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La polémica por los contactos entre el PP y el entorno de Koldo García no solo no concluye, sino que halla nuevos capítulos al situar ahora los populares a Cuca Gamarra en el centro de las explicaciones de la formación. Alberto Núñez Feijóo ha remitido a su antigua secretaria general la responsabilidad sobre las relaciones de los servicios jurídicos del partido con el exasesor de José Luis Ábalos y sus abogados, después de que este denunciara que recibió una oferta de hasta un millón de euros para colaborar contra el Gobierno de Pedro Sánchez y hacer afirmaciones, aunque fueran mentira, que comprometieran seriamente al presidente español, a su equipo y su entorno. Una acusación que los populares niegan, aunque han terminado reconociendo que sí hubo encuentros entre sus representantes legales y la defensa del exasesor.
El presidente de los populares abordó el asunto durante la entrevista a Jordi Wild. En el estudio del creador de contenido español, cuyo pódcast es uno de los más escuchados de habla hispana, reconoció que los encuentros entre el abogado del PP, Alberto Durán, y la defensa de García podían haberse producido, aunque negó que su partido hubiera ofrecido dinero a cambio de una declaración. "No tiene autorización nadie para ofrecer no un millón, sino un euro", aseguró. Al mismo tiempo, se desentendió del conocimiento concreto de esas conversaciones y defendió que Gamarra es quien "lleva en el partido los asuntos relacionados con tribunales".
Feijóo trató de rebajar también la relevancia de Durán dentro de la organización. Sostuvo que el letrado no se ocupaba habitualmente de los procedimientos penales que afectan al PP en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, pese a que había dirigido durante años los servicios jurídicos de la formación y desempeñado un papel destacado en causas como el caso Bárcenas. En este último procedimiento, incluso fue acusado del borrado de los ordenadores del extesorero del partido. El líder popular insistió en que su responsabilidad consiste en responder por las actuaciones de la organización, pero evitó aclarar qué información tenía sobre los contactos.
La explicación supone, ahora, un notable cambio respecto a la primera reacción de la dirección popular. Cuando trascendieron las reuniones, la portavoz de campaña, Esther Muñoz, negó tajantemente que se hubieran producido. "Le estoy diciendo que no ha habido ninguna reunión", afirmó entonces. Sin embargo, el partido acabó admitiendo su existencia y fue la propia Gamarra quien tuvo que pronunciarse. La dirigente rechazó dar credibilidad a las declaraciones de Koldo García, al que calificó de presidiario condenado, y consideró que su testimonio no merecía más atención.
La versión que trasladan distintas fuentes internas a elDiario.es apunta, no obstante, a que la intervención de Gamarra en estos asuntos iba más allá de una supervisión general. Según esas voces consultadas por el mencionado medio de comunicación, ningún integrante de la asesoría jurídica se reunía con abogados vinculados a investigados sin su conocimiento y autorización previa. Además, la vicesecretaria recibía información sobre el contenido de los encuentros. Algunas fuentes del partido ya la señalaban cuando recientemente se conoció que Durán era apartado de las principales causas en las que el partido está personado, una decisión que relacionaban con las discrepancias entre ambos.
Las versiones enfrentadas sobre las reuniones
La controversia ha ganado intensidad tras la información publicada por ABC sobre dos supuestas reuniones celebradas en mayo de 2025. El periódico asegura que existirían grabaciones de esos encuentros y que una de ellas recogería una conversación entre Koldo García, sus abogados y Alberto Durán sobre un posible pago a cambio de la colaboración del exasesor. Según esa versión, habría sido el que fuera asesor de Ábalos quien propició el encuentro y quien habló de la cuestión económica, mientras que el representante del PP no habría ofrecido ninguna remuneración.
Sobre estos hechos, ABC sostiene, además, que en una segunda reunión la entonces abogada de García, Letizia de la Hoz, habría solicitado entre dos y diez millones de euros por la información que supuestamente tenía su cliente. El diario afirma que Durán se desentendió de esa petición y emplazó a la defensa a buscar financiación a través de un medio de comunicación.
La publicación de estas informaciones ha abierto un nuevo frente de contradicciones. Desde Moncloa niegan que el Gobierno o el PSOE dispongan de grabaciones de los encuentros, mientras que De la Hoz ha exigido una rectificación a ABC. La letrada cuestiona el relato sobre lo sucedido, especialmente que fuera ella quien reclamara dinero para su cliente, aunque no niega que se reuniera con Durán. El PSOE, por su parte, ha denunciado al PP, a OkDiario y a su director, Eduardo Inda, por los pagos de la defensa de García y por una posible obstrucción a la justicia. Este último medio de comunicación abonó, según se ha podido conocer en los últimos días, 242.000 euros, IVA incluido, por la defensa del exasesor durante el juicio celebrado en el Tribunal Supremo.




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