El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a criticar con dureza la ley de amnistía destinada a cerrar judicialmente el capítulo del procés catalán, después de que el Tribunal Constitucional la haya considerado ajustada a la Carta Magna. Desde Bruselas, Feijóo ha insistido en calificar la norma como "ilegal", "inmoral" y "una transacción corrupta", en un discurso que, más allá del análisis jurídico, parece buscar respaldo en las instituciones europeas frente a lo que considera un atentado contra el Estado de derecho.
La sentencia del Constitucional, con seis votos favorables de los magistrados del ala progresista y cuatro en contra del sector conservador, ha sido el detonante de la última ofensiva verbal del presidente del PP. A pesar de asegurar que respeta la decisión del alto tribunal, Feijóo no ha ocultado su desacuerdo ni ha dudado en deslegitimar la resolución al subrayar que proviene de un órgano “dividido”, una observación que, en términos democráticos, no invalida la decisión adoptada por mayoría.
"La amnistía es una vergüenza para cualquier demócrata, diga lo que diga un Tribunal Constitucional dividido", afirmó Feijóo, apelando a una noción de democracia que parece contraponer su interpretación moral con los mecanismos institucionales establecidos. Resulta cuando menos llamativo que quien ha ocupado responsabilidades ejecutivas durante años se aferre ahora a una lectura parcial de la legitimidad constitucional.
Durante su intervención en Bruselas, tras participar en una reunión del Partido Popular Europeo, Feijóo reiteró que la amnistía no está contemplada en la Constitución y que su ausencia fue una decisión explícita de los constituyentes. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha concluido lo contrario: que la ley no vulnera el texto constitucional y que persigue una finalidad legítima dentro de un marco democrático.
El líder popular no ocultó su esperanza en que la Unión Europea corrija lo que, a su juicio, ha sido un error del sistema judicial español. En concreto, confió en que el informe sobre el Estado de Derecho que debe presentar la Comisión Europea refleje una visión crítica sobre la amnistía. Feijóo agradeció incluso que los servicios jurídicos comunitarios se hayan referido a la ley como una “autoamnistía”, concepto que, conviene recordar, no es un término jurídico sino una etiqueta política con una fuerte carga ideológica.
En su análisis, Feijóo no escatimó comparaciones y vinculó la decisión del Constitucional con otras que tampoco han contado con su beneplácito, como los indultos del caso de los ERE. Además, arremetió contra el negociador del PSOE, Santos Cerdán, recordando que está imputado por corrupción, y elevando así el tono de su denuncia al sugerir que la ley de amnistía es el resultado de un acuerdo entre actores presuntamente corruptos.
“Ya era difícil estar ante un supuesto de corrupción política, económica, moral y familiar más grande que en esta ley”, declaró Feijóo, sin matizar a qué se refería con “familiar”, lo que sugiere una deriva retórica más emocional que jurídica. También acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber usado la amnistía como moneda de cambio para mantenerse en el poder, insistiendo en que esta medida no figuraba en el programa electoral socialista.