"No ser un puñetero facha es woke". Gabriel Rufián dejaba alguna pista en su intervención durante la sesión de control al Gobierno y así ha quedado confirmado este mismo viernes. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha constatado que el reclamo de su portavoz desde su escaño el miércoles no era baladí y llegaría acompañado de alguna iniciativa parlamentaria. Dicho y hecho. Los republicanos han registrado una Proposición No de Ley sobre "el marco regulatorio contra la opacidad algorítmica y el estudio para la posible creacion de una red social de interés y de iniciativa pública de ámbito Europeo". En otras palabras, un llamamiento para que el Gobierno maniobre desde España para la creación de una plataforma digital pública, con criterio democráticos y que aseste un duro golpe al modelo opaco y anónimo que fomenta Elon Musk con su X -antes Twitter-.
El escrito presentado ante la Mesa del Congreso de los Diputados, expone la posición de dominio de las "grandes plataformas tecnológicas" sobre el espacio público online. Una hegemonía que no encuentra "precedente" alguno en la historia contemporánea, detallan. Aluden a corporaciones como Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp), Alphabet (Google y YouTube) o la mencionada anteriormente del hombre fuerte de Donald Trump. Empresas que los republicanos atribuyen un funcionamiento basado en la recopilación masiva de datos personales y, en consecuencia, una "venta de publicidad hiperdirigida", moldeando a la sociedad digital hacia un ecosistema de polarización perenne y dependiente de sus infraestructuras. Un modelo que algunos expertos catalogan como tecnofeudalismo que convierte a los usuarios en "siervos digitales" de un sistema controlado por "un reducido número de actores privados".
Ese término -el de tecnofeudalismo- se basa en la extracción y posterior venta de datos personales, así como en la monetización de la atención de los usuarios a modo de "recurso ilimitado". Para los republicanos no sólo supone un agravio para los propios consumidores, sino que degenera en un sistema que vulnera "la democracia, la libertad de expresión y la privacidad". Este caldo de cultivo ha germinado en un escenario donde proliferan tanto "la desinformación" como los "discursos del odio", amén de sembrar contenidos "más emocionales y polarizadores"; los cuales, acotan, cuentan con una "ventaja estructural" dentro de los algoritmos de recomendación. En definitiva, un trampolín para la "propagación de ideas extremistas, la erosión del diálogo democrático y el aumento de la desconfianza hacia las instituciones".
El modelo de ERC
Esquerra cree imperativo apostar por "alternativas públicas y democráticas" que garanticen una total cobertura a los derechos fundamentales en los espacios digitales; partiendo de un debate sobre la viabilidad y conveniencia de la creación de una Red Social de iniciativa pública europea que cuente con la financiación de los estados miembros y esté sujeta al control parlamentario. Una plataforma cuyo funcionamiento se arrogue a una infraestructura de interés público, con participación publicoprivada y colaboración multinivel entre administraciones y agentes sociales", respetando, eso sí, "estrictos" criterios de protección de datos, transparencia y neutralidad.
Por ello, instan al Gobierno a estimular la creación de tal red social "de interés e iniciativa pública de ámbito europeo" en un primer término y que nazca del debate en el marco de la negociación presupuestaria de la Unión Europea y ante la Comisión Europea. Además, reclaman la adopción de las modificaciones pertinentes de las normativas estatales e impulsar el desarrollo y, en tal caso, la reforma de la Ley de Servicios Digitales, la Ley de Mercados Digitales y cualquier otra normativa internacional para "garantizar la imposición de sanciones más severas a las granes plataformas digitales" que se salgan del paraguas legal. Sobre todo, exponen, en lo que atañe a la moderación de contenidos, la desinformación o el uso de "algoritmos opacos".
Por otro lado, urgen al Ejecutivo para que presione a la Comisión Europea con el fin de desarrollar "medidas para garantizar la integridad electoral ante la manipulación informativa" en el espacio digital, lo que conduciría a importantes cambios en los sistemas de recomendación de las plataformas digitales, así como mecanismos para "verificar la información". Además, el Gobierno debería instar a la Comisión a la adopción de un "enfoque holístico" del Escudo de la Democracia Europea, que contemple una "implementación sólida de la legislación vigente, como la Ley de Servicios Digitales, la Ley de IA o la Ley Europea de Libertad de Medios". Así, se intensificaría la acción y la coordinación en el "ámbito de la alfabetización mediática".
Los republicanos proponen que todas estas iniciativas lleguen con un coto a la publicidad personalizada que se basa en la vigilancia masiva y la recopilación de datos persojnales. Un método que blindaría la capacidad de las grandes plataformas para la "explotación de información privada de los usuarios con fines comerciales". De la mano de ello, se solicita la restricción del diseño adictivo de estos espacios a través de la prohibición de prácticas como el "scroll infinito" y otros métodos orientados a "maximizar el tiempo de permanencia en línea sin considerar el impacto en la salud mental".
Asimismo, ERC insta al Gobierno a fomentar la creación de sistemas de recomendación y redes sociales alternativas, compuestas de "protocolos libres e independientes" que permitan una experiencia "más plural, democrática y transparente". De su lado, apuestan por garantizar y financiar la presencia de "verificadores y equipos independientes de moderación de contenidos" que, a su vez, estén formados y tengan el arraigo suficiente en cada Estado miembro y en los diferentes idiomas de la Unión, alejados de los criterios opacos de las plataformas líderes del sector y con una supervisión pública que eluda "sesgos discriminatorios" y estimule una "aplicación justa de las normas comunitarias". Reglamento que, según consta en la PNL, debería somerterse a modificaciones para garantizar que las administraciones públicas "tengan conocimiento de todos los parámetros, normas e instrucciones en las que se basan los algoritmos o los sistemas de inteligencia artifical", con el objetivo de escudriñar su "legalidad" y su impacto en la sociedad.