El Partido Popular (PP) y Vox han decidido volver a anteponer los intereses de los más ricos y los especuladores a los de la clase trabajadora. La postura del tándem ultraderechista no es sorprendente, pues sus propios líderes se vanaglorian de ser adoradores del mercado; si bien esta postura genuflexa ante las élites adineradas no es la que triunfa entre sus votantes. Incluso aquellas personas que aseguran apoyar sus siglas están, en su mayoría, a favor de que el Estado intervenga para definir reglas que eviten el encarecimiento de la vivienda y pongan coto a la especulación.
Así lo constata una encuesta realizada por 40dB para El País y la Cadena Ser, entre el 25 de septiembre, dos días después del desahucio de Maricarmen, y el 28 de septiembre, un día antes de que el Consejo de Ministros aprobase los dos decretos de vivienda, sobre los que ya se conocían los principales detalles. Entre los encuestados, siete de cada diez consideran que es necesario limitar el precio de la vivienda, porcentaje que se reduce entre votantes de PP y Vox, pero que aún así es mayoría.
El 56,5% de los votantes de Alberto Núñez Feijóo sería favorable a este tipo de políticas, una suma muy similar entre aquellos que apoyan a Santiago Abascal, que suman el 55,2%. Es más, según la encuestadora, hasta el 56,5% de los caseros verían bien intervenir los precios de la vivienda. Más allá de partidos concretos, existe un reducido grupo de encuestados que consideran que la mejor alternativa es que el mercado se regule solo, concretamente el 21,7%, pese a que esto limite el acceso de la población. Un 11% asegura no saber cuál es la mejor opción.
El diseño del barómetro de 40dB se produjo antes de conocer las medidas concretas de los decretos, pero algunas de ellas aparecen. Por ejemplo, entre un 70% y un 75% está “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con paralizar los desahucios que afectan a personas vulnerables, con regular el precio de los alquileres y con establecer topes a los incrementos anuales. Un respaldo a esta serie de medidas que triunfa, sobre todo, entre la izquierda, pero que también se extiende a la mayoría de votantes de derechas.
Sobre el conjunto de medidas trasladadas en la encuesta, las que más apoyo han recibido (por encima del 70%) son las siguientes: Ampliar la oferta de vivienda social (82%); ventajas fiscales a pequeños propietarios que alquilen sus pisos a precios asequibles (80%); que el sector público impulse la construcción de vivienda privada (78%); aplazar los desahucios de personas vulnerables, para encontrar una alternativa habitacional (74%); seguros de impago y asistencia jurídica a propietarios que alquilen sus viviendas vacías (73%); poner un tope a la subida anual de precio de los alquileres (73%) y regular el precio de los alquileres (72%).
El orden denota el calado del discurso sobre la propiedad en España y la asunción de muchas tesis favorables a los propietarios. Más allá, otras medidas son apoyadas por más de la mitad de los encuestados: No permitir los pisos turísticos en edificios residenciales (68%); Prohibir los desahucios a personas vulnerables (65%); dar bonos mensuales a las personas en dificultades económicas para ayudarles a pagar el alquiler (64%) y subir impuestos a los propietarios de viviendas vacías (51%).
La única que no consigue superar el 50%, aunque en la práctica estadística supondría una división total, es la referida a poner un límite al número de viviendas que una persona puede tener. Esta medida, la que supondría un mayor cambio entre las mencionadas y que constituye un abordaje más valiente, es apoyada por el 48% de los encuestados. Este porcentaje, atendiendo a encuestas anteriores, ha ido creciendo con el paso del tiempo y es quizá donde se encuentre la clave o una posible fractura social futura.
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