España

Ernesto Ekaizer: “El problema más serio es que las instituciones se han convertido en cloacas”

El periodista presenta 'Estado de golpe' y analiza el papel de los tribunales, los medios y la derecha en los conflictos políticos recientes

El periodista presenta 'Estado de golpe' y analiza el papel de los tribunales, los medios y la derecha en los conflictos políticos recientes

Ernesto Ekaizer acaba de publicar Estado de golpe. Una historia de guerra sucia, un libro en el que reconstruye las relaciones entre política, justicia y medios de comunicación desde los años noventa hasta la actualidad. En esta conversación con José María Garrido, director de ElPlural.com, el periodista aborda las similitudes que aprecia entre las ofensivas contra Felipe González y Pedro Sánchez, el papel del Tribunal Supremo en el procés, las controversias en torno a la amnistía y las conexiones entre determinados magistrados y medios. Sus conclusiones son severas, pero también distingue entre las investigaciones judiciales y la utilización política de sus resultados.

 

 

PREGUNTA: Acabas de publicar Estado de golpe. Una historia de guerra sucia. Es un título muy contundente y un libro que retrata las guerras de poder dentro de las instituciones. ¿Qué te llevó a escribirlo?

RESPUESTA: Lo que me llevó a escribirlo es que he sido testigo, más que periodista, de una serie de acontecimientos del mundo político y jurídico que están muy interrelacionados. Es difícil encontrar a mucha gente que haya seguido todos esos episodios de cerca. Me ha tocado a mí reconstruirlos.

P: Hablas de lo que solemos denominar las cloacas, aunque en el libro vas más allá y entras en las relaciones entre poder político, judicial y mediático. ¿Compartes ese término?

R: Yo tengo mi propio concepto de las cloacas. En España, en mi opinión, no hay estrictamente cloacas. El problema más serio es que las instituciones se han convertido en cloacas. No estamos hablando únicamente de actuaciones ocultas o de personajes que se mueven en los márgenes del Estado. Lo que trato de describir es algo que afecta a las propias instituciones.

P: Para explicar la situación actual te remontas a los años noventa y al llamado Sindicato del Crimen. ¿Qué patrón encuentras entre aquella etapa y la actual?

R: Eso es lo que busco en el libro, una especie de Santo Grial. Jesús Cintora dice que soy una especie de Indiana Jones. Lo que quiero encontrar es el patrón por el cual, en España, la transición política de un partido a otro, la alternancia en el poder, se produce en ocasiones en medio de una crispación enorme, con características que considero golpistas.

Lo vimos durante los gobiernos de Felipe González, especialmente entre 1993 y 1996. En aquella época surgió lo que se llamó el Sindicato del Crimen, una asociación informal de periodistas. Había escándalos muy graves y, en mi opinión, una corrupción sistémica. No se puede negar. Pero esos periodistas desconfiaban de que José María Aznar pudiera capitalizar políticamente los escándalos hasta derrotar a González. Aznar pensaba que ganaría las elecciones y no ganó. Los casos de corrupción existían antes, pero a partir de entonces se colocó sobre ellos un amplificador gigantesco. Hablo de Filesa, de la fuga y la corrupción de Luis Roldán, de Mariano Rubio, de las dimisiones de ministros y, finalmente, del GAL y del secuestro de Segundo Marey. Aquel proceso desembocó en condenas de enorme trascendencia, como las de José Barrionuevo y Rafael Vera. Lo que sostengo es que ese patrón de lucha por el poder reaparece después, sobre todo a partir de 2018 y de 2023. Y lo hace en un contexto diferente, con el PP y también con Vox. Los escándalos de corrupción existen, pero me interesa cómo se amplifican y cómo se articulan las ofensivas políticas alrededor de ellos.

El caso de José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama tiene una dimensión que hay que investigar. Sobre Santos Cerdán, en cambio, sigo planteando preguntas acerca de la concreción de determinados indicios económicos. El hecho de que exista una investigación no nos exime de examinar qué se ha acreditado en cada fase.

Después del fracaso de la investidura de Feijóo, Aznar lanza el conocido “el que pueda hacer, que haga; el que pueda hablar, que hable”. A partir de ahí se produce una secuencia de iniciativas judiciales y políticas, incluidas las promovidas por Manos Limpias contra David Sánchez y Begoña Gómez. Para mí, esa secuencia es fundamental.

