Jornada intensa en el Palacio de La Moncloa que ha acabado con fumata blanca. El Gobierno ha salvado las medidas del escudo social tras unas negociaciones con Junts que arrancaron este fin de semana y se incrementaron durante el lunes e incluso en la madrugada al martes. Con el canal abierto directamente con Waterloo y las elevadas posibilidades de cerrar un pacto, el Ejecutivo retrasó la reunión del Consejo de Ministros para apuntalar las conversaciones con los neoconvergentes y así aprobar este martes un nuevo decreto limpio de las impurezas que denunciaban los independentistas, pero con las principales iniciativas del escudo social como la revalorización de las pensiones e incluso el corte de suministros a familias vulnerables.
El Gobierno arrancaba la mañana del martes como acabó el lunes, con una ardua negociación con Junts. Las conversaciones se alargaron y, para ganar tiempo, el Gobierno decidió invertir el orden de la agenda. De este modo, la reunión del Consejo de Ministros prevista para las 09:30 horas se celebraría después del Consejo de Seguridad Nacional. Balón de oxígeno para terminar de despejar los pocos escombros que separaban al PSOE y a Junts de un acuerdo para sacar adelante el escudo social que los propios juntaires, junto con Partido Popular y Vox, vetaron el pasado miércoles en el Congreso. Independentistas y conservadores armonizaban su discurso y afeaban al Ejecutivo que el decreto ómnibus albergara “80 medidas” que no estaban consensuadas con los grupos y que no eran urgentes, aunque los populares centraron el reproche en el palacete que recuperaba el PNV tras décadas de expolio y promesas en el aire.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será el encargado de desgranar las interioridades de un acuerdo que insufla aire a un Ejecutivo que no hace ni una semana languidecía por su debilidad parlamentaria. Ahora, le ha dado la vuelta a la tortilla y se ha asegurado que el real decreto se consolide. Desde el entorno del Ejecutivo admiten las dificultades que han entrañado las negociaciones con Junts, pero finalmente dieron su fruto desde un plano de discreción máxima y que no sólo sortea el veto del Congreso, sino que además deja al Partido Popular entre la espada y la pared, habida cuenta de que los conservadores se verían abocados a aprobar un articulado que se ciñe en exclusiva a las medidas sociales que aseguraban respaldar.
Blindaje social
De hecho, mientras en Moncloa se trabajaba para garantizar el escudo social, el Partido Popular promovía en el Pleno del Senado una moción no vinculante para instar al Ejecutivo a convocar un Consejo de Ministros extraordinario que recuperase las principales medidas sociales del decreto macedonia. Haciendo uso de su mayoría absoluta, y con la abstención inocua de Junts y Vox, la iniciativa ha salido adelante con el único respaldo de Unión del Pueblo Navarro (UPN).
Los grupos de la oposición, por su parte, han afeado a los conservadores que el anuncio de convocatoria de tal sesión extraordinaria se llevó a cabo desde la sede nacional del partido, censurándoles haber corrido una “enorme cortina de humo” para ocultar su voto negativo al decreto la pasada semana en el Congreso de los Diputados. En cualquier caso, por su carácter no vinculante y por la maniobra entre bambalinas del Ejecutivo, los conservadores ya no son necesarios para que el nuevo texto salga adelante y, en principio, contará con la bendición de la mayoría de la Cámara. No obstante, a expensas de la comparecencia prevista en Génova tras la intervención de Sánchez, cobrará relevancia la postura que adopte el PP tras una semana de reproches por no separar iniciativas sociales de cuestiones de menor urgencia.
De pensiones a desahucios
Así las cosas, el decreto mantendrá todas aquellas medidas que el Partido Popular aseguró que respaldaría. Prevé una revalorización de las pensiones del 2,8%, conforme al incremento del IPC, además del incremento de las mínimas (6%) y las no contributivas y el ingreso mínimo vital (9%). Se extenderá, tal y como figura en el articulado, hasta el mes de julio las bonificaciones del 50% al transporte público, así como la gratuidad de los trenes de Cercanías, Media Distancia y Avant para usuarios frecuentes.
Prevalecen las ayudas para los afectados por la catástrofe de la DANA de Valencia, con una inyección en materia de reparación de infraestructuras o viviendas dañadas en las zonas de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía. Asimismo, se incluirán subvenciones directas y préstamos con intereses por debajo de lo que estipula el mercado. Medidas que caducarán a finales de este curso, como la prohibición de los desahucios a familias más vulnerables y la prórroga de la prohibición de cortar suministros básicos -electricidad, agua o gas- a los hogares en riesgo de vulnerabilidad.
La nueva normativa prevé retoques en la gestión de la función pública, así como medidas para agilizar la contratación de funcionarios, implementar las evaluaciones de su desempeño o divulgar la modernización de la Administración. Bajo el paraguas social también se cobijarán modificaciones a la reguladora del trabajo entre administraciones públicas, así como otros incentivos fiscales en materia de cultura o medidas tributarias para estimular la eficiencia energética del parque de vivienda.