El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a elevar el tono político con un mensaje en redes sociales en el que ha calificado el caso vinculado a los papeles de Bárcenas y la operación Kitchen como “el mayor caso de impunidad de nuestra democracia”, en reacción a una información publicada por elDiario.es que ha vuelto a poner el foco sobre las responsabilidades políticas del Partido Popular y sobre la figura de Mariano Rajoy.
El tuit de Puente no ha surgido en el vacío. Todo lo contrario, ha llega en plena reactivación del debate sobre la corrupción estructural que marcó una etapa del PP, coincidiendo con el juicio del caso Kitchen, una trama que, según las investigaciones, habría movilizado recursos del Ministerio del Interior para espiar ilegalmente a Luis Bárcenas y sustraer documentación comprometedora para la cúpula popular. Para el ministro, la dimensión del escándalo no ha residido únicamente en la supuesta financiación irregular del partido, sino en el blindaje político e institucional que, a su juicio, permitió evitar responsabilidades.
La información de elDiario.es ha recuperado un elemento demoledor: la treintena de referencias a Rajoy en los llamados papeles de Bárcenas - “M.R.”, “M. Rajoy”, “Mariano”, “M. Raj.” - que fueron avaladas por los tribunales como parte de una contabilidad paralela cuya existencia quedó acreditada judicialmente. En esos documentos aparecen registrados 322.000 euros en sobresueldos atribuidos al entonces líder popular entre 1997 y 2008.
Lejos de tratarse de anotaciones aisladas o ambiguas, los informes periciales descartaron manipulaciones y concluyeron que los documentos fueron elaborados a lo largo del tiempo. Además, múltiples apuntes similares fueron corroborados por otros beneficiarios que reconocieron haber cobrado de esa caja B. Sin embargo, Rajoy mantuvo siempre la misma línea de defensa: desconocimiento absoluto.
La crítica ha apuntado especialmente al contraste entre la gravedad de los hechos acreditados y el limitado coste político asumido por los responsables. La Audiencia Nacional dio por probada la existencia de una caja B en el PP, condenó a Bárcenas y obligó al partido a responder como responsable civil subsidiario. Pero ningún dirigente de primera fila asumió responsabilidades penales por los sobresueldos reflejados en la contabilidad opaca, en buena parte por la prescripción de delitos o por cuestiones técnicas vinculadas a las cuotas fiscales.
Para Puente, ahí reside precisamente el núcleo del problema. No en una corrupción aislada, sino en un sistema que habría combinado financiación irregular, uso partidista de aparatos del Estado y posterior supervivencia política de sus dirigentes. De ahí su referencia a “impunidad”, un término cargado de intención política que busca retratar al PP no como víctima de casos individuales, sino como beneficiario de una red de protección institucional.