P: Hay un episodio del libro que llama especialmente la atención: las sospechas de pucherazo en las elecciones de 1993. La idea de cuestionar la limpieza electoral no nació en 2023...

R: Exactamente. En 1993 aparecen Alberto Ruiz-Gallardón y Javier Arenas hablando de un posible pucherazo. Eran dirigentes relevantes. Se produce una crisis política y, según reconstruyo, Felipe González habla con Juan Carlos I, que a su vez habla con Aznar. Finalmente, Aznar se retira de aquella acusación. No aportaron pruebas de ese supuesto fraude más allá de las acusaciones vertidas por televisión.

En 2023 reapareció ese lenguaje, esta vez alrededor de Correos y del voto por correo. Feijóo habló de las condiciones de trabajo de los carteros y de pagarles horas extraordinarias si llegaba al Gobierno, en un clima en el que se alimentaban las sospechas electorales. Después hemos visto algo que considero todavía más preocupante: la intervención del Tribunal Supremo en la controversia sobre el voto de las personas nacionalizadas mediante la llamada ley de nietos. El ponente de las resoluciones es Antonio Narváez, antiguo magistrado del Tribunal Constitucional. A mi juicio, el problema es que una hipótesis sobre una posible manipulación electoral adquiere otra dimensión cuando se incorpora a una resolución judicial. Eso no equivale a demostrar que exista un pucherazo.

P: En el libro sitúas la Ley de Amnistía en el centro de esa confrontación institucional. ¿Por qué?

R: Porque el grueso de la actividad que cohesiona a una parte de la judicatura frente al Gobierno se desarrolla alrededor de la amnistía. Pero hay que retroceder al procés para entenderlo. Durante el Gobierno de Rajoy se optó por situar el conflicto catalán en la vía judicial. José Manuel Maza, fiscal general del Estado, era una persona muy próxima a Manuel Marchena. La decisión de presentar la querella por los hechos del procés contribuyó a colocar al Tribunal Supremo en el centro de la situación política.

No había base para el delito de rebelión, que exige una violencia específica. Se podía discutir sobre desobediencia y otras conductas, pero la acusación de sedición ofreció una salida jurídica diferente. La Abogacía del Estado, dependiente del Ejecutivo, defendió precisamente esa calificación. Todo esto es esencial para comprender el juicio y la sentencia posterior. Marchena adquiere entonces un enorme protagonismo. La retransmisión del juicio por streaming hizo que se siguiera prácticamente como una serie. En mi libro Cataluña, año cero lo llamé un juicio “a lo Netflix”. No solo reforzó su posición dentro del Supremo, sino también su liderazgo entre muchos jueces de instancias inferiores.

P: Has descrito ese liderazgo como una de las principales diferencias con los años noventa. ¿Qué cambia en el papel de la Justicia?

R: En los años 1993-1996 también intervinieron jueces, pero eran sobre todo jueces estrella. Ahí estaba Baltasar Garzón, que había pasado por la política y después retomó la investigación del GAL; también Javier Gómez de Liaño y otros magistrados. La intervención judicial existía, pero, a mi juicio, tenía un carácter más individual.

A partir de 2018, y especialmente de 2023, creo que la respuesta es mucho más institucional. Ya no hablamos únicamente de jueces aislados, sino de un bloque con un liderazgo reconocible, que yo sitúo en torno al Tribunal Supremo y a las batallas sobre la amnistía. Por eso hablo de “sindicato mediático-judicial”. Los distintos actores saben qué objetivos persiguen. Por ejemplo, hemos visto cómo determinados votos particulares de magistrados del Tribunal Constitucional llegan a los medios antes de su difusión institucional. Eso refleja la existencia de un bloque.

P: En esa reconstrucción dedicas bastante espacio al caso de Aturem el Parlament, las protestas de 2011 contra los recortes en Cataluña. ¿Por qué es tan importante?

R: Porque permite entender que hubo otras interpretaciones jurídicas posibles. La Audiencia Nacional, con Ramón Sáez como ponente, absolvió a varios manifestantes que habían participado en las protestas ante el Parlament. La sentencia daba un peso decisivo al derecho de manifestación. Después, el Supremo revocó aquella absolución.

