La muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su vivienda en el madrileño barrio de Retiro, ha vuelto a situar en el centro del debate político la actuación de las administraciones ante los desahucios de personas vulnerables. La anciana falleció este miércoles, 7 de octubre, en el Hospital Gregorio Marañón, donde permanecía ingresada desde que el pasado 23 de septiembre tuvo que abandonar la casa en la que había vivido durante siete décadas.
Su desahucio, ejecutado tras un amplio despliegue policial y pese a la resistencia de cientos de vecinos y activistas, provocó una oleada de indignación social. Maricarmen, que tenía una discapacidad reconocida y problemas de movilidad, salió de su vivienda en camilla, en unas imágenes que se convirtieron en símbolo de las dificultades que atraviesan numerosos ciudadanos para conservar sus hogares. El caso también puso bajo el foco a Urbagestión, la empresa propietaria del inmueble, y abrió interrogantes sobre la capacidad de respuesta de las instituciones.
La movilización ciudadana terminó dando sus frutos. El 29 de septiembre, la defensa de Maricarmen alcanzó un acuerdo con Urbagestión, con la mediación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, que contemplaba un nuevo contrato de alquiler de ocho años y una renta que no superaría el 30% de sus ingresos netos. La mujer podría regresar a su hogar una vez recibiera el alta hospitalaria, pero falleció sin poder hacerlo.
El caso ha coincidido, además, con una intensa disputa parlamentaria sobre las medidas para frenar los desahucios. El Congreso rechazó recientemente los decretos de vivienda impulsados por el Gobierno, con los votos en contra de PP, Vox y Junts. Entre las medidas planteadas figuraba la ampliación de la protección frente a los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad.
La muerte de Maricarmen deja una pregunta que trasciende su situación particular: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de las administraciones para impedir que una persona vulnerable pierda su vivienda? La intervención institucional que finalmente permitió alcanzar un acuerdo contrasta con la ausencia de una solución que evitara el desalojo inicial. Por ello, desde ElPlural.com queremos conocer la opinión de nuestros lectores: ¿crees que las administraciones hicieron lo suficiente para evitar el desahucio de Maricarmen?
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