El Tribunal Supremo ha impuesto el cese de las actividades multitudinarias en la finca La Quinta de la Muñoza, un área situada en El Pardo, dentro del espacio protegido del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, conocida por organizar bodas al aire libre frecuentadas por miembros de la aristocracia madrileña. Tras 12 años, informa eldiario.es, se pone fin a los eventos en la finca, cuya actividad se ha podido llevar a cabo durante tanto tiempo gracias a licencias y cambios legales concedidos por políticos del PP de Madrid, como Ignacio González, Esperanza Aguirre y Ana Botella a la dueña, Carmen Cafranga, muy vinculada a la formación conservadora.
Ya en 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló la licencia de la finca La Muñoza, propiedad de la Fundación A LA PAR, dedicada a la integración laboral de personas con discapacidad, y cuya presidenta fue Carmen Cafranga, condenada por las tarjetas black. Cafranga también se favoreció de una subvención de la Comunidad de Madrid de 300.000 euros, tras un cierre cautelar de la finca en 2009.
Se reconocieron como ilícitas las actividades que se llevaban realizando desde hacía años en la finca, como bodas o eventos. Dichas actividades fueron consideradas contrarias a la legalidad, como también lo fue la carpa de la fincha usada para alojar a los invitados. La finca también tiene un palacete, que anteriormente fue un chalet, que se reformó sin licencias de obras.
Todo este proceso legal empezó en diciembre de 2012, cuando el PP de Ignacio González decretó una Ley de Medidas Fiscales y Administrativas que autorizaba el uso de fincas situadas en zonas medioambientales protegidas. Esta utilización beneficiaba a los propietarios, que en muchos casos estaban bien relacionados con miembros del gobierno madrileño, pero también fue denunciado por varias asociaciones ecologistas.
Desde Ecologistas en Acción advierten de que, si sale adelante la nueva Ley de Suelo que se está tramitando actualmente en la Asamblea de Madrid, con los únicos apoyos del PP y de Ciudadanos, se contemplaría la legalización absoluta de fincas como La Muñoza. “En caso de aprobarse esta Ley, la sentencia del TSJM quedaría en papel mojado y la repercusión sobre el medio natural sería muy negativa por el efecto llamada que tendría esta norma.”