En 2019, durante el juicio del procés, Cándido Conde-Pumpido defendió en el Tribunal Constitucional una posición que habría permitido dar mayor protección al derecho de manifestación y evitar el efecto disuasorio de las condenas penales. Pero esa deliberación quedó condicionada por la proximidad de la sentencia del procés. Es decir, que se evitó una resolución que pudiera interferir en el trabajo de Marchena. ¿Qué habría ocurrido si se hubiera aprobado esa doctrina? Creo que podría haber cambiado el tratamiento jurídico de algunos conflictos de protesta y, quizá, el curso de parte de la crisis política. Es una valoración contrafactual, naturalmente, pero tiene importancia porque muestra que existían alternativas. Y hay un dato posterior: en septiembre de 2026 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos censuró las condenas por aquellas protestas. Para mí, ese pronunciamiento confirma la relevancia del debate que se había producido años antes.

P: También recuerdas el caso Atutxa. ¿Qué enseñan esos pronunciamientos europeos sobre las decisiones del Supremo?

R: El caso Atutxa fue un primer revés importante. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que se había vulnerado el derecho a un juicio justo al convertir una absolución en condena sin escuchar directamente a los afectados sobre aspectos subjetivos decisivos. No era una declaración sobre la inocencia o culpabilidad de fondo, sino sobre las garantías del procedimiento. Después el Supremo tuvo que anular la condena. El segundo episodio es el de Aturem el Parlament, donde Estrasburgo examinó el equilibrio entre el derecho de protesta y las condenas impuestas. Y el tercero, para mí, es la respuesta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a las cuestiones planteadas sobre la amnistía.

Son tribunales diferentes y asuntos diferentes. No hay que mezclarlos. Pero yo veo un hilo común en las correcciones o límites que llegan desde la justicia europea a determinadas interpretaciones adoptadas en España.

P: Tú sitúas a Marchena como el motor de un círculo que conecta a los tribunales, a determinados medios de comunicación y, después, a la política. ¿Por qué le atribuyes un papel tan central?

R: Porque tiene una gran habilidad y una extraordinaria capacidad de comunicación. Interviene en muchos asuntos y mantiene relaciones fluidas con periodistas. Habla con ellos, intercambia mensajes. Yo creo que eso contribuye a su influencia. Un ejemplo es la investigación que se abrió contra Victoria Rosell cuando era candidata de Podemos en Canarias, en contra de la posición del fiscal. También el papel que desempeñó el fiscal Fidel Cadena en los primeros debates sobre la calificación de rebelión en Cataluña y sobre la competencia del Tribunal Supremo. En una reunión impulsada por José Manuel Maza, Cadena defendió que los hechos debían investigarse como rebelión y en el Supremo, en lugar de quedar en manos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. He contado esa reunión en otros trabajos. Aquella decisión situó al Supremo en el centro del conflicto.

P: Y luego llega la amnistía. En el libro hablas de las "tres murallas" levantadas frente a su aplicación. ¿En qué consisten?

R: La primera es la interpretación de la malversación para considerar que determinados hechos no quedaban amnistiados. La segunda, la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y la tercera, la posibilidad de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante una cuestión prejudicial. Lo interesante es que esa última vía quedó muy condicionada cuando otros órganos judiciales, entre ellos el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, plantearon sus propias preguntas ante Luxemburgo. En julio de 2026, el tribunal europeo respondió a cuestiones centrales sobre la compatibilidad de la ley con el Derecho de la Unión.

Marchena había anunciado en resoluciones que, si el Constitucional aceptaba aplicar la amnistía a la malversación, estudiaría acudir al TJUE. Las respuestas europeas redujeron considerablemente el margen para insistir en cuestiones ya aclaradas. Eso no significa que desaparecieran todas las controversias jurídicas, pero sí que cambió el escenario.

P: El otro gran protagonista político de tu relato es Aznar. ¿Hasta qué punto crees que sus palabras han marcado las actuaciones posteriores?

