Las democracias maduras se miden, entre otras cosas, por su capacidad para mirar de frente a su pasado. El intento de golpe de Estado del 23-F es uno de los episodios más delicados de la historia reciente de España, pero buena parte de la documentación oficial sigue clasificada. La eventual desclasificación de esos archivos plantea un debate de fondo: ¿debe prevalecer el derecho a saber sobre cualquier razón de Estado?
Han pasado más de cuatro décadas desde que el asalto al Congreso de los Diputados puso en suspenso la joven arquitectura constitucional surgida tras la Transición. Aquella tarde de febrero de 1981 no solo se disparó contra el techo del hemiciclo; también se disparó contra la estabilidad institucional y contra la confianza de una sociedad que todavía estaba consolidando sus libertades. Desde entonces, el 23-F ha sido objeto de investigaciones judiciales, análisis académicos, documentales y reconstrucciones periodísticas. Sin embargo, no toda la información generada en torno a aquel episodio ha sido accesible.
Los documentos clasificados —informes de inteligencia, comunicaciones internas, evaluaciones militares y diplomáticas— permanecen, en parte, bajo secreto oficial. Quienes defienden su desclasificación sostienen que el paso del tiempo elimina cualquier riesgo real para la seguridad nacional y que mantenerlos ocultos solo alimenta sospechas y teorías no contrastadas. Argumentan que conocer con precisión qué sabían las instituciones, cómo actuaron y qué decisiones se tomaron contribuiría a fortalecer la cultura democrática y a consolidar una memoria histórica basada en datos verificables.
Por el contrario, quienes se muestran cautelosos apelan a la prudencia institucional. Señalan que ciertos documentos pueden contener información sensible sobre estructuras del Estado, colaboraciones internacionales o procedimientos que, incluso décadas después, convendría no exponer íntegramente. También advierten del riesgo de reinterpretar hechos del pasado con categorías políticas actuales, lo que podría reabrir debates que algunos consideran superados.
En el trasfondo de esta discusión late una cuestión más amplia: el equilibrio entre transparencia y seguridad. La legislación española sobre secretos oficiales ha sido objeto de debate en los últimos años, con propuestas para actualizar los plazos y criterios de clasificación de documentos. En muchos países de nuestro entorno, los archivos relacionados con episodios históricos de similar relevancia se han ido abriendo progresivamente, permitiendo a investigadores y a la ciudadanía acceder a información antes reservada.
La desclasificación del 23-F no implicaría necesariamente reescribir la historia, pero sí podría matizarla, completarla o contextualizarla. Podría aportar claridad sobre decisiones concretas, despejar incógnitas persistentes o confirmar versiones ya conocidas. También podría, simplemente, reforzar el relato institucional existente. En cualquier caso, la cuestión no es menor: se trata de decidir cómo una democracia gestiona su memoria y qué límites establece entre el secreto y el derecho a la información.
Con este contexto, abrimos el debate a nuestros lectores. La pregunta es directa, pero sus implicaciones son profundas: ¿Estás de acuerdo con desclasificar los archivos del 23-F?