Acaban de celebrarse elecciones autonómicas en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Hemos asistido a mítines, debates y declaraciones sin descanso. Pero basta con hacer una prueba sencilla: preguntar a cualquier votante de la derecha o la extrema derecha por una medida concreta de sus programas electorales. En la mayoría de los casos, la respuesta será el silencio. Y no, no es responsabilidad de la ciudadanía; es el resultado de campañas concebidas precisamente para ocultar aquello que resulta más incómodo de explicar.
Porque de lo que se ha hablado no ha sido de sanidad, educación o vivienda. El gran “debate” se ha limitado a una cuestión: si PP y VOX serán capaces de ponerse de acuerdo para gobernar. Nada más. Y lo llamativo es que esos gobiernos autonómicos a los que aspiran son, para VOX, instituciones prescindibles que habría que desmantelar para recentralizar el poder en Madrid. Gobernar para vaciar de contenido lo que se gobierna: una paradoja tan evidente como reveladora.
El análisis de fondo no mejora el diagnóstico. Se aspira a gestionar la sanidad para debilitar la sanidad pública, la educación para desplazar la enseñanza pública en favor de la privada y la Hacienda pública para recaudar menos… mientras se promete hacer más. Un equilibrio imposible que ni la física cuántica sería capaz de sostener: menos ingresos, más gasto y, cuando las cuentas no cuadran, que la factura recaiga sobre quienes menos tienen.
Porque ese es, en esencia, el modelo. Si algún día PP y VOX gobiernan juntos en España, no lo harán para reforzar el Estado, sino para reducirlo a su mínima expresión. Y lo que quede, dejarlo en manos de grandes corporaciones y de los multimillonarios que financian campañas y que, a diferencia de muchos votantes, sí conocen —y en ocasiones redactan— esos programas.
El ejemplo es bien conocido: Estados Unidos. El país más rico del mundo, con más del doble de renta per cápita que España, donde decenas de millones de personas no pueden permitirse atención médica. Un país con una esperanza de vida muy inferior a la nuestra y en el que no resulta extraño ver a personas de más de 80 años trabajando en supermercados para poder completar ingresos.
El papel del Partido Popular merece una reflexión aparte. Antes de las elecciones, insiste en que aspira a gobernar en solitario para no depender de VOX —lo que invita a pensar que discrepa de sus planteamientos—. Tras los resultados, cuando necesita sus votos, apela a la “responsabilidad” de Abascal. Y, cuando esa apelación no prospera —que es lo habitual—, termina rogándoles que se incorporen al gobierno. No se trata tanto de una cesión como de una coherencia de fondo: ambos comparten una misma dirección política, con diferencias más de grado que de naturaleza.
VOX, por su parte, condensa su discurso en tres ejes: inmigración, inseguridad e impuestos. Problemas reducidos a su mínima expresión, soluciones ineficaces y un culpable recurrente: el más vulnerable. Nunca las grandes corporaciones que condicionan los precios, ni los fondos de inversión que tensionan el mercado de la vivienda. Siempre el eslabón más débil.
Mientras tanto, la realidad ofrece un panorama más complejo: España necesita inmigración para sostener su economía, se encuentra entre los países más seguros del mundo y presenta una presión fiscal por debajo de la media europea. Pero esos datos, que no permiten construir un relato basado en la culpabilización de los más débiles, simplemente quedan fuera del discurso.
A la izquierda le corresponde una tarea más exigente: explicar problemas complejos y proponer soluciones que no caben en un eslogan. Pero hay una idea que conviene afirmar con claridad: el verdadero conflicto no es entre quienes menos tienen, sino entre quienes concentran cada vez más riqueza y quienes ven cómo se estrechan sus oportunidades. Pese a esta evidencia, hoy por hoy el ruido sigue imponiéndose al análisis y la simplificación al sentido común.
Manel de la Vega
Senador del PSC