Feijóo promete una ley del concebido no nacido como la de Ayuso si llega a La Moncloa

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a marcar el paso de Génova. En la mañana de este lunes, Alberto Núñez Feijó se ha comprometido a que, si llega a La Moncloa, sacará adelante una ley nacional "para que el concebido no nacido tenga repercusión" en las ayudas y subvenciones del sector público, elevando así a nivel estatal la ley impulsada por la presidenta regional que fue aprobada la semana pasada en la Asamblea autonómica pese a la polémica acumulada.

Él mismo lo ha confirmado en una entrevista en Espejo Público, donde, no obstante, ha querido desmarcarse como el primero, recordando que ya hizo una normativa en este sentido cuando estuvo al frente de la Xunta de Galicia. "Cuando una mujer está esperando un hijo, entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas, en las subvenciones del sector público", decía, presumiendo de que "lo hice en el año 2011 en Galicia" y explicando que "la presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea de Madrid".

Acto seguido, entonaba su promesa de llegar al trono de La Moncloa: "Si tengo responsabilidad de Gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando".

Ayuso acaba el curso sacando adelante la ley del concebido no nacido en la Asamblea

En el caso de la Comunidad de Madrid, los votos de PP y Vox en la Asamblea de Madrid dieron luz verde a la norma, pese a las protestas de la oposición, en el último pleno del curso. De hecho, el texto era aprobado en un pleno extraordinario que contenía un único punto del día.

Como consecuencia, desde el pasado jueves, los niños en camino contarán para la unidad familiar pese a que PSOE y Más Madrid votaron en contra. La diputada socialista Lorena Morales entonó un discurso muy duro y advirtió que, desde su partido, "acudirán a la instancia que haga falta" para suspender la ley, mientras que la formación de la izquierda alternativa lamentó que se trata de una ley que "queda muy lejos de lo que necesitan las familias madrileñas". 

La norma original ha incorporado varias enmiendas impulsadas por el PP con el objetivo de unificar los criterios de acceso a las ayudas, permitir que la ley pueda modificarse mediante decreto y abrir vías administrativas alternativas para aquellas personas que no puedan tramitar las solicitudes de forma telemática. Durante el debate parlamentario, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, defendió la propuesta asegurando que "es una ley a favor, que no va en contra de nadie ni de nada y que no colisiona con ningún otro texto legal, solo con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda y la ultraizquierda".

En su intervención, García Martín reivindicó el proyecto con un discurso de marcado carácter conservador y apeló a unas recientes declaraciones del papa León XIV sobre el aborto. En ese contexto, recordó que "toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso", para sostener que las administraciones públicas tienen la responsabilidad de "cuidar, apoyar y proteger" tanto esa vida como a las madres y las familias que esperan un hijo. Una postura que, sin embargo, contrasta con la actuación del Gobierno madrileño respecto al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, donde las dificultades para garantizar este derecho siguen siendo una realidad.

El consejero rechazó que exista incompatibilidad entre la defensa del concebido y el respaldo a los derechos de las mujeres. A su juicio, ambas posiciones pueden convivir con el apoyo a "la posición de las familias que quieren tener un hijo". En esa línea, contrapuso esta iniciativa a lo que calificó como una "política útil frente a una política en blanco y negro de una izquierda sectaria y anclada en viejas consignas", asegurando además que la propuesta refuerza "la eficacia y la coherencia". Un discurso que volvió a recurrir a la confrontación política y a descalificaciones hacia la oposición.

Para concluir su intervención, García Martín defendió que "reconocer al concebido no nacido es una iniciativa sensata, útil y necesaria. Porque no hay causa más justa, más necesaria y más digna que la defensa de la vida y el apoyo a la familia donde crecerá". Un alegato centrado en la protección del no nacido que, sin embargo, vuelve a abrir el debate sobre el respaldo que reciben esas mismas familias una vez nacen los menores, especialmente aquellas que no cuentan con los recursos económicos suficientes y que quedan fuera de las políticas que benefician a las rentas más altas impulsadas por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.