R: Aznar tiene una gran influencia y utiliza la fórmula que hemos mencionado - "El que pueda hacer, que haga; el que pueda hablar, que hable" -. La repite en distintas ocasiones y tiene un impacto tremendo. Pero yo diría que el verdadero elemento de cohesión de una parte de la judicatura ha sido la amnistía. A eso se suma un componente ideológico. En mi opinión, dentro de una judicatura muy conservadora hay sectores que rechazan profundamente las transformaciones sociales impulsadas por la izquierda: el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la eutanasia. Eso crea un terreno común que no depende únicamente de un partido o de un episodio judicial.

Por eso quería escribir un libro que funcionara como un espejo. No se trata solo de acumular datos, sino de darles una estructura que permita ver las relaciones entre los episodios. Ha sido un trabajo muy duro, sobre todo por la dificultad de ordenar una materia tan extensa.

P: Hablando del libro como espejo, recoges declaraciones de Marchena y asuntos que revelan aspectos de su posición sobre la amnistía que no aparecen con tanta claridad en sus autos.

R: Exactamente. Quiero que Marchena pueda mirarse y reconocer lo que dijo. Por ejemplo, él sostiene que la primera versión del proyecto de amnistía era mejor que la segunda. Mi interpretación es que aquella redacción le habría dejado menos margen para oponerse a su aplicación.

También habla de lo que realmente piensa sobre la amnistía y de una reunión con Pedro Sánchez el 30 de julio de 2020. En el libro reconstruyo cómo se abordó la posibilidad de que presidiera el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Son episodios que ayudan a entender las relaciones institucionales, más allá de las resoluciones judiciales.

Y hay otra cuestión que me parece relevante: Marchena presentó su libro en el Colegio de la Abogacía de Madrid, una institución que había ejercido la acusación popular en el procedimiento contra el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el caso del correo relacionado con Alberto González Amador. Yo creo que esa elección suscita preguntas sobre la apariencia de imparcialidad. Es mi valoración, pero creo que un magistrado debe extremar esas cautelas.

P: En ese contexto destacas la posición de Ana Ferrer, que formó parte del tribunal del procés. ¿Por qué?

R: Porque, si hablamos de valentía, yo se la atribuyo a Ana Ferrer. Participó en la sentencia del procés, aceptó las condenas por sedición y las penas impuestas. Pero después, cuando llegó la amnistía, discrepó de la interpretación que se hacía del delito de malversación. Vino a decir que eso no era lo que el tribunal había condenado en su momento, y utilizó expresiones muy duras, como “ficción jurídica” o “entelequia”.

Para mí fue una decisión valiente porque significó separarse de la posición mayoritaria de sus compañeros. Sostengo que eso tuvo un coste personal dentro de la Sala Segunda. También ha firmado votos particulares en otros asuntos, como el de los ERE. Es importante subrayar que el desacuerdo dentro de un tribunal no convierte a nadie en adversario de la justicia: es parte del trabajo judicial.

P: Tú prefieres hablar de instituciones y no de cloacas. ¿La operación Kitchen es el ejemplo más claro de esa diferencia?

R: Sí. Siempre he discrepado del uso del término "cloacas" para describirlo todo. Pensemos en Kitchen. ¿Cómo vamos a hablar solo de cloacas si en el procedimiento aparecen implicados responsables situados en la planta noble del Ministerio del Interior? Estamos hablando del exministro Jorge Fernández Díaz, de altos cargos de Seguridad y de mandos policiales, entre ellos Eugenio Pino.

La discusión, para mí, no es si había funcionarios que actuaban a escondidas, sino qué responsabilidades podían existir en la estructura formal del poder. Eso es mucho más grave que la imagen de un grupo de agentes operando al margen de sus superiores.

P: El libro llega casi hasta la convocatoria electoral. Pero después se produjo la actuación de la UCO en el Tribunal de Cuentas, ya con la campaña a punto de comenzar. Tú has sido muy crítico con las circunstancias de esa diligencia.

R: Empecé a escribir el libro en julio y pensaba publicarlo en septiembre. Se fue retrasando y la actualidad se aceleró. Llegué a incorporar episodios muy recientes, como la controversia sobre la ley de nietos y algunos movimientos de la campaña, pero la actuación de la UCO en el Tribunal de Cuentas quedó fuera. El Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional que fiscaliza las cuentas de las administraciones públicas y de los partidos, y también ejerce funciones jurisdiccionales en materia contable. Estamos hablando de un organismo de gran relevancia institucional.

