La Fiscalía identificará a aquellas “personas de la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias”, presidido por Fernando Clavijo, que se amparen para no acoger en sus centros a niños llegados en cayuco en el nuevo protocolo aprobado por la comunidad autónoma e investigará si han cometido un delito de abandono de menores o de otro tipo.
En un decreto difundido este viernes, la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, da instrucciones a los fiscales de las islas sobre cómo actuar si cualquier fuerza o cuerpo de seguridad del Estado pone en su conocimiento “la negativa de la Dirección General de Protección de la Infancia” a la acogida de un menor inmigrante en un centro de la comunidad autónoma cuando este haya sido “debidamente reseñado” conforme al protocolo nacional de 2014.
Fue este jueves cuando el Gobierno de Fernando Clavijo publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) un protocolo que detalla cómo pretende actuar a partir de ahora ante el “desorden” que cree que genera el hecho de que la Policía entregue a los niños llegados en patera directamente a los centros sin una identificación detallada y sin cumplir los trámites pautados, poniendo en riesgo sus derechos, a su juicio.
Esta nueva instrucción exige que el menor llegue perfectamente filiado e identificado, que se le haya escuchado y entrevistado para determinar si es candidato a refugio o asilo, que el Estado tramite cada expediente de forma individualizada y que la Fiscalía intervenga si hay dudas sobre su edad. Todo esto antes de trasladado a un centro de acogida de la comunidad autónoma, siempre y cuando esta confirme que hay plazas disponibles.
Respuesta de la Fiscalía
Tras la publicación de este protocolo por parte del Gobierno canario, la Fiscalía ha respondido, y es que el Ministerio Público entiende que el marco de referencia para determinar si el menor ha sido entregado correctamente a la autoridad responsable de su tutela es el protocolo aprobado en 2014, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, por los Ministerios de Justicia, Interior, Servicios Sociales y Exteriores, además de la propia Fiscalía General del Estado.
Así, si el fiscal de guardia de cada isla recibe aviso de la Policía de que un centro del Gobierno canario no acepta a un menor llegado a la costa sin compañía familiar, librará un oficio a la Dirección General de Protección de la Infancia para “interesar que se adopten las medidas necesarias” para que sea acogido “de forma inmediata” en el centro de protección que considere.
Y, además, dará instrucción a la Policía para que le proporcione comida y alojamiento “hasta que el mismo sea recogido por la Dirección General, o bien se indique el centro donde deba ser ingresado, o bien, con arreglo al protocolo, sea entregado a la Policía Autonómica Canaria, en cuyo caso se deberá controlar el tiempo de permanencia de dicho menor en dichas dependencias policiales”.
Del mismo modo, el fiscal de guardia “identificará de forma detallada a las personas de la Dirección General de Protección de la Infancia que o bien no responden a las llamadas, o bien les contenten que no tienen capacidad de acogida para dichos menores, o bien que no se van a hacer cargo de los mismos con base en el protocolo publicado el día 12 de septiembre del 2024 en el Boletín Oficial de Canarias”.
Después, los fiscales especializados en Trata de Personas y Extranjería “deberán incoar las correspondientes diligencias preprocesales de investigación ante la posible comisión de un delito de abandono de menores sin perjuicio de cualquier otro delito que pudiera aparecer en el curso de la investigación”.
Canarias amenazó al Gobierno con los tribunales
Conviene recordar que el presidente de Canarias anunció la pasada semana que los servicios jurídicos del Gobierno autonómico iban a analizar las posibles vías, incluida la penal, para que se reconozca que los menores migrantes no acompañados que llegan a sus costas están bajo custodia policial, no abandonados ni desamparados, y que, por ello, son competencia del Estado y no de las comunidades autónomas. Lo hizo sin tener en cuenta que menores e infancia es una competencia que el Estado tiene cedida a las comunidades, siendo estas últimas las responsables.
El Ejecutivo canario se basa en una interpretación de la ley de Extranjería, que en su artículo 13 señala que el menor es competencia de la comunidad cuando está “desamparado o, en este caso, abandonados”. “Y los menores no están desamparados, no están abandonados. Están bajo la tutela y la guardia del Estado, porque es el Estado quien los recoge con Salvamento Marítimo, es el Estado quien lo mete en la frontera española, en este caso llegando a Canarias; es el Estado y la Policía Nacional quienes los reseña y es el Estado quien los tiene bajo su guardia”, aseguró Clavijo.