Feijóo entierra sus líneas rojas y asume que el camino a La Moncloa pasa por Vox

La estrategia de Alberto Núñez Feijóo para llegar a La Moncloa ha ido dejando atrás una de sus principales promesas políticas: gobernar sin compartir el poder con Vox. Lo que durante meses se presentó como una apuesta por un Ejecutivo del Partido Popular en solitario y con unas líneas rojas definidas se ha transformado en una disposición explícita a negociar gobiernos de coalición y aceptar acuerdos con la formación de Santiago Abascal. El cambio no es únicamente retórico, ya que los pactos autonómicos han demostrado que, cuando los números no bastan, lo que otrora eran límites ahora pueden convertirse en materias de negociación. 

A su vez, este domingo en una entrevista con El Periódico, el gallego explicitó esta posibilidad: "Ni cordón umbilical ni sanitario. Los pactos en cuatro autonomías que tenemos con ellos funcionan". En la misma línea, el PP oficializaba el sábado que Xavier García Albiol sería su cabeza de lista por Barcelona en las elecciones del 29 de noviembre, en lo que puede interpretarse como una declaración de intenciones. Albiol es conocido, especialmente en Badalona, de donde es alcalde, por mantener un tono muy duro contra la inmigración y contra la okupación. Sobre este segundo asunto, Feijóo ha prometido también que, en caso de llegar a La Moncloa, Albiol será precisamente el responsable de exponer y redactar una potencial Ley Antiokupación. Todos estos movimientos tienen una intencionalidad clara. 

La cuestión ya no es si Feijóo estaría dispuesto a gobernar con Vox. Esa incógnita ya ha quedado despejada hacia la afirmación. La cuestión se centra ahora en cuánto del programa popular tendría que adaptar para conseguirlo y qué margen conservaría para imponer sus propias condiciones sin asumir los marcos de la extrema derecha. El líder del PP mantiene que aspira a gobernar en solitario, pero en junio de 2026 reconoció públicamente que aceptaría un Gobierno de coalición si así lo decidían las urnas. Al mismo tiempo, insistió en que existirían límites relacionados con la Constitución, el Estado autonómico, las políticas de igualdad, las cuentas públicas y la inmigración.

La contradicción política es evidente. Por un lado, el PP insiste en querer conservar la imagen de una fuerza de gobierno con autonomía programática, pero su estrategia de alianzas se apoya cada vez más en un partido que exige traducir su peso electoral en poder institucional y cambios concretos de políticas públicas para imponer la agenda ultraconservadora.

De las líneas rojas a los acuerdos de gobierno

La evolución de Feijóo se entiende mejor al observar los acuerdos autonómicos. Durante el ciclo electoral de 2026, el PP ha necesitado negociar con Vox para garantizar gobiernos en varias comunidades. En Extremadura, el pacto firmado en abril incluyó 74 medidas, entre ellas el endurecimiento de la política migratoria y rebajas fiscales. Posteriormente, los acuerdos alcanzados en otras autonomías ampliaron ese marco de colaboración. El dato político más significativo es que la cooperación ha dejado de limitarse a una votación de investidura, y que los acuerdos han pasado a incorporar medidas programáticas, reparto de responsabilidades y compromisos de actuación. Según la información publicada por RTVE el 3 de julio, los pactos autonómicos han recogido propuestas de Vox sobre inmigración, vivienda, familia y educación, incluida la denominada prioridad nacional.

Este recorrido debilita la idea de que el PP puede mantener una separación nítida entre sus principios y las exigencias de Vox mientras depende de sus votos. En las negociaciones donde Vox resulta decisivo, algunas de sus prioridades han pasado a formar parte de programas de gobierno respaldados por los populares o, al menos, a tenerlos en consideración como aceptables para conseguir formar gobierno.

Inmigración e igualdad: las líneas rojas más difíciles de sostener

La política migratoria ilustra con claridad el desplazamiento. Feijóo ha defendido una inmigración ordenada y vinculada al cumplimiento de la ley, pero también ha aceptado negociar acuerdos que incluyen fórmulas mucho más agresivas bajo los marcos de Vox. La prioridad nacional, tal como la defiende la ultraderecha, es simplemente una premisa ideológica, pero no constituye una categoría jurídica que permita excluir automáticamente a los extranjeros de cualquier prestación o servicio. La igualdad y las políticas de género, no obstante, sí plantean un escenario legislativo más tangible.

Feijóo ha situado estas materias entre los límites que no querría traspasar en una negociación estatal. Sin embargo, la cooperación con Vox obliga a resolver diferencias sobre la legislación de violencia de género, los programas de igualdad, las políticas LGTBI y el destino de determinadas subvenciones. El resultado puede ser una negociación constante entre las declaraciones nacionales del PP y los compromisos asumidos en cada territorio, máxime teniendo en cuenta que en algunas autonomías en las que la extrema derecha tiene responsabilidades, ya se ha procedido a ciertas derogaciones y modificaciones de leyes de esta índole.

Vox gana capacidad de negociación

Para Abascal, el valor de su representación parlamentaria reside en condicionar la formación y la actividad de los gobiernos, como si la candidatura fuese directamente a la vicepresidencia del Gobierno y a ganar la mayor influencia posible sobre un hipotético Ejecutivo liderado por Feijóo. La experiencia autonómica refuerza esa estrategia, ya que la ultraderecha se ha desenvuelto en el terreno de reclamar consejerías, introducir medidas en los programas y exigir mecanismos de cumplimiento.

El PP, por su parte, tiene incentivos para cerrar acuerdos que eviten bloqueos institucionales o nuevas elecciones, pero esa necesidad también reduce su margen de negociación cuando no dispone de una alternativa parlamentaria a la de la extrema derecha. El documento marco presentado por los populares en febrero de 2026 defendía la proporcionalidad en el reparto del poder y el compromiso de aprobar los presupuestos durante la legislatura, con el objetivo declarado de construir acuerdos estables y evitar negociaciones improvisadas. Sin embargo, esas reglas no alteran el espacio político: si los escaños de Vox son imprescindibles, el PP tendrá que negociar igualmente con ellos.