La agenda diaria se está viendo especialmente condicionada por la frenética actividad que se está dando en los juzgados españoles, sobre todo en lo referido a la cantidad de personalidades del mundo político que están debiendo de acudir a las distintas instancias judiciales a prestar declaración, bien sea en calidad de testigos o de investigados. La actualidad relativa a los tribunales ha cobrado enorme peso en los últimos años en España, bien sea por casos de corrupción que han hecho llevarse las manos a la cabeza a muchos por su magnitud, como por la manera en la que determinados magistrados gestionan las causas de las que se encargan. La polémica viene rodeando de manera continuada al ámbito jurídico, donde las actuaciones tanto de los imputados como de algunos jueces están siendo especialmente notorias y dejando numerosos titulares.
La cantidad de casos que se están juzgando de manera simultánea en estos últimos meses puede llevar tanto a sentir una falta de contexto como confundir unas causas con otras. Todas vienen recabando gran atención mediática y, sobre todo, teniendo enorme peso en el discurso político. Esto último es algo que viene siendo enormemente cuestionado, ya que existe una gran controversia en torno al protagonismo que algunos jueces están adquiriendo por sus actuaciones, siendo señalados por parecer que traten de influir en la opinión pública o afectar a determinados partidos, así como habiendo un juego de filtraciones a la prensa que condiciona el transcurso de los procesos judiciales y se tornan elementos arrojadizos.
En lo referido a ello, especial polémica está despertando en los últimos días la filtración de distintos datos personales de José Luis Rodríguez Zapatero, quien está siendo investigado en el 'Caso Plus Ultra'. Los registros policiales recabaron diferentes elementos para investigar las actividades por las que se ponía en duda si el expresidente podría haber cometido algún delito. Así, se incautaron tanto agendas en papel, carpetas, pendrives, discos duros, como se procedió a la clonación de varios dispositivos móviles, como el teléfono de de Gertrudis Alcázar, asistente de Zapatero desde hace más de dos décadas.
La información recabada por los agentes ha sido utilizada en el procedimiento judicial para esclarecer los hechos puestos en duda. No obstante, lejos de quedar únicamente en los tribunales, a la prensa han llegado miles de mensajes privados que intercambió durante los últimos tres años con su secretaria y de sus agendas personales de los años 2024 y 2025. Un hecho este que viene despertando gran debate sobre los límites que existen en este tipo de casos, una dicotomía entre el derecho a la información, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a la intimidad y el derecho a la tutela judicial efectiva.
De esta manera, ante este acontecimiento, vienen dándose distintas conversaciones en las cuales se pone sobre la mesa si se han podido vulnerar los derechos de José Luis Rodríguez Zapatero. Incluso él, tal y como confirmaron fuertes de su entorno a ElPlural.com, está estudiando denunciar esta filtración y tratar de conocer de dónde partió, si del juez Calama o de la propia UDEF.
Entre toda esta secuencia de numerosas declaraciones públicas que vienen dándose en relación a este suceso, el secretario de organización del Partido Socialista de León, Javier Cendón, remarcaba que "filtrar y utilizar datos personales o comunicaciones de expresidentes, dirigentes o políticos en activo no es una anécdota: es intimidación política y erosiona el pluralismo democrático". No solo eso, sino que apuntaba a una infracción legal.
La filtración masiva de datos personales y comunicaciones del presidente Zapatero vulnera la Ley Orgánica 7/2021 y la durísima jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre vida privada y protección de datos
El Plural.com ha querido saber si esta apreciación de Javier Cendón podría llegar a anticipar un recorrido en los tribunales y, para ello, ha consultado a Joaquín Urías, quien fuera Letrado del Tribunal Constitucional, para entrar más en detalle y también al magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín.
Según señala el Urías, existen distintos preceptos en el Código Penal que castigan la revelación de varios tipos de secretos. De esta manera, señala que, por ejemplo, uno castiga hechos como revelar un sumario declarado secreto, así como hay otros penas hechos como revelar secretos de la intimidad de las personas y otros actos. "Esto pasa, por ejemplo, con las declaraciones, cuando se filtran los audios y los vídeos de alguien que ha ido a declarar como testigo, con lo cual lo hacen aparecer ante la opinión pública como como si fuera culpable cuando realmente simplemente está como testigo", relata.
Urías define esto como algo especialmente grave y que "atenta contra la Constitución y contra la función que tienen los jueces de garantizar los derechos fundamentales". Tal y como detalla, cuando se interceptan comunicaciones telefónicas o cuando se entra en un dispositivo móvil o en un ordenador se está accediendo a la intimidad de las personas con el permiso del magistrado, pero ese permiso, según recalca, está motivado por una investigación.
Es una vulneración flagrante de la Constitución en la que la garantía judicial ya no sirve para proteger el derecho
"Eso quiere decir que el permiso del juez solo cubre las cosas relacionadas con la investigación. Normalmente cuando son unas escuchas, el juez que está vigilando la instrucción ordena que se destruya antes de que siquiera pueda llegar a nadie, se destruyan todos los datos que pueden afectar a la intimidad de alguien", explica Urías. No obstante, apunta que en España se está dando una situación por la cual "cuando la policía, por orden de un juez, accede a un dispositivo móvil, los agentes cogen todo lo que hay en el dispositivo móvil, incluso cosas íntimas que no tienen absolutamente nada que ver con el caso que se está investigando". En este sentido, afirma que, en ocasiones, algunos jueces, y refiriéndose al caso de Zapatero, "algunos jueces lo envían a las partes".
"El juez ha permitido que acusaciones particulares como Hazte Oír reciban mil páginas de la agenda de José Luis Rodríguez Zapatero, referidas a su vida personal, a cuando iba al peluquero, a las conversaciones, a si compraba flores a su mujer... Esas son conversaciones privadas y es el juez el que ha dado la orden de que se envíen a las partes, aunque no tienen nada que ver", describe.
Son unos hechos que cuentan con unas importantes consecuencias por las cuales Urías entiende que "no nos sirve de nada que después el juez nos diga a ver quién lo ha difundido". De esta manera, remarcar que "nunca tenía que haber llegado a las partes porque se vulnera la intimidad por el mero hecho de que las partes que están personadas, sobre todo en España, que hay acusación popular, puedan tener acceso a esos datos de la vida privada. Entonces eso es realmente lo más grave de las filtraciones".
Por su parte, José Antonio Martín Pallín pone el foco sobre los registros y escuchas previamente a ser autorizados por parte del juez. Tal y como señala, son actuaciones que, según la jurisprudencia presente en la mayoría de los países europeos, han de aplicarse de manera excepcional y cuando no haya otros medios para comprobar determinados hechos, pues según la normativa constituye una importante invasión de la intimidad personal.
Además de ello, también apunta que la filtración de las conversaciones y anotaciones en la agenda de Zapatero podría derivar en la nulidad del caso, ya que explica que este tipo de actuaciones deben de ir acompañadas por una clausura de reserva por parte del juez. Es una clausura que marca que una vez realizados los registros y las escuchas, se ha de destruir todo lo que no esté relacionado con el motivo de la investigación.
Por último, remarca que debe de abrirse una investigación para esclarecer cómo ha llegado a la prensa esta información. Indica que este ha sido uno de los acontecimientos más graves que ha presenciado a lo largo de su trayectoria profesional y que considera que se ha de actuar, ya que parece que podría haberse cometido un delito.
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