Mi crítica se refiere a las condiciones en que se produjo la diligencia. Era una pieza declarada secreta y, sin embargo, las cámaras pudieron grabar a los agentes entrando en su sede. ¿Qué sentido tiene esa exhibición si la investigación está bajo secreto? ¿No podía realizarse de una manera más discreta, además en vísperas del comienzo de la campaña electoral?

Lo que cuestiono es la imagen pública que se produjo y su efecto político. Los agentes permanecieron muchas horas en el tribunal y solicitaron documentación con un plazo de respuesta que coincidía con los últimos días de campaña. A mi juicio, esa secuencia alimenta la impresión de que el PSOE está cercado por una investigación de financiación ilegal, aunque hay que precisar cuál es exactamente el objeto de las diligencias.

La investigación se refiere, entre otras cuestiones, al sistema de reintegros en efectivo de gastos adelantados por cargos del partido y a las posibles irregularidades contables que se están examinando. No podemos convertir automáticamente una investigación sobre esos movimientos en una afirmación acreditada de financiación ilegal. Esa distinción me parece imprescindible.

P: En paralelo, varios jueces han participado en jornadas organizadas por medios de comunicación. Has cuestionado especialmente las de OkDiario. ¿Por qué?

R: Porque el debate no debería limitarse a la independencia formal del juez. Hay que hablar también de la apariencia de imparcialidad. Un magistrado puede impartir conferencias o participar en actividades académicas, pero existe un régimen de incompatibilidades y de autorizaciones que debe respetarse.

A mí me preocupa la relación que se establece cuando un medio que interviene activamente en determinadas controversias judiciales organiza actos con magistrados que pueden tener asuntos relacionados con ellas. Es legítimo preguntarse si esa cercanía afecta a la confianza de los ciudadanos en la imparcialidad de la justicia. En la entrevista hemos hablado de las jornadas de Marbella y de la presencia anunciada de la jueza María Tardón, que finalmente no acudió.

P: Además de esas jornadas, has contado que conoces desde hace años a Eduardo Inda y que incluso te propuso trabajar en su periódico.

R: Sí. Eduardo Inda me ofreció ser responsable de Economía de su diario. Conozco bien cómo fue construyendo su proyecto porque coincidimos cubriendo asuntos como los sobresueldos: él trabajaba en El Mundo y yo en El País.

Cuando salió de El Mundo, creo que identificó un mercado para determinadas informaciones contra Podemos y el independentismo. Creo que había materiales procedentes de ámbitos policiales a los que se podía dar salida a través de un medio. He expresado esta opinión públicamente en otras ocasiones. Es una crítica a un modelo de relación entre información, fuentes y poder que considero muy perjudicial para el periodismo.

P: También has seguido de cerca las actuaciones del juez Juan Carlos Peinado. Incluso escribiste sobre su afición a los caballos de carreras, un aspecto menos conocido de su biografía.

R: Sí. Es una faceta curiosa. Él y su entorno familiar han estado vinculados a los caballos purasangre y a competiciones, especialmente en hipódromos franceses. Pero, más allá de esa actividad personal, lo importante es su actuación judicial.

Por ejemplo, en sus autos ha recurrido a comparaciones entre el entorno de Pedro Sánchez y el reinado de Fernando VII. No fue una alusión aislada; volvió a utilizarla en resoluciones posteriores. A mi juicio, eso revela una orientación y un sesgo que no deberían aparecer en una resolución judicial. La cuestión es la manera en que se expresa desde su posición institucional.

P: Has cuestionado también una filtración relacionada con el procedimiento de Begoña Gómez y la asistente Cristina Álvarez. ¿Qué sucedió?

R: El abogado José María de Pablo denunció que una providencia del juez apareció publicada en OkDiario antes de ser notificada a las partes mediante LexNET. Según la secuencia que he reconstruido, hubo una diferencia de unas quince horas entre la publicación y la notificación oficial.

La defensa reclamó que se aplicara la misma doctrina utilizada en otros procedimientos sobre filtraciones. Esa comparación me parece importante.

Además, observé que la información publicada fue modificada: donde inicialmente se decía que el juez había dictado una resolución, después aparecía que la dictaría. A mi juicio, esa secuencia apunta a una operación coordinada.

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