La Unión Progresista de Fiscales, asociación -no mayoritaria- con representación en el Consejo Fiscal y que estuvo presidida por Álvaro García Ortiz, ha pedido donaciones de dinero a sus asociados para pagar la parte económica de la condena del ex fiscal general del Estado. La asociación, que ya apoyó hace unas jornadas una proposición para indultarlo, pide entre 75 y 175 euros a sus fiscales al entender que “la institución es la que debe estar a su lado” tras la condena y la inhabilitación.
En un comunicado escrito, la asociación jurídica indica su cuenta bancaria a disposición de la colecta y propone a los miembros integrantes que pongan unas cantidades máximas: 175 para los fiscales de primera categoría, 125 para los de segunda y finalmente 75 euros para los de tercera. “Rogamos encarecidamente que en ningún caso se superen las cuantías especificadas”, clarifica el texto.
La UPF, agrupación a la que perteneció García Ortiz, ya apoyó y difundió hace días la petición de indulto de una asociación de juristas y ahora lanza esta colecta entre sus propios asociados para pagar la parte económica de la condena impuesta por la mayoría conservadora del Alto Tribunal. Una condena que según la asociación “supondrá un durísimo golpe a la economía de Álvaro y su familia, de la misma forma que lo sería para cualquier otro miembro del Ministerio Fiscal que, por cumplir con su deber institucional, de la noche a la mañana, se viera obligado a hacer frente a dicho desembolso”.
El Tribunal Supremo, con el voto particular de dos magistradas (Ana María Ferrer y Susana Polo), decidió condenar a García Ortiz al entender que “él o alguien de su entorno” filtraron la confesión de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Una condena que, además de dos años de inhabilitación para ejercer como fiscal general, le obliga a pagar 10.000 euros a González Amador y pagar una multa adicional de 7.200 euros (2€ al día durante dos años). A lo largo del proceso y la instrucción judicial, García Ortiz ya consignó bienes por valor de 150.000 euros.
Asimismo añade que es "legítimo" que los miembros de la UPF no "den la espalda en el plano humano" al ex fiscal general, "mientras se combate jurídicamente" la resolución que es "errónea" a ojos de la asociación. Apoyar financieramente a quien fuera la máxima autoridad de la institución pública se presenta como un "ejercicio de compromiso colectivo y una afirmación de que ningún fiscal debe quedar solo cuando actúa conforme a la ley y a su conciencia profesional", resaltó la UPF, pese a que la Sala Segunda concluyó que García Ortiz cometió una ilegalidad
“Cuando se pone en cuestión a quien actuó para defender la institución, la respuesta no puede ser el silencio: debe ser la solidaridad. Hoy ayudamos a un compañero. Hoy nos defendemos todos”, afirma esta asociación, crítica tanto con la instrucción del magistrado Ángel Hurtado como con la sentencia de la Sala II de lo Penal del Supremo.
Su sucesora en el cargo, Teresa Peremato, estrenó recientemente su cargo en un acto institucional con un discurso solemne ante la carrera en la sede de la institución que encabeza en Madrid, en la que ha expresó públicamente su “reconocimiento, respeto, admiración y agradecimiento” a García Ortíz, su predecesor en el cargo. Seguidamente, ha recalcado su compromiso de "servir con independencia, rigor y lealtad” a los principios que sustentan la Constitución Española.