El uso que Carlos Mazón hace del aforamiento que le concede su escaño en Les Corts para evitar ser juzgado, la crisis violenta vivida en Torre Pacheco cargada de un gran componente racista, el escándalo de los cribados del cáncer de mama en Andalucía o el acoso que los grupos antiabortistas ejercen sobre las mujeres a las puertas de las clínicas son algunos de los puntos señalados por la Unión de Libertades Civiles por Europa (Liberties), formada por 40 ONG de 22 países, en su Informe sobre el Estado de Derecho 2026. Un estudio en el que el principal grupo europeo de defensa de las libertades civiles ha mostrado preocupación en torno a distintos elementos que dibujan, tal y como remarcan, un complejo panorama en España.
Si bien, uno de los asuntos que mayor protagonismo ha recabado en este informe y sobre el cual ha pivotado, en buena medida, el informe para poner en cuestión el Estado de Derecho en España ha sido la condena a Álvaro García Ortiz.
Aún queda en el recuerdo, y sigue latente, toda la controversia que generó este proceso judical. Desde su apertura planteando la posible comisión de un delito por parte del que fuera fiscal general del Estado tras un bulo lanzado por el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, hasta el poco peso que tuvieron los testimonios de los periodistas que prestaron declaración y pasando por las pocas consecuencias que sus actos dejaron para Miguel Ángel Rodríguez, o cómo el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid llegó a ser presentado por algunos, incluso, como víctima.
Una nota de prensa, en la que se desmentía el bulo propagado por el jefe de gabinete de Ayuso, información falsa que él mismo reconoció haber propagado, derivó en una condena que no solo se tornó histórica. Entre otros motivos, no solo por ser la primera vez que se veía en un banquillo a un fiscal general del Estado, sino por cómo fue comunicada y todas las dudas que hubo en torno a si pudo haber influencia externa en los jueces que conformaban el tribunal.
García Ortiz fue cesado de su cargo, por orden judicial, después de haber intentado arrojar luz a los intentos de Miguel Ángel Rodríguez de adulterar la causa que había llevado al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid a los tribunales. El que fuera fiscal general del Estado respondió con una nota de prensa, que provocó su propia condena, a las informaciones falsas remitidas por Miguel Ángel Rodríguez, quien aseguraba a distintos periodistas que la Fiscalía había propuesto un pacto a Alberto González Amador, cuando la realidad era que la pareja de Ayuso pretendía llegar a un acuerdo reconociendo haber cometido un doble fraude a la Hacienda Pública.
Ahora, pasados unos meses, la Unión de Libertades Civiles por Europa asegura en su informe que el final del juicio a Álvaro García Ortiz plantea en España "interrogantes fundamentales sobre la independencia judicial, la politización de los procesos penales contra altos cargos y la utilización del sistema de justicia con fines partidistas”. De esta manera, apunta a que hubo pruebas clave que no pudieron ser recuperadas ni por Google ni por WhastApp, pero que, sin embargo, fueron consideradas indiciarias para la condena, sentando, tal y como subrayan, "un precedente peligroso". No solo eso, sino que también pone en cuestión que el Partido Popular haya presentado el final del juicio como "un éxito".
Así, el informe muestra preocupación porque "la condena penal del Fiscal General representa la culminación de décadas de captura partidista del poder judicial, ahora en una fase avanzada de consolidación”.