El 11 de marzo de 2004, España sufrió uno de los atentados más devastadores de su historia. Cuatro bombas estallaron en trenes de Cercanías en Madrid, dejando 193 muertos y más de 2.000 heridos. Lo que debía haber sido una jornada electoral normal se convirtió en una de las mayores crisis políticas y sociales de la democracia española. La tragedia conmocionó al país y marcó un punto de inflexión en su historia reciente. Sin embargo, el dolor por las víctimas pronto se mezcló con una controversia política sin precedentes: la gestión de la información por parte del Gobierno del Partido Popular (PP), presidido en aquel momento por José María Aznar.
Desde el primer momento, el Ejecutivo de Aznar atribuyó públicamente la autoría de los atentados a la organización terrorista ETA. Apenas unas horas después de la masacre, portavoces del Gobierno, como el ministro del Interior, Ángel Acebes, insistieron en señalar a la banda terrorista vasca como la principal sospechosa. “No tenemos ninguna duda de que el responsable es ETA”, afirmó en una de sus primeras comparecencias. A pesar de que ya en la misma mañana del 11 de marzo se encontraron en uno de los coches utilizados por los terroristas cintas en árabe y detonadores, el Ejecutivo se aferró a la versión de ETA, asegurando que todas las líneas de investigación apuntaban en esa dirección.
La insistencia en esta versión se mantuvo incluso cuando comenzaron a aparecer pruebas que la contradecían. La tarde del 11 de marzo, la agencia EFE informaba de que se había encontrado en Alcalá de Henares una furgoneta con materiales relacionados con los atentados y en la que aparecían referencias al extremismo islamista. Al día siguiente, la reivindicación del ataque por parte de un grupo vinculado a Al Qaeda en un medio árabe aumentó aún más las sospechas de que el atentado no había sido obra de ETA, sino de una célula yihadista. Sin embargo, en la jornada del 12 de marzo, el Gobierno continuó transmitiendo la misma versión, sin mencionar las crecientes pruebas que apuntaban en otra dirección.
La estrategia del PP de mantener la autoría de ETA resultó ser un error político de enormes consecuencias. La noche del 13 de marzo, en vísperas de las elecciones generales, miles de ciudadanos se manifestaron frente a las sedes del PP en Madrid y otras ciudades, exigiendo la verdad sobre lo sucedido. En un hecho sin precedentes en la democracia española, los votantes acudieron a las urnas en un clima de desconfianza y enfado con el Gobierno, lo que resultó en una inesperada victoria del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. El PP pasó de una mayoría absoluta a perder el poder en apenas tres días.
A pesar del vuelco electoral y de la confirmación, pocos días después, de que los atentados fueron perpetrados por una célula yihadista, el PP no rectificó su postura inmediatamente. En los años siguientes, algunos dirigentes populares y medios afines continuaron promoviendo teorías de la conspiración que intentaban vincular el 11-M con ETA o sugerían que existía una “verdad oculta” sobre lo sucedido. La difusión de estas versiones alternativas contribuyó a la desinformación y a la confusión de la opinión pública. Durante la primera legislatura de Zapatero, el PP exigió reiteradamente nuevas investigaciones y llegó a insinuar que el Gobierno socialista ocultaba datos clave.
Sin embargo, el proceso judicial del 11-M, que concluyó en 2007 con la sentencia de la Audiencia Nacional, dejó clara la autoría islamista de los atentados. El tribunal condenó a varios implicados en la masacre y desechó cualquier vínculo con ETA. El fallo desmontó definitivamente las hipótesis alternativas promovidas por sectores del PP y medios de comunicación, que habían mantenido viva la teoría de la conspiración durante años.
A pesar de las evidencias y del paso del tiempo, el PP nunca ha pedido disculpas de manera clara y explícita por la gestión de la información tras los atentados. Si bien algunos dirigentes han reconocido que se cometieron errores, el partido ha evitado asumir una responsabilidad directa sobre la desinformación que promovió en aquellos días. Este silencio sigue generando debate en la sociedad española, especialmente cada vez que se acerca un nuevo aniversario del 11-M.
En este contexto, y al cumplirse 21 años de los atentados, surge una pregunta inevitable: ¿Debería el PP pedir disculpas por su manejo de la información tras el 11-M? Para conocer la opinión de la ciudadanía, hemos preparado una encuesta en la que te invitamos a participar.