No se trata de casos aislados ni de meras casualidades del calendario. Lo que España está viviendo en estos días es la consumación de una estrategia política perfectamente coordinada, cuyo único objetivo es subvertir los resultados de las urnas mediante la destrucción sistemática del adversario. Una pinza invisible pero feroz que conecta el bulo en redes sociales, el activismo en los juzgados y el desgaste reputacional para asfixiar a los liderazgos progresistas.
El primer eslabón de esta maquinaria opera en los márgenes de la comunicación. La Mesa del Congreso de los Diputados ha sentado un precedente higiénico e indispensable al retirar por tres meses la acreditación de prensa al agitador ultra Vito Quiles. No estamos ante una sanción a la libertad de información, sino ante la obligada defensa de las instituciones frente al “escuadrismo digital”. Personajes que no acceden a la sede de la soberanía nacional para informar, sino para acosar, vulnerar reglamentos- como la grabación ilícita y sin autorización a nuestros propios referentes dentro de la Cámara- y fabricar la desinformación masiva que luego sirve de munición para la extrema derecha. El Congreso ha puesto un límite a la impunidad del insulto y al descrédito de una profesión tan noble como el periodismo.
El problema es que esos bulos no se quedan en el eco de las redes sociales; tienen un destino jurídico diseñado de antemano. La maquinaria ultra utiliza los recortes de prensa falsos y las denuncias anónimas para activar causas judiciales con un claro impacto político como vemos con claridad en el hostigamiento judicial a Begoña Gómez. La utilización del entorno familiar para quebrar la resistencia psicológica de los líderes de la izquierda busca deshumanizar la acción política y generar titulares lesivos en momentos de máxima sensibilidad. Es la doctrina de la sospecha permanente elevada a procedimiento judicial.
Pero la estrategia de demolición es ambiciosa y no se conforma únicamente con desestabilizar el presente; aspira también a empañar el pasado y el orgullo de las siglas. Las constantes campañas y ataques hacia el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, mediante su reciente imputación judicial en el caso Plus Ultra, son la máxima expresión de esta cacería. Se ataca sin piedad al presidente de los avances sociales, de los derechos civiles y de la modernización de este país sobre la base de indicios endebles que solo buscan armar la campaña de “corrupción asfixiante” con la que el Partido Popular intenta justificar su falta de proyecto para España.
Frente a esta triple alianza que conecta el bulo digital, la persecución familiar y el hostigamiento judicial a nuestros referentes históricos, la respuesta de la ciudadanía demócrata debe ser implacable. No es tiempo de titubeos ni de dar un solo paso atrás. Defender la honorabilidad de Zapatero, el respeto a las instituciones del Estado y el derecho a una información veraz es el único camino para garantizar que la legitimidad de nuestra democracia se siga decidiendo en las urnas y nunca en las terminales del fango político.
Diego Ruiz Ruiz es militante del PSOE de Toledo capital
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