Tras Extremadura y Aragón, la Comunidad Valenciana: Vox empieza a imponer su 'prioridad nacional' en las negociaciones de presupuestos

Los analistas del Partido Popular (PP) no fueron capaces de delimitar el impacto que tendría comprar las tesis racistas de Vox. Dos palabras, “prioridad nacional”, que han sumado a los de Alberto Núñez Feijóo a la persecución racial impulsada por la internacional ultra, que ahora intentan huir hacia delante negando lo que ellos mismos han firmado. “Es arraigo”, claman, como si esto llevado en grado máximo a la práctica no persiguiese unos efectos similares. Pero esta puerta de escape está cerrada y lo firmado tiene un peso que la agrupación de Santiago Abascal piensa hacer valer.

Génova quiere sus sillones autonómicos y si para ello es necesario entregarle varias carteras, vicepresidencias y el relato a Vox, no dudará. Así ha quedado constatado en Extremadura y Aragón. María Guardiola y Jorge Azcón se han garantizado otros cuatro años al frente de sus Comunidades Autónomas (CCAA), pero no podrán respirar tranquilos, salvo que renuncien a su impostada moderación, en ningún momento de la legislatura. La ultraderecha ha encontrado una grieta y piensa agrandarla en las regiones en juego o pendientes de conformar Gobierno, pero también en las ya consolidadas.

Castilla y León será la próxima en incluir la “prioridad nacional” en su pacto. Se da por sentado. Si bien el Partido Popular también tendrá que posicionarse en otros territorios en los que depende de los extremistas, como bien saben en la Comunidad Valenciana. Vox piensa obligar a sus socios a posicionarse en referencia a la “prioridad nacional” en todas las administraciones que les sea posible y a la dirección nacional del partido de la oposición ya se le están acabando las excusas cuando del debate apenas acaba de comenzar.

Juanfran Pérez Llorca, sustituto de Carlos Mazón que ya tuvo que asumir los deseos de Vox para mantener el poder en la Comunidad Valenciana, es el siguiente en la lista de Vox. Los Presupuestos de la región están pendientes y si el barón del PP quiere sacarlos adelante deberá asumir que su firma se plasmará en un documento que incluirá la “prioridad nacional”. El tiempo apremia y el líder de la Generalitat no quiere ni plantearse asumir el 2027, periodo electoral, si unas Cuentas autonómicas.

Los trece diputados de Vox piensan presionar hasta la extenuación para conseguir introducir sus coletillas. Lo mollar está preparado desde hace tiempo y la ultraderecha ni siquiera es lo que más le preocupa. Sin embargo, que quede constancia de que el reparto de vivienda protegida o la asistencia sanitaria se regirá por el principio de “prioridad nacional”, aunque ilegal, es su principal victoria. Sobre todo por el movimiento de linde que supone para le Partido Popular, que ya ve el centro político desde un extremo muy lejano de la parcela.

"No tengáis ninguna duda que nos vamos a dejar la piel hasta que los españoles sean la prioridad de los gobiernos de la nación, de los gobiernos regionales y de los ayuntamientos en toda España”, ha advertido el cabecilla de la extrema derecha a Feijóo. Abascal ha pronunciado estas palabras desde Huelva, advirtiendo a Juan Manuel Moreno Bonilla de lo que le espera si no consigue la mayoría absoluta, pero ha resonado con fuerza en el Palau de la Generalitat Valenciana.

"Han decidido traicionar a nuestro pueblo porque lo odian, porque no pueden pisar las calles de España. Han decidido sustituir al pueblo español, vendernos y traicionarnos. Y no vamos a consentirlo y lo vamos a detener”, ha prodigado Abascal su discurso fascista. “Hasta que todos los políticos de España, desde los que están en el Congreso hasta los que están en el último ayuntamiento, se pongan al servicio de la patria y al servicio de los españoles y no al servicio de los de fuera, de los ilegales y al servicio de tiranos de otros lugares”, ha insistido en su amenaza.

El Partido Popular ya sabe lo que le espera. La “prioridad nacional” es la línea roja que ha elegido Vox y, una vez que han sucumbido Guardiola y Azcón, no parece que vaya a existir barón autonómico, ni que decir de la dirección nacional, que reniegue de pactar por el aro. Las excusas del “arraigo” y las negaciones de lo firmado se presuponen. Y mientras esta pugna política se sucede, el discurso racista seguirá permeando y extendiéndose por las calles, poniendo en peligro a los migrantes y complicando aún más sus vidas diarias.