No dejan de surgir voces críticas con el funcionamiento interno de Vox. No se tratan de figuras externas las que realizan los reproches y denuncias, sino que son personas que han ocupado importantes cargos en esta formación política las que están señalando directamente a una forma de operar que, según señalan, estaría alejada de la ética. No solo eso, sino que en los últimos días rostros que, hasta ahora, había sido de especial relevancia en el partido, como Javier Ortega Smith, han vuelto a recriminar el comportamiento hermético de una cúpula cada vez más cerrada e insonorizada en torno a Santiago Abascal.
El último en cargar contra Vox ha sido el ex vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo. Concretamente, se ha dirigido directamente al líder del partido, sobre quien, entre otras cosas, ha asegurado que perdió la confianza pocos días antes de su dimisión.
En una entrevista concedida a El Mundo, además de subrayar que la dinámica que está adquiriendo el partido derivará en que la formación política quede reducida, simplemente a ser "el plan de pensiones de Abascal", a quien observa "secuestrado" por los intereses económicos de su camarilla de asesores y alerta.
No obstante, no llegaban a ser estas las afirmaciones más llamativas que García-Gallardo realizaba sobre el líder de Vox, sino que señalaba directamente que Abascal estaría recibiendo ingresos continuados que podrían disponer de un carácter irregular. "Perdí la confianza en él pocos días antes de mi dimisión, cuando conocí que se estaba embolsando un tercer sueldo", indicaba. De esta manera, el que fuera vicepresidente de Castilla y León en el acuerdo que alcanzaron PP y Vox explicaba que esa remuneración llegaba "a través de un proveedor del partido, en la cuenta corriente de su mujer". Así, remarcaba la cantidad de dinero que Abascal se estaría embolsando y su procedencia no regular.
El sueldo llegaba por unos presuntos servicios de consultoría en materia de redes sociales a una sociedad mercantil que está en pérdidas y en causa de disolución. 60.000 euros por unos servicios que nos tendrán que explicar. Hay enormes cantidades de recursos públicos a los que accede el partido para beneficio último de muy poquitas personas
Sin concluir ahí sus palabras, al ser cuestionado sobre quiénes eran esas personas que recibían ese dinero procedente de recursos públicos, García-Gallardo apuntaba a que son "una parte importante de la familia Ariza y de la familia Méndez-Monasterio". Un señalamiento en torno al cual aseguraba que estas figuras "han constituido toda una galaxia de sociedades mercantiles que se alimentan, a través de servicios al partido, de unos muy cuantiosos recursos públicos".
En este sentido, García-Gallardo afirmaba que este juego sucio a nivel económico está formando "una especie de parapartido" en detrimento del partido y "parasitando los recursos económicos de Vox".
García-Gallardo se suma al grupo de antiguos miembros de Vox que no han callado ante prácticas reprochables
En los últimos años, varios antiguos cargos y militantes de Vox han denunciado públicamente el funcionamiento interno del partido y, en algunos casos, posibles irregularidades. Desde su fundación, ya surgieron acusaciones tempranas. En 2014, la cofundadora Cristina Seguí abandonó la formación denunciando presuntas irregularidades económicas y el enriquecimiento indebido de un dirigente con fondos públicos, lo que evidenciaba tensiones internas desde el inicio .
Años después, figuras destacadas reforzaron estas críticas. La exdirigente Macarena Olona ha insinuado desvíos de dinero y falta de control real dentro del partido, señalando especialmente la transferencia de recursos a la Fundación Disenso, vinculada a la cúpula de Vox. Estas acusaciones se enmarcan en polémicas más amplias sobre la opacidad financiera, como sanciones del Tribunal de Cuentas por donaciones irregulares .
También se han denunciado problemas organizativos y de cultura interna. La exdiputada Magdalena Nevado abandonó el partido calificándolo de “club de intereses personales”, criticando el sectarismo, la falta de debate y la protección de comportamientos cuestionables. En una línea similar, la concejala Cecilia Herrero denunció acoso interno y falta de apoyo institucional, describiendo un ambiente hostil dentro de la organización .
Más recientemente, distintas salidas y conflictos han apuntado a un modelo de liderazgo muy centralizado. Antiguos dirigentes han denunciado “purgas” y expulsiones de voces críticas, atribuidas al intento de la dirección de concentrar el poder y evitar disidencias. Estas tensiones han incluido críticas a la ausencia de mecanismos de control interno y a la escasa democracia interna.