Después de que Naciones Unidas haya instado a España a adoptar “todas las medidas necesarias” para cumplir “los estándares internacionales de los derechos humanos” en el marco de la aplicación de las Leyes de Concordia aplicadas en algunos gobiernos autonómicos del Partido Popular y Vox, voces de estos partidos, como la del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha desafiado a la ONU y ha preguntado quiénes son los relatores del informe en cuestión y con quién guardan afinidad.
La ONU ha emitido este viernes una resolución en la que daba cuenta de que el Gobierno central de Pedro Sánchez debe tomar las medidas necesarias para preservar la memoria histórica del país frente a las leyes de Concordia que se están tramitando en Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana, manifestando así que estas normativas pueden “invisibilizar las graves violaciones de los Derechos Humanos” cometidas durante la Dictadura Franquista.
Tras conocer el informe, el primer mando de Vox en el Gobierno de Castilla y León ha avanzado, en conversaciones con los medios de comunicación, que está “deseando” recibir el informe en cuestión de manera formal: "Desde este primer momento hay que preguntarse quiénes son estos relatores, qué saben de la legislación española, qué saben del contenido real de estas leyes, porque lo que hemos visto por la prensa ya denota mucho desconocimiento, quiénes son estos señores, con quién guardan afinidad, quién los ha nombrado, y eso también será importante a la hora de valorar el contenido de esa resolución", ha asegurado, añadiendo a su vez que cuando cuente con el documento y pueda hacer un análisis del mismo se conocerá si se ha tenido una visión "imparcial".
García-Gallardo defiende la Ley de Concordia de CyL
En los mismos términos, el vicepresidente de la Junta ha reiterado su defensa sobre la normativa que ha provocado preocupación en el seno de Naciones Unidas. En este sentido, García-Gallardo ha reiterado que desde su punto de vista es una ley “de justicia” que tratará de manera “neutral” a todas las víctimas en España durante el siglo XX. “De eso no nos va a mover la ONU”, ha garantizado.
"Considero que las leyes están para actuar en el ámbito de las competencias que en este caso tenemos como comunidad autónoma y nosotros estamos, ambos partidos, totalmente de acuerdo en que nadie debe tener que sufrir el dolor de ver a un familiar enterrado en una cuneta, todo el mundo merece que se respete la dignidad de las personas lo demás son bombas de humo de la izquierda y son maniobras de distracción", ha subrayado en declaraciones a la prensa desde Valladolid, tras lo que ha aclarado que desde su partido, Vox, no se van a hacer cosas "absurdas" como "juzgar" la historia desde las "leyes". "Lo que vamos a hacer es ofrecer una Ley a la ciudadanía que ampare a todo tipo de víctimas de persecución política y religiosa, nada más y tampoco nada menos", ha zanjado.
El informe de Naciones Unidas
Fue el Gobierno central el que elevó a Naciones Unidas la tramitación de las leyes de Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana por considerar que estas mismas son “contrarias” a los valores recogidos en la Ley de Memoria Democrática aprobada en Consejo de Ministros.
"Las llamadas leyes de 'concordia' aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, y Valencia, podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de Derechos Humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos", reza el documento de la ONU.
Después de analizar los proyectos impulsados por PP y Vox en dichas comunidades autónomas, los tres de Naciones Unidas relatores han explicado que estas normativas "ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica" y pueden "acarrear límites al acceso a la verdad" sobre el destino o paradero de "las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos" y también pueden "invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, u omiten nombrar o condenar dicho régimen".
A su vez, hacen hincapié en la importancia de no discriminar entre tipos de víctimas a la hora de reconocer y dar justicia y reparación a las mismas, si bien señalan que las Leyes de Concordia podrían llevar a asimilar las violaciones cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil "a un grupo heterogéneo de crímenes o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España", quitándole así el reconocimiento a "las centenas de miles" de personas muertas en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas cometidas durante el régimen dictatorial de Francisco Franco.
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