Un informe de la Agencia Tributaria ha desvelado que Víctor de Aldama lleva sin declarar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) desde el año 2015. Este hecho ha sido analizado en profundidad en el programa Malas Lenguas por Joaquín Urías, catedrático de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional. Durante su intervención, el experto jurídico no ha dudado en mostrar su estupefacción ante la laxa situación legal del investigado y la falta de medidas cautelares severas.

Urías ha sido contundente al calificar los hechos revelados por Hacienda: "Efectivamente aquí parece que hay un delito fiscal". El jurista ha querido diferenciar de inmediato este caso del de un contribuyente ordinario, subrayando la gravedad y la premeditación de la evasión: "Este hombre ha defraudado millones a Hacienda, no se trata de una trama que haya dejado de pagar el impuesto de la renta como un ciudadano, cosa que en ocasiones cuando un ciudadano no paga el impuesto de la renta inmediatamente cae sobre él el peso de Hacienda y eventualmente de la justicia".

Según el análisis del exletrado, el comportamiento de Aldama va mucho más allá de un simple impago: "En este caso hablamos de muchos millones que no ha pagado, que ha transferido a otros lugares, que ha defraudado, que ha escondido".

El presentador del espacio, Jesús Cintora, puntualizó que, al haber utilizado la fórmula de "sociedades interpuestas para ir librándose", se trataría de un "delito fiscal agravado". Ante esto, Urías ha afirmado que hay "indicios más que de sobra de que efectivamente ha cometido un delito fiscal" y ha recordado que, "por cada delito fiscal agravado, pues parece que se le podía condenar a una pena de 6 años".

Ante la magnitud de esta evasión continuada, el catedrático se ha mostrado muy crítico con las decisiones adoptadas por los tribunales. Tal y como ha sentenciado de forma tajante: "Esto debería dar lugar a una responsabilidad penal y se tendría que haber tenido en cuenta antes de dejarlo en libertad".

Urías ha recordado que el empresario está a la espera de un juicio por el que se le piden "muchos años", y ha comparado su suerte procesal con la de otros investigados: "Por menos de eso hay personas a las que se decreta la prisión provisional, no por el caso este que acabamos de entender, sino por el caso de hidrocarburos".

En esta misma línea, el catedrático ha insistido en que, frente a un posible horizonte penal de seis años por un delito agravado, "normalmente en situación parecida, bueno habría ya quien estaría hablando de riesgo de fuga, ya habría quien habría pedido que se pongan medidas cautelares y evidentemente, cautelarmente, por ese segundo delito habría entrado en prisión".

Finalmente, el exletrado del Tribunal Constitucional ha expresado su total incredulidad ante las condiciones bajo las que Aldama ha evitado la cárcel. "Se hace un poco más difícil todavía de entender la decisión de que este señor ha salido simplemente con una condena a trabajos comunitarios y pagar creo que eran 72.000 euros", ha señalado Urías.

El jurista ha cuestionado duramente que se le haya rebajado la pena y suspendido la entrada en prisión, recordando que para que se aplique esa suspensión la ley exige "que no haya reiteración delictiva, que sea tu primer delito". Al sumar los distintos frentes judiciales de Aldama, Urías ha concluido que todo lo que envuelve a esta decisión judicial es, "como mínimo vamos a decir que generoso o irregular".

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