El desahucio de Maricarmen, la convocatoria anticipada de elecciones generales y el impulso que el Ministerio de Trabajo pretende dar a la subida del SMI para aprobarla antes del 29 de noviembre ha propiciado en los últimos días que asuntos relacionados con la economía y el ámbito laboral hayan cobrado protagonismo en el diálogo público y político. En las diferentes valoraciones que los agentes públicos han realizado sobre estos temas han vuelto a destacar las palabras del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien ha vuelto a incidir en polémicos posicionamientos que ha venido mostrando y haciendo comentarios que han vuelto a despertar críticas.
El líder de los empresarios españoles, quien recientemente ha sido reelegido para el cargo tras haber eliminado el límite de mandatos, ha vuelto mostrarse contrario a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, insistir en situar las bajas laborales como uno de los principales problemas a resolver y denunciado enérgicamente la convocatoria de huelga general por la situación que atraviesa la vivienda, asegurando que desde la CEOE se encuentran dispuestos a emprender acciones legales. En este sentido, las posturas que Garamendi viene mostrando públicamente se encuentran especialmente cercanas a los mensajes que tanto el Partido Popular como Vox están trasladando en relación a estos asuntos.
La intención expresada por el Ministerio de Trabajo de aprobar el incremento del SMI, antes de las elecciones del 29 de noviembre, ha sido unos de los puntos en los Garamendi ha vuelto a expresar notables críticas al Ejecutivo nacional y volviendo a señala su rechazo a que se impulse este aumento del mínimo de remuneración que un trabajador debe recibir por sus labores. En declaraciones a la cadena Cope, el líder patronal explicaba que la fijación del SMI es una "competencia del Gobierno previa consulta" y que, por tanto, a pesar de las reuniones que en otras ocasiones se han programado y los acuerdos que el equipo de Pedro Sánchez ha tratado de alcanzar con sindicatos y patronal, "no es parte del diálogo social". Así, pretendía dar especial relevancia al contexto en el que se está queriendo plantear este cambio tras recordar que la anterior subida se produjo en febrero de este mismo año.
"El mismo año. ¿Eso es tinte electoral o no es tinte electoral? Sinceramente", señalaba Garamendi, quien subrayaba que le parecía "increíble" que en toda la legislatura no haya habido unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Una crítica al Ejecutivo a la que también añadía, pareciendo obviar el contexto internacional, una denuncia al aumento de costes sufrido en estos años en los que Pedro Sánchez lleva en el poder, apuntando que ha dado lugar a fuertes subidas de las cotizaciones empresariales, así como cargando contra que no se haya deflactado la tarifa del IRPF, la cual, según sus palabras, ha restado "del orden de 17.000 millones de euros" a los trabajadores españoles.
En lo referido a las bajas laborales, Garamendi volvía a hablar de absentismo, haciendo recordar a cuando hace unos meses aseguraba que en España falta cultura del esfuerzo. El representante de los empresarios ponía el foco en lo que expone como una necesidad de abordar este tema, porque, en sus palabras, "un millón y medio de personas no van a trabajar diariamente de los 18 millones que trabajan en el sector privado". Así, el presidente de la CEOE, entendiendo una voluntariedad por parte de muchos españoles para esquivar las responsabilidades de sus puestos de trabajo, pedía actuar para solucionar tanto "problemas de salud o mentales" como los casos de bajas "profesionales".
Finalmente, Garamendi advertía que "mientras no hablemos de productividad, va a ser imposible" sostener el crecimiento económico, lamentando, a su modo de ver, que en las propuestas del Ejecutivo tampoco se aborden cuestiones clave como la formación y otros elementos de fondo.
La patronal se alinea con PP y Vox contra las bajas laborales y buscando frenar el impulso de distintas políticas sociales
El Partido Popular y Vox vienen cargando desde hace tiempo contra las políticas económicas y laborales del Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente en materia de absentismo, vivienda y costes empresariales. Una de las polémicas más recientes la protagonizaba Alberto Núñez Feijóo, quien calificaba el absentismo laboral como "un cáncer que no podemos pagar" y planteando que los trabajadores de baja pudieran dejar de percibir los complementos salariales pactados en convenio. El líder popular también se mostró partidario de actuar contra este problema "con o sin acuerdo" con los sindicatos, unas palabras que le valieron sendas críticas, obligando a que su partido matizara que se refería a las ausencias injustificadas, aunque mantuvo su defensa de una reforma.
La formación insistía en el coste económico de las bajas y planteaba medidas como conectar a los médicos evaluadores del Instituto Nacional de la Seguridad Social con las mutuas o bonificar a las empresas que registren menos ausencias. Unas propuestas que suscitaban el rechazo de las organizaciones sindicales, que señalaban que equiparar las incapacidades temporales con el absentismo injustificado puede terminar perjudicando a trabajadores enfermos.
En relación a la vivienda, PP y Vox votaron contra los decretos del Ejecutivo que incluían medidas de protección frente a los desahucios y actuaciones sobre los alquileres. Tras el desalojo de Maricarmen, la mujer de 87 años que fallecía esta semana en el hospital después de convertirse en símbolo de las protestas, los populares defendieron que las medidas rechazadas no habrían evitado su situación. Feijóo calificó el caso de "descorazonado", mientras Vox publicó un mensaje que responsabilizaba políticamente al Gobierno y acusaba a los promotores de las movilizaciones de instrumentalizar su sufrimiento.
La tensión también se ha trasladado a las calles y las instituciones. Mientras el movimiento por la vivienda ha impulsado una huelga general para el 11 de noviembre, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha acusado a la oposición de utilizar la memoria de Maricarmen como "señuelo electoral". Además, PP y Vox rechazaron homenajes institucionales promovidos por la izquierda en su memoria. En estos días, Feijóo pedía no hacer una "utilización interesada de su fallecimiento", algo que resultaba la atención al observar el posicionamiento que ha tenido respecto al asunto, siendo crítico con las protestas y hallando momentos como en los que se vio a Ayuso ironizar con el caso de esta mujer llegando a decir que quería saber a partir de qué edad existía el derecho a dejar de pagar el alquiler, además de que varios miembros del partido han dejado polémicas declaraciones, como el concejal de Vivienda de Benalmádena, quien llamó "puta sinvergüenza" a Maricarmen.
En materia salarial, ambas formaciones cuestionan las políticas económicas del Ejecutivo y ponen el acento en los costes que soportan las empresas. Vox ha registrado iniciativas que relacionan la subida del SMI con el encarecimiento de los precios, mientras la patronal propone incrementos más moderados y reclama revisar sus efectos sobre determinados sectores.
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