respecto que, a través de un comunicado, reiteraron que el comportamiento de los representantes de la administración pública “debe ser ejemplar” y, por los hechos que se le atribuían a la concejala socialista, su situación se había convertido en “insostenible”. Cuatro días más tarde, ésta renunció a todos sus cargos políticos.

Mismo escenario que enfrentaron por un lado, el concejal del PSOE en Nerja (Málaga), Óscar Jiménez, quien dimitió tras haber sido condenado a ocho meses sin carné y una multa de 1.200 euros por conducir bajo los efectos del alcohol; así como el diputado en el Congreso Sergio Matas, quien dejó su escaño tras haber dado positivo en alcohol al volante en un accidente en el que no se tuvieron que lamentar heridos.

Los estatutos del PP son claros

Pese a que la situación que enfrenta Baltar por esta infracción grave al volante ya le valió de una postura de deterioro al frente de sus cargos políticos, ahora con la condena del Supremo ha quedado más que ratificada. Aunque hasta la fecha Génova, en voz de Núñez Feijóo, se ha limitado a decir que su senador debe “acatar” y “cumplir” la sentencia, los estatutos del partido rezan que éste debe tomar decisiones consecuentes a sus actos.

En primer lugar, los cargos del partido deben comunicar la apertura del procedimiento jurisdiccional que corresponda y del que se puedan derivar indicios delictivos, poniendo así a disposición del partido su cargo en caso de que el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que el asunto en cuestión pueda dañar a la formación de manera interna y en clave representativa.

Las normas internas de Génova recogen como falta muy grave en su artículo 13.1c “la condena por un delito doloso por su naturaleza o circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos establecidos”. En este mismo apartado, se castigarán estás faltas graves con suspensión de la militancia hasta seis años e inhabilitación para desempeñar cargos orgánicos o representativos.

El mismo reglamento orgánico pone de relieve que si un cargo incurre en estas conductas, se le debe abrir un expediente informativo, que podría declinar en disciplinario cuando se produzca un juicio oral. Es decir, si se aplica esta normativa a Baltar, dejaría de ser senador del PP.  

Reiterar que la infracción al volante, ya penada por el Supremo, fue con el coche oficial de la Diputación de Ourense el 23 de abril de 2023. El juicio oral se fijó para mayo de aquel año, pero el proceso sufrió sendos retrasos por causas de fuerza mayor.

Un periodo que dio tiempo tanto a Feijóo como a Rueda para negociar frente a frente con Baltar acerca de su continuidad en el partido. Entonces, se le propuso su salida de la Diputación a cambio de obtener un escaño como senador por designación autonómica, logrando así su condición de aforado, causa por la que los hechos delictivos se trasladaron al Alto Tribunal, institución que tuvo que solicitar el preceptivo suplicatorio para proceder al juicio, cuya fecha clave se fijó para el pasado 13 de enero, séase, un proceso que se ha extendido hasta dos años después de la comisión de los hechos.